El escaso valor de la vida en las cárceles

Buena parte de los 25.000 reclusos que habitan nuestras cárceles y la práctica totalidad de los funcionarios de prisiones aguardan con temor la llegada del verano. Tradicionalmente, en estos meses aumenta sensiblemente el número de internos y se dispara la violencia. La situación de las cárceles es insostenible, a juicio de los funcionarios, y contrasta fuertemente con la existencia de una legislación penitenciaria considerada como la más progresista de Europa. "No sólo incumplimos el objetivo de rehabilitar y reinsertar, sino que en muchos casos somos incluso incapaces de garantizar la seguri...

Buena parte de los 25.000 reclusos que habitan nuestras cárceles y la práctica totalidad de los funcionarios de prisiones aguardan con temor la llegada del verano. Tradicionalmente, en estos meses aumenta sensiblemente el número de internos y se dispara la violencia. La situación de las cárceles es insostenible, a juicio de los funcionarios, y contrasta fuertemente con la existencia de una legislación penitenciaria considerada como la más progresista de Europa. "No sólo incumplimos el objetivo de rehabilitar y reinsertar, sino que en muchos casos somos incluso incapaces de garantizar la seguridad física de los internos y hasta la nuestra", confiesa un funcionario de Carabanchel.

Centenar y medio de muertes en los últimos tres años, más de 70 evasiones, docenas de agresiones y secuestros de funcionarios, consumo generalizado de drogas, continuas palizas entre internos y violaciones sexuales que ni se denuncian ni se castigan, condiciones higiénicas y sanitarias que propician la extensión de enfermedades contagiosas, proliferación de mafias violentas que controlan todo tipo de actividades ilícitas (Juego, droga, alcohol, prostitución, etcétera) son un triste balance de la situación que se vive en las prisiones.Las causas de esta situación, según coinciden en señalar dirigentes de los sindicatos de funcionarios de prisiones de Comisiones Obreras, UGT y de la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP), son múltiples y complejas: cárceles viejas y superpobladas, insuficiencia de medios y plantilla, defectuosa clasificación de los reclusos por su peligrosidad, escasa preparación profesional de los funcionarios y malas retribuciones, comportamiento dispar e insatisfactorio de la nueva institución de los jueces de vigilancia penitenciaria, falta de autoridad y desprotección física y jurídica del personal encargado directamente de los reclusos, incumplimiento de la legislación vigente, etcétera.

Establecimientos vetustos

Las diferencias entre unos y otros sindicatos de funcionarios se establecen y llegan a ser profundas a la hora analizar las posibles soluciones a estos problemas.El sistema penitenciario español está integrado por 88 centros (80 dependientes de la Administración central y 8 vinculados a la Generalitat de Cataluña), de los que aproximadamente el 50% cuentan con más de 25 años de existencia e incluso algunos superan ampliamente esa fecha de construcción:

Ávila (1849), Guadalajara (1887), La Modelo de Barcelona (1903), El Dueso (1907), Burgos (1932) o Carabanchel, construida en los años cuarenta. Es evidente la vetustez de estos establecimientos, que arquitectónicamente fueron planificados para una población penitenciaria infinitamente menor, y que responden a una filosofía del tratamiento de los penados hoy obsoleta y cuyas instalaciones carecen de unos mínimos de seguridad y habitabilidad acordes con el mundo actual.

Comisiones Obreras y UGT hacen hincapié en que la Constitución y los derechos a la dignidad de la persona deben respetarse escrupulosamente en el interior de las prisiones; que la acuciante necesidad de un incremento de las medidas de seguridad en las cárceles no puede ir en detrimento de tales derechos, y que las condiciones de habitabilidad de muchos de estos establecimientos favorecen la conculcación de los mismos.

La situación carcelaria, calificada de caótica a nivel general por los dirigentes de la UFIP, varía sensiblemente de unos a otros establecimientos. Los más deficientes son los destinados a preventivos en las grandes ciudades: Carabanchel (aloja a 2.300 presos, cuando su capacidad está establecida en 1.100); la Modelo de Barcelona (aloja 2.100 reclusos, con una capacidad para 1.100); la prisión Provincial de Málaga (350 plazas y 700 reclusos), o la Modelo de Valencia. Esta superpoblación se traduce en condiciones de hacinamiento en las celdas, en dificultades de clasificación de los presos por su grado de peligrosidad y en imposibilidad de cualquier tarea eficaz de reeducación. En la ley penitenciaria se hablaba de tratamiento individualizado del penado con celdas individuales, cárceles con capacidad máxima de 350 reclusos y una relación de un funcionario por cada 10 presos. En Carabanchel, hoy, la proporción es de un funcionario por cada 100 o 110 reclusos, según fuentes de la UFIP. Estas condiciones de hacinamiento en las celdas, de superpoblación en los centros y de escasez de funcionarios y medios de control son el mejor caldo de cultivo para la violencia impune y la delincuencia en el interior de las cárceles. La ley del silencio es sagrada y las víctimas de los atropellos casi nunca denuncian los hechos (violaciones, palizas, robos, etcétera) a los funcionarios.

