El Gobierno intenta tranquilizar a la banca extranjera

Altos cargos gubernamentales se reunieron ayer, por separado, con representantes de la banca extranjera instalada en España en un claro intento de contrarestar la veladas amenazas de estas instituciones de suspender el flujo de financiación al sector eléctrico mientras no se clarifique el panorama financiero de FECSA, en particular, y del conjunto del sector, en general.

Guillermo de la Dehesa, secretrario de Estado de Economía; Fernando Maravall, secretario general de Energía, y un representante del Banco de España recibieron en sus respectivos despachos a representantes de las ent...

Altos cargos gubernamentales se reunieron ayer, por separado, con representantes de la banca extranjera instalada en España en un claro intento de contrarestar la veladas amenazas de estas instituciones de suspender el flujo de financiación al sector eléctrico mientras no se clarifique el panorama financiero de FECSA, en particular, y del conjunto del sector, en general.

Guillermo de la Dehesa, secretrario de Estado de Economía; Fernando Maravall, secretario general de Energía, y un representante del Banco de España recibieron en sus respectivos despachos a representantes de las entidades de crédito extranjeras que más riesgo acumulan en sus portafolios de n la sociedad FECSA. La reunión, en el caso de Maravall, incluyó a representantes de fondos de pensiones norteamericanos, quizá el colectivo que más ha apostado por la estabilidad del sector eléctrico en los últimos años.

La actuación gubernamental iba dirigido a dos frentes básicos: por un lado, convencer a la banca extranjera de que el problema de FECSA está encauzado y, antes de dos meses, estará en vías estables de solución. Y, por otro, evitar que se materialice otra de las amenazas más sibilinas dejada en la mesa por los inversores extranjeros: la retirada cautelar de fondos foráneos de las bolsas.

La contínua caída de las bolsa en los últimos días ha convencido al Gobierno de que la banca extranjera, pese a los intereses divergentes de estas instituciones, puede llevar su presión sobre el Gobierno y sobre el sector eléctrico a un punto de difícil retorno. En este sentido, ayer (y en la noche del martes), los altos cargos gubernamentales involucrados en el problema derrocharon grandes esfuerzos para tranquilizar a las entidades que más se han sorprendido por el caso, como son Bank of America, Citibank, Manufacturers Hanover y Chase Manhattan Bank.

Fuentes oficiales trataban ayer de restar importancia a las veladas amenazas de la banca extranjera. Un alto cargo gubernamental comentó ayer que, pese a la suspensión de alguna operación que se encontraba en el mercado (con destino a Hidruña, y no Iberduero como se había escrito erróneamente), algunas instituciones extranjeras estaban ofertando créditos a coste incluso inferior al que ofrecían semanas atrás. "Hay una batalla para aprovechar la situación y ganar cuota de mercado", dijo una fuente.

Trío foráneo

Mientras, los bancos extranjeros con riesgo en FECSA han formado un "triunvirato de análisis" para evaluar la situación y presentar un frente común a la Administración y al sector eléctrico. El triunvirato, compuesto por los representantes del Bank of América, Manufacturers Hanover y Citibank, trataba ayer de alejar la impresión de que las personas que lo componen son ya, en germen, el "comité de acreedores" cuya formación persigue la Administración. Por otro lado, el Ministerio de Industria y Energía, a través de Maravall y el director general de la Energía, Victor Pérez Pita, continuó ayer trabajando con el representante de Unidad Eléctrica (Unesa), Pedro Rivero, y el de Arthur Andersen, Luis Ubago, en la cuantificación del "problema FECSA". En este sentido, según fuentes solventes, se trató de delimitar por un lado el alcance de los "costes diferidos" hasta 1992 de la sociedad y, por otro, el volumen de financiación que puede necesitar la sociedad para no acumular más costes diferidos en los próximos años. Ambas cifras se situaban entre 115.000 millones de pesetas para el primer caso y unos 225.000 millones en el segundo.

En Industria, mientras tanto, se insistía en que, una vez resuelto el problema del nuevo consejero-delegado, se entrará de lleno en el estudio del plan de viabilidad que sigue pasando, según una alta. fuente gubernamental, por la formación del "comité de acreedores".