Los peritos del 'caso Catalana' localizaron la contabilidad de la 'caja B' tras una larga busqueda

El informe pericial elaborado por los profesores Ignacio Casanovas Parella y Ricardo García Micola por encargo del juez Ignacio de Lecea sobre el caso Banca Catalana contiene importantes y trascendentes revelaciones sobre la contabilidad de la llamada caja B, hasta ahora desconocidas por todas las instituciones que han investigado el caso. Casanovas y García Micola, que han intentado esquivar cualquier pronunciamiento sobre "la individualización de conductas y participación de los querellados", han aportado numerosos datos nuevos sobre la gestión del banco que pueden tener gran trascendencia p...

El informe pericial elaborado por los profesores Ignacio Casanovas Parella y Ricardo García Micola por encargo del juez Ignacio de Lecea sobre el caso Banca Catalana contiene importantes y trascendentes revelaciones sobre la contabilidad de la llamada caja B, hasta ahora desconocidas por todas las instituciones que han investigado el caso. Casanovas y García Micola, que han intentado esquivar cualquier pronunciamiento sobre "la individualización de conductas y participación de los querellados", han aportado numerosos datos nuevos sobre la gestión del banco que pueden tener gran trascendencia para su futuro enjuiciamiento. Los peritos lograron hallar la contabilidad de la caja B tras mes y medio de investigación.

Según el informe pericial, presentado el pasado 30 de noviembre, "tras una labor de búsqueda e investigación de los peritos, fueron localizados en los archivos de Banca Catalana, SA, unos Estados Anuales de la referida caja B con los que era posible acometer el trabajo a realizar". Y añade que "esta labor de búsqueda e investigación demoró la iniciación del trabajo con una mínima visión de conjunto hasta el extremo de que, prestada promesa o juramento por los peritos el día 29 de abril de 1985, no pudo disponerse de los primeros estados contables de la referida caja B hasta el 17 de junio". Este descubrimiento puede ser de la mayor trascendencia para demostrar la existencia de la caja B, o Entidad Económica B, como prefieren denominarla los peritos, según un exhaustivo estudio teórico y doctrinal, incluido en el informe.Lo que sí resulta extraordinariamente curioso es que los peritos han logrado localizar una documentación contable de la que hasta ahora no pudieron disponer ni el Banco de España ni el Fondo de Garantía ni jueces ni fiscales. En este sentido, existen múltiples interrogantes sobre cómo se logró mantener oculta esta importante documentación hasta el momento.

Hojas mecanografiadas

Los peritos señalan que toda la documentación que soporta el movimiento de la llamada caja B "aparece establecida en hojas mecanografiadas sin refrendo alguno y sin que hayan podido examinarse, por no haber sido encontrados hasta el momento presente los libros de detalle o desglose de los que resultan las citadas hojas mecanografiadas". Sin embargo, y a pesar de esta cautela, los peritos "han llegado al convencimiento de que los mismos [documentos] poseen consistencia interna, por lo que pueden aceptarse como representativos de la repetida caja B".El informe divide la investigación de Banca Catalana en tres períodos: 1968-1974; 1975-1977 y 1978-1982. Paralelamente, analiza las actividades desde la perspectiva de tres entidades: La Entidad Económica A (integrada por Banca Catalana en sí, cuya representación contable son sus balánces públicos y confidenciales); la Entidad Económica B, equivalente a la llamada caja B (financiada con créditos y avales cedidos por la anterior y caracterizada por la toma de participaciones en empresas bancarias) y la Entidad Económica C formada por 27 personas jurídicas, conocidas también como las instrumentales (caracterizadas por la toma de participaciones en otras personas jurídicas e inversiones financieras; su coordinación con la Entidad Económica A se establecía con los recursos que ésta le proporcionaba para su financiación).

Beneficios hinchados

Según el informe, la pérdida neta soportada por la Entidad Ecónomica C durante el período 1975-1977, de haberse registrado según principios contables generalmente admitidos, hubiese sido de 1.908 millones de pesetas. En este sentido, los peritos concluyen que "la repetida pérdida, de haberse procedido a la consolidación de los balances de las Entidades Económicas A y B, hubiese disminuido el beneficio registrado en el Balance de la Entidad A o Banca Catalana". Durante este período, los beneficios de Banca Catalana ascendieron a 1.318 millones, de los que se repartieron como dividendo 616 millones.Entre otras anomalías contables, hasta ahora absolutamente ignoradas, se citan como fuentes de financiación de la Entidad Económica B o caja B las siguientes: "Facturas de gastos cuya contabilización se duplicaba, es decir, se contabilizaban oficialmente dos veces, lo que lógicamente originaba dos pagos: uno efectivamente destinado al proveedor y otro realmente ingresado de la Entidad Económica B". También se indica la llamada "recuperación de timbres". En este sentido, indican que "los reintegros correspondientes a las operaciones de crédito normales se percibían del cliente, pero no se inutilizaban los efectos timbrados, que volvían a ser aplicados en próximas y sucesivas operaciones".

Coincidencias con la querella

En cuanto a los recursos destinados a la Entidad Económica B o caja B, las cifras aportadas por los peritos coinciden exactamente con las consignadas en la querella presentada por los fiscales. Es decir, 961 millones, en 1975; 2.116 millones, en 1976, y 2.726 millones, en 1977, por citar sólo algún ejemplo.En el estudio de los activos ficticios, los peritos señalan la práctica de "artificios contables para el aumento de resultados" tales como "creación y descuento de letras sin respaldo real y creación y negociación de boletas contables".

La cuantificación total de pérdidas hasta 1982 asciende a 48.692 millones de pesetas. De éstos, 15.953 millones corresponden al saneamiento acordado en la Junta de Accionistas de 17 de noviembre de 1982, 4.990 millones a activos ficticios y 5.865 millones a pérdidas aparecidas tras el saneamiento anterior. De 16.780 millones no aparece detalle alguno y 5.104 millones corresponden a la Entidad Económica C.

Entre las observaciones finales, el informe señala que "la existencia de prácticas anómalas dentro del marco de la teoría contable no significa que las operaciones reflejadas deban ser necesariamente irregulares en el marco jurídico".