Problemas de registro

Le hablo de algo que está ocurriendo en numerosos registros de la propiedad, en donde los registradores, erigiéndose en jueces y parte, determinan a quiénes se les puede facilitar una manifestación de los libros registrales cuando cualquier persona pide verificar si existen o no bienes inscritos a nombre de personas físicas o jurídicas para establecer tratos comerciales o crediticios.Hoy no se pueden comprar o vender mercaderías sin tener la seguridad de que, llegado el caso, las puedes cobrar mediante procedimientos judiciales, y por ello muchos comerciantes necesitamos verificar la garantía ...

Le hablo de algo que está ocurriendo en numerosos registros de la propiedad, en donde los registradores, erigiéndose en jueces y parte, determinan a quiénes se les puede facilitar una manifestación de los libros registrales cuando cualquier persona pide verificar si existen o no bienes inscritos a nombre de personas físicas o jurídicas para establecer tratos comerciales o crediticios.Hoy no se pueden comprar o vender mercaderías sin tener la seguridad de que, llegado el caso, las puedes cobrar mediante procedimientos judiciales, y por ello muchos comerciantes necesitamos verificar la garantía financiera que nos ofrecen nuestros compradores.

Muchos registros determinan por sí mismos quiénes son los ciudadanos a los que se les puede facilitar tal dato, cuando los registros son libros públicos, según las disposiciones que regulan la ley Hipotecaria.

Muchos de estos señores registradores establecen que sólo a gestores, bancos y abogados se les pueden facilitar tales datos y, naturalmente, ello contraviene lo que determina nuestra ley de leyes, la Constitución que los españoles hemos aprobado, que establece la igualdad entre todos los ciudadanos. Tal situación, que se está produciendo desde hace algún tiempo, frena la actividad comercial y, además, establece diferencias sustanciales entre los españoles y deja a los registradores como dueños de la situación, con lo que, además, repercute negativamente en aspectos como el precio.

Uno se pregunta: ¿es que los registradores pueden establecer diferencia entre los ciudadanos, así porque sí, o es que tales señores tienen que respetar lo que determina la Constitución?-