La defensa del 'caso Catalana' acusa a los fiscales y a Burón de politizar el sumario

Los defensores de los querellados por el caso Banca Catalana responsabilizan a los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, y también al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, de haber politizado el sumario con sus apariciones ante los medios de comunicación. Esta acusación ha sido formulada en un escrito en el que los defensores solicitan el sobreseimiento de la causa para el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. En su argumentación, los abogados se refieren también a otras cuestiones, como las elecciones y la creación del Tribunal Superior de Justicia de Catalu...

Los defensores de los querellados por el caso Banca Catalana responsabilizan a los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, y también al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, de haber politizado el sumario con sus apariciones ante los medios de comunicación. Esta acusación ha sido formulada en un escrito en el que los defensores solicitan el sobreseimiento de la causa para el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. En su argumentación, los abogados se refieren también a otras cuestiones, como las elecciones y la creación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El documento fue adjuntado ayer al sumario, según una providencia del juez instructor. Los abogados de los querellados por en el caso Banca Catalana insisten en el carácter político del sumario y sostienen que si el pleno de la Audiencia acuerda el sobreseimiento en la causa de Jordi Pujol este signo desaparecerá.Los abogados critican en el preámbulo del escrito la actitud del ministerio público y sostienen que parte de: la politización del caso se ha derivado de las conferencias de prensa y apariciones en los medios de comunicación de los fiscales encargados del sumario, José Maria Mena y Carlos Jiménez Villarejo, y del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba.

En el documento se precisa que el órgano jurisdiccional. que debe entender de este caso debería ser ordinario y no el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona. Los defensores sostienen, además, que la puesta en marcha del Tribunnal Superior de Justicia de Cataluña -que debería entender el caso si ya hubiera sido creado- no se producirá mientras esté pendiente de resolución. el sumario de Banca Catalana. Continuando con esta línea de argumentación sostenida por la defensa, el escrito afirma que .se asegura la politización del caso en nuevos períodos electorales".

La gestión de Pujol

La gestión de Jordi Pujol como consejero de Banca Catalana no contiene, según el escrito de la defensa, indicios de criminalidad. Del mismo modo, sostiene que su gestión no condujo a "una situación económica desacertada que pudiera llevar a Banca Catalana a un estado de crisis". En este sentido, el texto concluye: "Todas las actuaciones de Jordi Pujol respondieron en todo momento a las estrictas normas de corrección jurídica, mercantil y personal".Los defensores insisten en la inocencia del presidente de la Generalitat; y, al hacer referencia a algunas de las supuestas irregularidades cometida por los responsables de Banca Catalana, según se afirma en el escrito de petición de procesamiento, subrayan que eran prácticas normales no constitutivas de ningún delito y que se realizaron después de que Jordi Pujol. abandonase el Consejo de Administración de la entidad, fecha que la defensa establece en 1975. En este capítulo hacen referencia a las operaciones realizadas con fondos de la caja B, el pago de extratipos en depósitos y el pago de complernentos de sueldos.

En el texto, en el que no se profundiza sobre el fondo de las acusaciones hechas por los fiscales, sí se alude en líneas generales a las actividades financieras de Banca Catalana. En lo referente a la caja B, justifican su existencia y su operativildad debido "a las discriminaciones del Gobierno de la época". Estas circunstancias dificultaron, según el escrito, la expansión de la entidad en otras provincias españolas. El documento recuerda que como condición previa. para conceder la apertura de una sucursal en Madrid se exigío la dimisión del entonces consejero de la entidad Josep Andreu Abelló, requisito que se cumplió. Por otra parte, en el escrito se menciona la crisis bancaria española, enmarcando en ella la supuestamente desencadenada en el caso de Banca Catalana por la compra de acciones de bancos y sociedades. Esta actividad no supone ningún delito, según la defensa, aunque se decida sin la autorizacion y control del Banco de España.