Un presunto estafador pedia dinero para recomendar la adjudicación de pisos
La policía informó ayer de la detención del presunto autor y de la supuesta cómplice de varias estafas cometidas mediante la oferta a diversas personas de su pretendida influencia en la adjudicación de viviendas de protección oficial en Madrid. L. M. E., de 60 años, y la mujer, D. R. B., de 66, al parecer solicitaban dos millones de pesetas para gastos y para gratificar a los funcionarios encargados de los trámites.Días pasados, un vecino del barrio madrileño de San Blas recibió una orden de desahucio del inmueble en el que residía, pero una vecina suya le puso en contacto con un hombre que, s...
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La policía informó ayer de la detención del presunto autor y de la supuesta cómplice de varias estafas cometidas mediante la oferta a diversas personas de su pretendida influencia en la adjudicación de viviendas de protección oficial en Madrid. L. M. E., de 60 años, y la mujer, D. R. B., de 66, al parecer solicitaban dos millones de pesetas para gastos y para gratificar a los funcionarios encargados de los trámites.Días pasados, un vecino del barrio madrileño de San Blas recibió una orden de desahucio del inmueble en el que residía, pero una vecina suya le puso en contacto con un hombre que, según le dijo, le podía conseguir una vivienda a cambio de 300.000 pesetas.
Como no tenía esta cantidad, pidió un crédito en un banco cuyo director le advirtió que podía ser una estafa. El vecino acudió a la policía, la cual asistió a una cita concertada el pasado lunes en una cafetería con el presunto benefactor. Éste resultó ser L. M. E., que tenía pendiente una orden de busca y captura.
Según parece, L. M. decía tener influencias en el Instituto Nacional de la Vivienda y exigía dos millones de pesetas, independientemente del valor del inmueble, para conseguir la adjudicación de una casa en San Blas. D. R. actuaba de intermediaria.
Dos personas han manifestado haber entregado al detenido 500.000 pesetas a cuenta para que usara sus influencias. Existe, otra denuncia por la cuantía de 900.000 pesetas.
Se ha encontrado documentación relativa a unas 34 operaciones de este tipo, incluida la legalización de la titularidad de casa; adquiridas sin los requisitos legales necesarios.
El detenido niega haber sobornado a ningún funcionario y afirma que él no solicitaba dinero, sino que lo recibía como gratificación por sus gestiones.