Conflicto en el Ayuntamiento de Córdoba por el recorte de competencias de funcionarios
El conflicto interno del Ayuntamiento de Córdoba, de mayoría comunista, provocado por la aprobación el pasado 21 de octubre del nuevo organigrama municipal, ha derivado en un bloqueo administrativo de algunas áreas y ha llevado al Grupo Popular a anunciar que está dispuesto a abandonar la corporación si los recursos de reposición y contencioso que presentará no anulan esta decisión del gobierno municipal.
Con el nuevo esquema organizativo del ayuntamiento, los responsables de área, que despachan directamente con el alcalde, restan responsabilidades y asuntos a los representantes de ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El conflicto interno del Ayuntamiento de Córdoba, de mayoría comunista, provocado por la aprobación el pasado 21 de octubre del nuevo organigrama municipal, ha derivado en un bloqueo administrativo de algunas áreas y ha llevado al Grupo Popular a anunciar que está dispuesto a abandonar la corporación si los recursos de reposición y contencioso que presentará no anulan esta decisión del gobierno municipal.
Con el nuevo esquema organizativo del ayuntamiento, los responsables de área, que despachan directamente con el alcalde, restan responsabilidades y asuntos a los representantes de los cuerpos nacionales, cuyas competencias quedan mermadas y eximidas de su anterior obligación fiscalizadora de todos los asuntos.Los comunistas aprobaron este nuevo esquema organizativo, que divide en grandes áreas la estructura funcionarial, suprimiendo la intervención última de los cuerpos nacionales en la inspección de la mayoría de los asuntos, para, "de acuerdo con la ley de Régimen Local, descentralizar el funcionamiento del Ayuntamiento y buscar una mayor eficacia de cara al ciudadano", según su portavoz, Herminio Trigo.
Sin embargo, tanto la oposición, socialistas y conservadores, como los dos máximos representantes de los cuerpos nacionales se opusieron con reiteración al proyecto por entender que transgrede la citada ley y deja al Ayuntamiento en la más manifiesta ilegalidad.
El secretario Ignacio Muñoz, denunció en cuatro informes distintos esta falta de legalidad del nuevo organigrama. A ellos se sumaron otros dos del interventor, que en las últimas fechas ha retrasado la salida de algunos fondos, por entender que no podía responsabilizarse de ellos una vez que se le habían quitado las facultades de inspección.
Ante esta situación, el alcalde, Julio Anguita, ha dictado un decreto para reducir momentáneamente la tensión por el que ordena a los representantes de los citados cuerpos nacionales que cumplan con sus funciones legales hasta que se aclaren las dudas que plantea este nuevo organigrama.