La ley de la jungla

Quien lo hace arriesga su vida, y si logra salvarla en la cárcel, cuando vuelva a la calle estará a expensas de un posible ajuste de cuentas ordenado por el kie de turno Oefecillo de mafia carcelaria) desde su celda.Algo parecido les pasa a los funcionarios: en Ceuta dos funcionarios han sido gravemente heridos en la calle, y en Las Palmas, el día de Nochebuena, otro funcionario estuvo a punto de morir por la agresión de un preso. El culpable de este último atentado recibió como sanción unos días de aislamiento. De hecho, según cuentan los funcionarios, algunos reclusos se ufanan de que por unos días de aislamiento trae cuenta darle un par de hostias a ese funcionario y quedarse a gusto. Y luego, cuando se denuncia al juez de vigilancia que a un funcionario un preso le ha llamado cabrón, éste contesta, según afirma la UFIP y Comisiones Obreras, que cabrón, según el diccionario, es el macho cabrío y que por tanto no puede considerarse insulto (esto ha sucedido en una ciudad castellana). "Así, qué autoridad vamos a tener. Estamos desprotegidos física y legalmente. Los presos se ríen de nosotros, nos insultan, nos amenazan, hacen lo que les da la gana, y algunos compañeros optan por hacer la vista gorda", indican fuentes de UFIP.

Juan José Muñoz, dirigente de la UFIP y funcionario de Carabanchel, culpa de forma reiterada al PSOE de esta situación (no así CC OO y UGT, que critican con muchos matices a la actual administración penitenciaria) y se queja de que desde hace un mes tiene estropeado un teléfono en su puesto de trabajo, donde permanece aislado en medio de varios centenares de presos, que es su único nexo de comunicación con el jefe de servicio para pedir ayuda ante una emergencia. Los botes de gases para autodefensa, las porras y las esposas, que son los únicos medios de protección y represión que pueden utilizar, permanecen almacenados en dependencias ajenas a las galerías y para emplearlos tienen que solicitar la autorización del jefe de servicio. "Total, que cuando puedes pedir permiso te han dado ya dos guantazos, te han rajado o han cometido ya los desmanes que tratabas de impedir. Por otra parte, en muchos casos estos medios no funcionan: las porras están rotas, las esposas se abren solas, como me ocurrió hace unos días, o los botes de gases están pasados de fecha y no sirven para nada", añade Juan José Muñoz. Este dirigente de la UFIP reclama que se les devuelva el permiso de armas para circular fuera de la prisión, "ya que hay varios compañeros amenazados de muerte que viven desde hace semanas con escolta policial". Modesto Nolla, de UGT, y Felipe Monforte y José Comerón, de Comisiones Obreras, discrepan radicalmente del funcionario de la UFIP en este punto. "No queremos armas. No deseamos que se nos convierta de funcionarios de prisiones en guardias de la porra en el interior de las cárceles. No es nuestra misión". Todos coinciden, sin embargo, en la deficiente coordinación entre los funcionarios y la protección exterior de las fuerzas de orden público en las cárceles.

Según CC OO, 6 de cada 10 reclusos consumen droga habitual mente, y según la UFIP, el 90% de los actos de violencia y de los delitos en las prisiones están relacionados con la droga. La droga entra habitualmente por los paquetes que reciben los presos, en las comunicaciones cara a cara (contactos íntimos autorizados periódicamente a los reclusos) y en los que son lanzados desde el exterior por encima de las tapias a los patios de las cárceles urbanas.

Los aparatos de rayos X, las cámaras de televisión u otros controles modernos de personas o paquetes, cuando existen -que en la mayoría de las prisiones brillan por su ausencia- no funcionan.

Los funcionarios encargados del cacheo no están preparados para distinguir qué es y qué no es droga; tampoco pueden destrozar ropas u alimentos para su inspección, y cuando se detiene en flagrante a una persona que lleva droga a la prisión o a un recluso, que la posee no se puede hacer nada porque siempre son pequeñas cantidades para consumo individual. No hay forma de probar el tráfico de estupefacientes, afirman los funcionarios.

Peligro de contagio

La droga es la causa de las grandes epidemias de hepatitis que se dan en las prisiones; pero hay también una pluralidad de graves enfermedades contagiosas (tuberculosis, hongos, enfermedades de la piel) que campan por sus respetos en nuestras prisiones. En Carabanchel, para 2.100 presos existen cinco médicos, con un horario de tres horas, y cinco ATS. La tarde del sábado y el domingo no hay ningún médico. Y a las condiciones de insalubridad y promiscuidad hay que añadir la deficiente limpieza por escasez de presupuestos. Los funcionarios están muy preocupados por los peligros de contagio.UGT, que está preparando un ambicioso trabajo estadístico sobre todos estos hechos (hasta ahora no hay ningún dato) cree que los educadores y los médicos deben depender de sus respectivos ministerios y no de la Dirección General de Prisiones. Comisiones Obreras sostiene que los presos deben estar incluidos a todos los efectos en la Seguridad Social y se queja de que a veces los funcionarios son obligados a facilitar fármacos a los presos o a decidir, sin conocimiento alguno, si un preso está enfermo de verdad o está haciendo teatro.

Los sindicatos coinciden también en señalar la necesidad de que se tipifique como delito específico la retención o secuestro de funcionarios, que se defina un estatuto de los jueces de vigilancia y se les exija una dedicación exclusiva.