Espías y delincuentes

EL RECURSO presentado por Alianza Popular contra el auto dictado por el magistrado Vázquez Honrubia, que resolvió la semana pasada archivar las diligencias sobre el espionaje policial de que fue víctima el partido conservador, reabrirá judicialmente uno de los asuntos más malolientes de nuestra reciente experiencia democrática. También el Partido Comunista ha elevado recurso de reforma, y subsidiariamente de apelación, contra el carpetazo dado al sumario por el juez instructor, quien justificó su decisión por la previa e incondicional exoneración de responsabilidades dictada por el Trib...

EL RECURSO presentado por Alianza Popular contra el auto dictado por el magistrado Vázquez Honrubia, que resolvió la semana pasada archivar las diligencias sobre el espionaje policial de que fue víctima el partido conservador, reabrirá judicialmente uno de los asuntos más malolientes de nuestra reciente experiencia democrática. También el Partido Comunista ha elevado recurso de reforma, y subsidiariamente de apelación, contra el carpetazo dado al sumario por el juez instructor, quien justificó su decisión por la previa e incondicional exoneración de responsabilidades dictada por el Tribunal Supremo en favor del vicepresidente del Gobierno y del ministro del Interior. El magistrado (véase EL PAIS del pasado 5 de noviembre) estableció, sin embargo, como un hecho probado el espionaje policial sufrido por Alianza Popular.En este episodio, el papel desempeñado por el ministerio público adquiere rasgos casi patéticos. El fiscal Carlos Ladrón de Cegama, que percibió indicios racionales de culpabilidad en las diligencias practicadas por el juez instructor, se sintió obligado a pedir su relevo cuando el Tribunal Supremo -mediante un auto del que fue ponente el magistrado José Augusto de Vega, posteriormente elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial- exoneró de toda sospecha a los dos miembros del Gobierno. Consuelo Madrigal, designada para representar al ministerio público en la causa, no evacuó "informe en ningún sentido en cuanto al fondo del asunto" y se limitó a actuar como convidada de piedra. Por principio, las fronteras del Derecho Penal delimitan un ámbito altamente restrictivo de conductas perseguibles por la vía criminal. Tal vez -aunque resulta improbable- nuestra legalidad vigente no permita encajar dentro de los delitos de violación de secretos (artículos 367 y 368 del Código Penal), de obstaculización o perturbación de asociaciones lícitas (artículo 172) o de descubrimiento o revelación de secretos (artículo 497) el espionaje de partidos realizado por el Ministerio del Interior y confirmado por el testimonio del director de la Policía.

El espionaje de los grupos de la oposición, practicado por funcionarios públicos para informar de sus resultados a los altos cargos del Ministerio del Interior, constituye una bochornosa utilización de los fondos presupuestarios y de los recursos de la Administración al servicio de los intereses de los dirigentes del partido que ocupa temporalmente el poder. De esa perspectiva, el siempre sospechoso pretexto de la razón de Estado se rebaja a razón de gobierno y se degrada en razón de partido. La colusión de intereses resulta obvia cuando simultáneamente unas mismas personas representan al Estado, controlan el Gobierno y dirigen un partido. Gracias a las informaciones que la policía del Estado les facilita en tanto que gobernantes, los líderes socialistas pueden conocer los planes, los secretos y las debilidades de sus futuros rivales electorales. Rafael del Río, nombrado director de la Policía por el ministro del Interior socialista, ha explicado ante el juez que el espionaje de los ciudadanos constituye el núcleo de las funciones policiacas en un sistema democrático, "según concepto universal y moderno en un Estado de derecho".

Una peligrosa variante de cinismo puede apoderarse de nuestro sistema democrático a pasos agigantados. Aunque la legalidad vigente no permitiera -por falta de previsión- su sanción penal, el espionaje de los partidos y de los ciudadanos es una conducta que debe ser tipificada como delito por las Cortes Generales y que merece la repulsa de cualquier demócrata. De un lado, y dando por bueno el dicho de que la información es poder, el Gobierno socialista está entregando una cuota importante de sus competencias a servicios policiales. De otro, la información policial sobre los demás partidos concede a los socialistas una ventaja desleal frente a sus competidores, especialmente eficaz en las confrontaciones electorales y en los debates parlamentarios. Final mente, el espionaje policial de los ciudadanos relaciona dos de una forma o de otra con la actividad pública pone en manos del Gobierno posibilidades de presión incompatibles con los fundamentos reales de un sistema democrático. La mayoría socialista, por tanto, no puede continuar impidiendo la formación de una comisión de encuesta de las Cortes Generales para investigar el escándalo del espionaje policial.