Senillosa actuará judicialmente por el uso de su nombre en el 'caso Banca Catalana'
El director general de Relaciones Culturales del Ministerio de Cultura, Antonio de Senillosa, anunció ayer que planteará una acción judicial contra los responsables de Banca Catalana que utilizaron fraudulentamente su nombre, atribuyéndole una letra impagada por un importe de más de tres millones de pesetas con la que, al parecer, intentaban disimular un agujero contable de la entidad, según manifestó ayer al juez Ignacio de Lecea, que instruye el sumario sobre el caso Banca Catalana.
El ex parlamentario Antonio de Senillosa compareció ayer a las 11 horas ante el juzgado que instruye el...
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El director general de Relaciones Culturales del Ministerio de Cultura, Antonio de Senillosa, anunció ayer que planteará una acción judicial contra los responsables de Banca Catalana que utilizaron fraudulentamente su nombre, atribuyéndole una letra impagada por un importe de más de tres millones de pesetas con la que, al parecer, intentaban disimular un agujero contable de la entidad, según manifestó ayer al juez Ignacio de Lecea, que instruye el sumario sobre el caso Banca Catalana.
El ex parlamentario Antonio de Senillosa compareció ayer a las 11 horas ante el juzgado que instruye el sumario sobre el supuesto fraude de Banca Catalana, para declarar en calidad de testigo por la supuesta utilización de su nombre en una operación comercial ficticia. Senillosa, que declaró durante cerca de media hora ante el juez Ignacio de Lecea, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el letrado Juan Carlos Piqué, aseguró que su nombre había sido utilizado sin su consentimiento y que no tuvo ningún conocimiento de ello hasta que fue informado recientemente por un periodista.El nombre de Antonio de Senillosa fue al parecer utilizado por los contables de Banca Catalana junto con los de otras 1.500 personas para atribuirles unas presuntas deudas y justificar así un agujero de 6.842 millones de pesetas. El dinero acumulado con estas operaciones, según el ministerio público, se ingresó en la cuenta 100.000.032 de la entidad principal, que estaba bajo el control del ex consejero Antoni Armengol, según se desprende del escrito de petición de procesamiento presentado recientemente ante el Pleno de la Audiencia Territorial por los fiscales.
Los fiscales que llevan el caso dicen que también fueron utilizados fraudulentamente, entre otros, los nombres del empresario barcelonés Ferran Ariño, el ex magistrado Ramón Felipó, los abogados Joan Córdoba Roda y Joan Piqué Vidal y el presidente de FECSA, Juan Alegre Marcet.
En estas últimas semanas el juez ha llamado a declarar a algunas de estas personas y se espera que en los próximos días comparezca ante el juzgado el ex ministro de UCD y catedrático de Derecho Político, Manuel Jiménez de Parga, cuyo nombre se utilizó también en estas operaciones. También está citado por este mismo hecho el actual presidente de Iberia, Narcís Andreu.
El ministerio fiscal considera que "esta ingente cantidad de personas resultaron implicadas indiscriminada y arbitrariamente en las operaciones ficticias", y que en todo momento se encuentran al margen del conflicto y no han tenido ninguna actuación en el supuesto fraude.
Perjudicado
Senillosa afirmó ante el juez que "jamás", había tenido una cuenta corriente en esta entidad bancaria ni había mantenido relaciones comerciales con Banca Catalana, y que se consideraba "altamente perjudicado en su honor" por el hecho. El declarante añadió que se reservaba los derechos de ejercitar una acción penal contra los responsables de Banca Catalana.El fiscal, presente en el interrogatorio, le ofreció la posibilidad de personarse en la causa de Banca Catalana en calidad de perjudicado, pero Senillosa aseguró que debía consultarlo antes con su abogado José María Stampa Braun, a quien ha encargado el caso y quien parece más partidiario de plantear una demanda civil por supuesta infracción de los derechos a la imagen.
Antonio de Senillosa aseguró a EL PAÍS, momentos antes de su declaración en el juzgado, que se sentía hurnillado por la utilización indebida que de su nombre habían hecho los administradores de Banca Catalana, y añadió que consideraba inexplicable que "a estas alturas" nadie le hubiera dado ninguna explicación ni se le hubieran pedido disculpas. Recalcó que posiblemente interpondría una demanda civil contra el responsable del hecho por supuesta infracción de los derechos constitucionales que protegen el honor y la intimidad.
Sin embargo, no descartó la posibilidad de personarse en la causa de Banca Catalana en calidad de perjudicado, amparándose en las facultades que le otorga el artículo 109 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Si Antonio de Senillosa opta por esta última acción judicial, será el único perjudicado que actuará como acusador, junto con el Ministerio Fiscal, contra los ex directivos de Banca Catalana.