Ruiz-Mateos y sus abogados españoles descalifican la actuación del letrado norteamericano Arthur Teele
José María Ruiz-Mateos y sus abogados españoles, Julio Ferrer, Juan Córdoba y Ramón Pelayo, enviaron ayer sendas cartas a Antonio Pedrol Ríus, decano del Colegio de Abogados de Madrid, en las que descalifican las actuaciones y declaraciones del letrado Arthur Teele. El ahogado norteamericano realizó unas duras declaraciones contra la justicia española y contra Pedrol Ríus en un diario madrileño, aunque ayer fueron desmentidas por el propio Teele. En su carta, Ruiz-Mateos comunica a Pedrol Ríus que "el señor Teele no es mi ahogado en España, ni representa mis intereses en este país".
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José María Ruiz-Mateos y sus abogados españoles, Julio Ferrer, Juan Córdoba y Ramón Pelayo, enviaron ayer sendas cartas a Antonio Pedrol Ríus, decano del Colegio de Abogados de Madrid, en las que descalifican las actuaciones y declaraciones del letrado Arthur Teele. El ahogado norteamericano realizó unas duras declaraciones contra la justicia española y contra Pedrol Ríus en un diario madrileño, aunque ayer fueron desmentidas por el propio Teele. En su carta, Ruiz-Mateos comunica a Pedrol Ríus que "el señor Teele no es mi ahogado en España, ni representa mis intereses en este país".
El ex presidente de Rumasa afirma en la carta dirigida a Pedrol Rius que las opiniones y las manifestaciones de Teele, así como las interpretaciones que se puedan dar a las mismas "son exclusivamente suyas". El abogado norteamericano no acudió ayer al juzgado de delitos monetarios.Los abogados españoles de Ruiz-Mateos, que se reunieron ayer con Pedrol, enviaron otra carta al decano del Colegio de Abogados de Madrid en la que aseguran ser "los primeros sorprendidos y desolados por estas manifestaciones, que condenamos, y concretamente en el punto relativo a la persona de usted, de la cual hemos recibido las mayores facilidades para garantizar la libre y total defensa de nuestro cliente". Los abogados afirman que "bajo ningún concepto nos solidarizamos o disculpamos las manifestaciones realizadas o que pueda realizar en un futuro Arthur Teele, que son de su única y exclusiva responsabilidad".
El procesamiento
Por otro lado, el juez de delitos monetarios, Luis Lerga, confirmó ayer el procesamiento de Ruiz-Mateos adaptado a los delitos por los que la RFA concedió la extradición. En el auto dictado se menciona que en 1983 se fijó para Ruiz-Mateos una fianza de 100.000 millones de pesetas para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran declararse, cantidad que no ha sido modificada, por lo permanece vigente. El juez notificará hoy su decisión sobre el mantenimiento en prisión o la libertad provisional de Ruiz-Mateos.
Los hechos imputados a Ruiz-Mateos en el auto de procesamiento y que el juez considera vigentes son: "En fechas no determinadas, de principios de 1983, y por orden expresa del presidente Ruiz-Mateos o de José Díaz Hidalgo, con objeto de regularizar formalmente la situación de pérdidas en distintos bancos del grupo, según figuraban en los antecedentes de la División Bancaria de Rumasa, se aperturaron cuentas corrientes de crédito o utilizaron las que habían sin conocimiento de sus titulares, de personas jurídicas ciertas, practicando en ellas apuntes contables de activo que no correspondían a la realidad o gestiones de efectos no existentes, a favor de las mismas, disponiendo a continuación de su importe en beneficio de otras entidades del grupo, sin que se conozca aún el perjuicio originado a los accionistas de aquellos bancos, ignorantes de dichas manipulaciones. Cambiándose las titularidades de tales cuentas, por otras correspondientes a empresas de Rumasa, SA, en la noche del 23 al 24 de febrero último o en fechas posteriores inmediatas.
Según los datos, los titulares de tales cuentas y los bancos utilizados son, entre otros: Enpetrol en Bankisur, por 300 millones de pesetas; Calatrava, SA, en Banco de Murcia, por 125 millones; Manufacturas Gener, SA, en Banco de Sevilla, por 102 millones; Metalúrgica Santana en Banco Latino, por 101,7 millones; Motor Ibérica en Banco de Albacete, por 101,3 millones.
Por otra lado, la dirección de TV-3 presentará una querella contra la policía por haber infligido presuntos malos tratos al cámara Antonio García en el momento de grabar imágenes del ex presidente de Rumasa. García y el reportero gráfico Fernando Sacristán fueron detenidos ayer y permanecieron tres horas en la comisaría.