Los empresarios canarios recurren contra el impuesto de combustibles

Los pequeños y medianos empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han decidido recurrir por posible inconstitucionalidad la ley del Gobierno autónomo, aprobada por el Parlamento canario, con la que se crea un impuesto especial sobre combustibles. Este polémico gravamen, que es el primero que crea la comunidad autónoma, fue rechazado por las fuerzas de oposición y salió adelante gracias a los votos del 'pacto de progreso' por el que el PCE, el Partido de la Revolución Canaria (PRC) y Asamblea Majorera (AM) apoyan al PSOE en el Gobierno.El Grupo Popular anunció también un posible rec...

Los pequeños y medianos empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han decidido recurrir por posible inconstitucionalidad la ley del Gobierno autónomo, aprobada por el Parlamento canario, con la que se crea un impuesto especial sobre combustibles. Este polémico gravamen, que es el primero que crea la comunidad autónoma, fue rechazado por las fuerzas de oposición y salió adelante gracias a los votos del 'pacto de progreso' por el que el PCE, el Partido de la Revolución Canaria (PRC) y Asamblea Majorera (AM) apoyan al PSOE en el Gobierno.El Grupo Popular anunció también un posible recurso a la ley ante el Tribunal Constitucional. La Confederación Tinerfeña de Pequeños y Medianos Erapresarios (CETEPYME) coincide con el Grupo Popular, primera fuerza de oposición, en que el citado recargo vulnera el régimen econórnico fiscal (REF) específico de las islas y el estatuto de autonomía de Canarias, porque lesiona el régimen de franquicia.

Para el consejero de Hacienda del Gobierno autónomo, Óscar Bergasa, que se ampara en un dictamen del consejo consultivo canario, el impuesto no conculca dicho marco fiscal y tampoco repercutirá en el bolsillo de los consumidores. El impuesto no es minorista, sus tipos pueden ser variados por el Ejecutivo regional según las condiciones económicas internacionales. El Gobierno que preside Jerónimo Saavedra prevee recaudar anualmente, tras la aplicación, unos 10 millones de pesetas. Se considera el primer paso dentro de una nueva política de liberalización de los precios energéticos en el archipiélago.