1.500 familias han accedido ilegalmente desde 1979 a viviendas públicas

Cerca de 1.500 familias han accedido de forma ilegal a viviendas de promoción pública desde 1979, según un estudio del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en los 35.000 pisos construidos dentro del programa de realojamiento en 30 barrios. Las viviendas públicas son adjudicadas en régimen de compra o alquiler a familias de bajos ingresos económicos. La venta de estos pisos, que oscilan entre uno y tres millones de pesetas, está prohibida legalmente. Las asociaciones de vecinos destacan la falta de control en las adjudicaciones por parte del Ivima.

Un barrio de la periferia sur se ...

Cerca de 1.500 familias han accedido de forma ilegal a viviendas de promoción pública desde 1979, según un estudio del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en los 35.000 pisos construidos dentro del programa de realojamiento en 30 barrios. Las viviendas públicas son adjudicadas en régimen de compra o alquiler a familias de bajos ingresos económicos. La venta de estos pisos, que oscilan entre uno y tres millones de pesetas, está prohibida legalmente. Las asociaciones de vecinos destacan la falta de control en las adjudicaciones por parte del Ivima.

Un barrio de la periferia sur se lleva la palma de las ventas ilegales: Meseta de Orcasitas. De las 2.200 viviendas públicas construidas en los últimos ocho años, 160 han sido vendidas. Al mismo tiempo, el barrio chabolista del Rancho del Cordobés ha resurgido de sus cenizas con vecinos que, tras recibir un piso en Meseta de Orcasitas, decidieron volver a su antiguo y precario hogar con unos millones en el bolsillo.Los chabolistas realojados en Meseta abonaron una entrada media de unas 40.000 pesetas por pisos de 90 metros cuadrados. El pago está aplazado a 35 años sin intereses, en mensualidades que oscilan entre las 1.200 y las 2.000 pesetas. Algunas familias realojadas en 1979 comenzaron a vender sus pisos ilegalmente. En 1982 se cotizaban a millón y medio de pesetas; en 1985 superaban ya los dos millones y medio.

Las 1.500 cesiones ilegales en las 35.000 viviendas públicas construidas desde 1979 no son más que la punta del iceberg. El Ivima no dispone de datos globales sobre los 70.000 pisos de su patrimonio existentes antes de esa fecha. La demolición de viejos bloques levantados en su día por el Ministerio de la Vivienda para construir otros nuevos ha servido para descubrir que la venta ilegal es el pan de cada día.

Los nuevos ocupantes suelen ser familias de escasos recursos -muchas veces familiares de los adjudicatarios- que huyen de la única alternativa: la cola de más de 15.000 solicitantes de una vivienda pública en Madrid. Cualquier familia con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (cifrado en 42.000 pesetas) puede pedir un piso de promoción pública.

Sin normativa legal

Mientras el Ivima reconoce las dificultades para localizar al vendedor ilegal e imponerle una sanción (que puede llegar al millón de pesetas), los compradores están en la cuerda floja. Una carta remitida recientemente por el Instituto de la Vivienda a la Asociación de Vecinos de Orcasitas señala que no existe una norma legal que regule su situación.Según Rosa Roldán, coordinadora de equipos de barrio del Ivima, "se ha optado por regularizar los casos de familias que compraron las viviendas antes de enero de 1984, siempre y cuando cumplan con los requisitos económicos y no posean otra vivienda". Expulsar a una familia que ha comprado ilegalmente una vivienda pública no es tan fácil. El Ivima tiene abiertos 26 expedientes de expropiación que espera resolver antes de un año. Varias decenas de expedientes hacen cola.

Félix López-Rey, concejal de Izquierda Unida, critica la falta de control por parte del Ivima. "Esto no hay quien lo frene", afirma. "La única forma de controlarlo es a través de las asociaciones de vecinos, pero hasta las denuncias presentadas en el Ivima por asaltos ilegales tardan meses y meses en resolverse".

Los profesionales del asalto están a la que salta. Es otra forma bastante habitual de acceder ilegalmente a una vivienda pública. Según López-Rey, "la falta de coordinación entre la destrucción de las chabolas y la adjudicación de los nuevos pisos ha facilitado la labor de los asaltantes". "Hace tres años", añade, "'hubo en Meseta de Orcasitas una verdadera invasión de más de 100 asaltantes que se metieron en las casas antes de ser adjudicadas".

Nadie posee la solución mágica para frenar estas situaciones. El cambio progresivo del sistema de compra de vivienda pública por el de alquiler, renovable cada cierto tiempo, puede introducir un elemento de control que es bien visto por las asociaciones vecinales.

Entre tanto, los compradores de viviendas de promoción pública estudian las medidas a adoptar ante la ofensiva del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que ha comenzado a remitirles escritos anunciándoles el próximo desahucio de las viviendas.

La semana pasada, por ejemplo, se reunieron unas 200 personas afectadas por este problema en la parroquia de San Carlos Borromeo, en Entrevías y acordaron manifestarse en demanda de una solución.