Javier Moscoso: "Al fiscal sólo le vincula la ley"

Javier Moscoso del Prado y Muñoz, nuevo fiscal general del Estado -cargo del que tomará posesión la próxima semana-, en la primera entrevista que concede después de su nombramiento, defiendo la vinculación del ministerio fiscal con el Ejecutivo, dada la identidad del interés público y social que ambas instituciones persiguen, pero asegura que "al fiscal sólo le vincula la legalidad". Respecto a la incomparecencia de guardias civiles ante una juez de Bilbao, afirma que en una democracia no debe preocupar que, "de cuando en cuando, surjan conflictos entre los distintos poderes". Sobre el caso Ba...

Javier Moscoso del Prado y Muñoz, nuevo fiscal general del Estado -cargo del que tomará posesión la próxima semana-, en la primera entrevista que concede después de su nombramiento, defiendo la vinculación del ministerio fiscal con el Ejecutivo, dada la identidad del interés público y social que ambas instituciones persiguen, pero asegura que "al fiscal sólo le vincula la legalidad". Respecto a la incomparecencia de guardias civiles ante una juez de Bilbao, afirma que en una democracia no debe preocupar que, "de cuando en cuando, surjan conflictos entre los distintos poderes". Sobre el caso Banca Catalana, incluida la petición de procesamiento de Jordi Pujol, el nuevo fiscal general estima que "difícilmente se puede discrepar de las orientaciones dadas por Burón".

Logroñés, a punto de cumplir los 52 años, casado y padre de tres hijos, Moscoso del Prado ejerció su profesión de fiscal en Navarra durante 20 años, entre 1958 y 1978. Perteneció al sector socialdemócrata de UCD, dirigido por Francisco Fernández Ordóñez, con quien colaboró en la elaboración del Estatuto del Ministerio Fiscal y la ley del Divorcio y, en septiembre de 1981, tras la disolución del pequeño Partido de Acción Democrática (PAD), se integró en el PSOE. Tras la victoria socialista, Moscoso del Prado fue designado ministro de la Presidencia, cargo en el que cesó tras las elecciones legislativas del 22 de junio último.

Pregunta. Tras la dimisión de Luis Antonio Burón, el nombramiento de usted como fiscal general del Estado, dada su condición de ex ministro, ha producido comentarios sobre su especial vinculación con el Ejecutivo....

Respuesta. No acepto que mi condición de ex ministro suponga más vinculación. Lo que significa es confianza, pero no vinculación. Es normal que al frente de la Fiscalía General del Estado exista alguien de confianza personal, no política, del Gobierno.

P. Pero en la práctica, la importante función del Ministerio Fiscal, ¿no se encuentra condicionada por una vinculación de hecho al Gobierno?

R. En una situación democrática, hay que partir de que el fiscal siempre está sujeto al principio de legalidad y tiene plena autonomía para valorarlo. Pero es preciso aceptar también que, siendo el Gobierno constitucionalmente instrumento responsable del interés público y social, y teniendo el fiscal la específica función de defensa de ese mismo interés, algún tipo de relación tiene que existir entre el Ejecutivo y el Ministerio Fiscal, porque, de funcionar descoordinadamente ambas instituciones, sería difícilmente exigible esa responsabilidad política.Relación con el Gobierno

P. Entonces, ¿considera necesario reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal de 1981, para acentuar esa vinculación?

R. No. La relación entre el Ministerio Fiscal y el Ejecutivo está bien dibujada en el vigente estatuto orgánico, que es una ley de síntesis, porque establece una dependencia en el orden interno y una independencia en el orden externo. El estatuto establece que "el Gobierno podrá interesar" que promueva la defensa del interés público, pero también, prevé que el fiscal general del Estado se niegue a la actuación interesada. Y deberá oponerse en tanto en cuanto el interés del Gobierno no sea acorde con la legalidad. Asimismo, el propio estatuto determina que ningún fiscal podrá ser obligado por los gobiernos central o autonómico "a comparecer personalmente, por razón de su cargo,o función, ante las autoridades administrativas", ni tampoco podrá recibir "órdenes o indicaciones relativas al modo de cumplir sus funciones más que de sus superiores jerárquicos". Es decir, al fiscal sólo le vincula la legalidad.

P. ¿Y qué debe hacer un fiscal cuando se produce un conflicto entre el principio de legalidad, o el de imparcialidad -a los que la Constitución le sujeta "en todo caso"-, con las órdenes o indicaciones del superior jerárquico?

R. Esta es una cuestión muy debatida, pero la responsabilidad de los fiscales queda en cualquier caso salvada. Ahora bien, el fiscal puede cuestionar la orden del superior, quien resolverá finalmente, oída la junta de fiscales. Si el superior se ratifica en sus instrucciones, deberá hacerlo mediante escrito razonado en el que, en caso de que decida mantener al inferior, le relevará de las responsabilidades derivadas del cumplimiento de la orden. De lo contrario, encomendará a otro fiscal el asunto de que se trate. Soy consciente de que la legalidad puede tener distintas lecturas. La profesionalidad de un fiscal responsable exige que cuando da una orden, en su decisión sólo haya participado su íntima convicción.

P. Pero entonces, el fiscal encargado de una causa que entiende que se le aparta injustamente de ella, ¿qué puede hacer?R. La verdad es que el principia constitucional de dependencia jerárquica de los fiscales, de origen francés y que funciona en los sistemas latinos, hace que prevalezca la orden del superior jerárquico.

P. ¿Cómo puede velarse por la independencia de los tribunales -otra función constitucional del Ministerio Fiscal- desde la vinculación con el Ejecutivo, del que normalmente proceden los ataques a esa independencia?

R. Velar por la independencia de los tribunales corresponde a todos. El Ministerio Fiscal debe proceder frente a cualquier intromisión, provenga de quién provenga, contra la función jurisdiccional de los jueces y magistrados y asumir en el posible conflicto la posición de legalidad para la resolución del mismo.El caso de la juez Huerta

P. ¿Quién ha velado por la independencia de la juez María Elisabeth Huerta, cuya orden de comparecencia de guardias civiles ha sido incumplida con el respaldo del Gobierno?

R. Sobre ese asunto no puedo opinar, porque sólo lo conozco por la Prensa. Creo que la actuación del Ministerio Público se ha encaminado a lograr que se reconsidere la orden judicial. En todo caso, en una democracia no debe preocupar que, de vez en cuando, surjan conflictos entre los distintos poderes. Lo que importa es que se resuelvan conforme a la legalidad.

P. ¿Van a producirse novedades en la actuación del Ministerio Fiscal en el caso Banca Catalana, en especial en relación con la petición fiscal de procesamiento del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol?

R. No puedo contestarle, porque no he visto un solo papel de ese caso.

P. Pero ahí está el dato de que el anterior fiscal general respaldó todas y cada una de las iniciativas de los fiscales que lo llevan...

R. Tengo un gran respeto por Luis Antonio Burón, hasta el punto de que, sin conocer los datos concretos del caso Banca Catalana, me atrevería a aventurar que difícilmente se puede discrepar de las orientaciones dadas por el anterior fiscal general.