El Sindicato Unificado de Policía pide que se derogue la ley antiterrorista

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha solicitado la derogación de la ley antiterrorista, según una de las ponencias que se presentarán al segundo congreso del sindicato, que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de diciembre. Este sindicato considera que ha habido una utilización abusiva de la ley antiterrorista."Los resultados durante la aplicación de los estados de excepción y las leyes antiterroristas, anteriores han sido muy escasos, cuando no contraproducentes, debido a la utilización abusiva en algunos casos de la ley, señala la ponencia ...

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha solicitado la derogación de la ley antiterrorista, según una de las ponencias que se presentarán al segundo congreso del sindicato, que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de diciembre. Este sindicato considera que ha habido una utilización abusiva de la ley antiterrorista."Los resultados durante la aplicación de los estados de excepción y las leyes antiterroristas, anteriores han sido muy escasos, cuando no contraproducentes, debido a la utilización abusiva en algunos casos de la ley, señala la ponencia Problemática general y terrorismo en el País Vasco y Navarra, elaborada por los afiliados del sindicato en Euskadi.

"La aplicación de esta ley está siendo ampliamente contestada, no sólo por amplios sectores de los ciudadanos e instituciones, sino por parte de la judicatura, colegios de abogados, sindicatos, partidos políticos, asociaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y culturales, medios de comunicación social y por los mismos funcionarios de los Cuerpos (le Seguridad del Estado", añade la ponencia, que será discutida en el segundo congreso.

El SUP solicita la "culminación del proceso de transferencias a la comunidad autónoma vasca por parte del Estado" y la "aceptación por los partidos políticos del estatuto de Guernica, así como el fin de la estrategia de la tensión entre las instituciones autonómicas y el Gobierno central".