La justicia y el 'caso FASA-Del Burgo'

Seis años han transcurrido desde que, en febrero de 19 80, EL PAÍS publicase en primera página una crónica del entonces corresponsal en Pamplona, Fermín Goñi, con el siguiente texto: "La Diputación de Navarra descubre una supuesta malversación de fondos de su presidente. Un dinero entregado a FASA no tuvo el destino acordado por la Diputación". Las secuencias se pueden resumir en que después de una investigación encargada por el pleno de la Diputación, al parecer, 65 millones adelantados a FASA (Fundiciones de Alsasua S A) por la Corporación destinados a satisfacer deudas de esta empresa estab...

Seis años han transcurrido desde que, en febrero de 19 80, EL PAÍS publicase en primera página una crónica del entonces corresponsal en Pamplona, Fermín Goñi, con el siguiente texto: "La Diputación de Navarra descubre una supuesta malversación de fondos de su presidente. Un dinero entregado a FASA no tuvo el destino acordado por la Diputación". Las secuencias se pueden resumir en que después de una investigación encargada por el pleno de la Diputación, al parecer, 65 millones adelantados a FASA (Fundiciones de Alsasua S A) por la Corporación destinados a satisfacer deudas de esta empresa estaban avalados por el presidente de la Diputación Foral de Navarra, el senador de UCD, Jaime Ignacio del Burgo. El Parlamento de Navarra acordó exigir la dimisión del presidente y diputado foral, quien se negó a acatar el acuerdo del Parlamento Foral y la Diputación le destituyó como presidente.Jaime del Burgo nos cuenta ahora lo que la justicia ha permitido esclarecer: "No existió malversación de fondos ni irregularidad por mi parte en el asunto FASA. El corresponsal de EL PAÍS transmitió una noticia falsa, si bien la responsabilidad es de quienes le informaron con la intención de provocar mi desaparición de la vida pública. Si, en vez de publicar la información facilitada, el Sr. Goñi la hubiera contrastado conmigo, tal vez los acontecimientos se hubieran desarrollado de manera distinta".

El señor Del Burgo nos facilita las sentencias de la Audiencia Territorial de Pamplona y del juez de primera instancia del Juzgado número 1 de Pamplona, y la resolución de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Parece quedar meridianamente claro que fue la "imprudencia de la Diputación al conceder 81 millones de pesetas a FASA sin adoptar las más elementales medidas de garantía la causante de un perjuicio para la hacienda foral". El acuerdo de la Diputación relativo a FASA se adoptó por tres diputados de UCD, uno del PSOE, uno de HB y otro de Amaiur, con la ausencia de del Burgo, quien no quiso estar presente en la reunión tras advertir que había sido accionista, consejero y secretario de FASA, si bien no asistía a las reuniones de la sociedad desde su elección como senador en 1977.

Jaime Ignacio del Burgo solicita del defensor de los lectores esta reparación y considera que fue víctima de una acción de "terrorismo político". Subraya que el antiguo corresponsal de EL PAIS en Navarra, Fermín Goñi, ha declarado últimamente en una emisora local que EL PAIS no sólo le había apoyado en todo momento, sino que incluso le había "impulsado" en el asunto FA SA.

El ombudsman ha intentado sin éxito desde hace más de una semana ponerse en contacto con Fermín Goñi en Pamplona, donde ahora, desvinculado de EL PAÍS como periodista, dirige la televisión autonómica navarra, para saber su opinión sobre este affaire. Hemos recogido la opinión del director adjunto del periódico, Augusto Delkáder, quien señala: "Por supuesto que EL PAÍS siempre apoya a sus corresponsales y redactores en los temas informativos. Creemos que el tema FASA-Del Burgo era interesante, como se ha demostrado a lo largo de estos seis años de conflictos jurídicos. Nosotros hemos informado objetivamente de todo el proceso".

Puntualizaciones a un extenso reportaje

El pasado domingo 13 de abril, Ángel Santa Cruz firmaba un extenso reportaje de 14 folios sobre los nuevos bárbaros, en el que reflejaba el odio racial y la violencia que existen en Europa contra los inmigrantes de color. Desde Essen, en la República Federal de Alemania, un español, Manuel Román, puntualiza que el nombre del gueto turco es Kreuzberg y no Kreitzburg, como se citaba en el texto. Mientras Román asegura que el libro citado por el autor del reportaje -Abajo de todo(Ganz unten)- trata de denunciar el comportamiento ¡legal de algunas empresas alemanas, Santa Cruz se ratifica en que no se contradice con su afirmación de que en el libro se cuenta la marginación laboral turca. En relación con una foto en la que aparecía una pegatina en un coche con las palabras "Judenwitz / Turkenwitz /Auschwitz", evidentemente estas frases tienen un doble sentido que está entre el chiste y la alusión racista, y por último el comunicante desde Alemania lamenta que en el reportaje no se hable de comunidades extranjeras que en España son discriminadas. Sobre este tema remitimos a nuestro lector al extenso reportaje que se publicó el 9 de febrero de 1986 sobre la situación de los inmigrantes tercermundistas en España.

Despidos ideológicos

La Asociación de Padres de Familia del colegio Obispo Perelló de Madrid considera que un reportaje publicado en el suplemento de Educación del pasado 8 de abril titulado Despidos ideológicos contiene inexactitudes en relación con el caso de Julián Torres, profesor de EGB, a quien se le rescindió el contrato y a pesar de una sentencia de la Magistratura de Trabajo para su inmediata readmisión el colegio optó por indemnizarle. La asociación manifiesta que la rescisión del contrato con este trabajador se hizo "atendiendo a las quejas de un considerable número de familias que habían manifestado la decisión de retirar a sus hijos del centro si les correspondía este profesor, bajas que realmente se habían producido entre alumnos suyos de cursos anteriores".

La redactora responsable de EL PAÍS de las páginas especiales de Educación, Joaquina Prades, responde sobre este tema y, según ella, antes de publicarse el artículo citado, firmado por José Lomas, se intentó recabar la opinión del director del centro para que contrarrestase la versión dada por el despedido y el director se negó, tal y como aparece reflejado en el artículo. En esta ocasión se cumplió con el libro de estilo del periódico, si bien es cierto que no se puede obligar a nadie a que conteste a las preguntas que se le hacen para aclarar los temas conflictivos que se publican.