La fiebre de privatizar empresas públicas afecta ya a mas de 20 Gobiernos a lo largo y ancho del mundo

En España, sin embargo, los socialistas que dirigen nuestras empresas públicas se guardan mucho d reconocer que su proclamada política de privatizar empresas tiene alguna relación directa con la experiencia británica. Pero, al menos en sus resultados, no cabe duda de que casos corna Textil Tarazona, Soler Almirall o la futura venta ebolsa de acciones de ENDESA y ENHER, entre otras, tienen mucho que ver con los remedios clásicos y conservadores de reducir pérdidas en el sector público.Según la agencia Reuter, más de 20 delegaciones de países extranjeros, incluyendo algunos del Este, han visitad...

En España, sin embargo, los socialistas que dirigen nuestras empresas públicas se guardan mucho d reconocer que su proclamada política de privatizar empresas tiene alguna relación directa con la experiencia británica. Pero, al menos en sus resultados, no cabe duda de que casos corna Textil Tarazona, Soler Almirall o la futura venta ebolsa de acciones de ENDESA y ENHER, entre otras, tienen mucho que ver con los remedios clásicos y conservadores de reducir pérdidas en el sector público.Según la agencia Reuter, más de 20 delegaciones de países extranjeros, incluyendo algunos del Este, han visitado recientemente el Reino Unido para asistir a seminarios, ofrecidos por el Gobierno Thatcher, en los que se analiza el funcionamiento en el Reino Unido de la experiencia de transferir empresas públicas a la iniciativa privada. Ajos seminarios han asistido delegados del Gobierno y agentes y banqueros que han servido de asesores en el proceso. Todos ellos coinciden que el motivo que ha impulsado a los visitantes a acudir a estos cursos es la profunda desilusión existente entre los nuevos gestores públicos con lo remedios keynesianos posteriores a la II Guerra Mundial y con el mal funcionamiento del sector público en sus respectivos países.

La experiencia británica

Desde que el Gobierno Thatcher llegó al poder, en 1979, más de una docena de empresas públicas británicas han pasado al sector público, entre ellas algunas del calibre de la British Petroleum, Jaguar PCIL o British Aerospace. Otra ocho grandes empresas públicas esperan ahora su turno para ser transferidas al sector privado, que en seis años ha recibido más de 400.000 trabajadores del sector público y ha engordado las arcas del Estado con casi 6.000 millones de libras esterlinas (más de un billón de pesetas) procedentes de las enajenaciones.

Sólo la venta de Britoil, culminada hace un par de semanas, su puso para el Gobierno británico la captación de 450 millones de libras (unos 10.000 millones de pesetas) entre inversores privados, que superaron en número la oferta de acciones puestas a la venta Algo similar sucedió con la venta *de British Telecom, que, al salir sus acciones a la venta por debajo del precio del mercado, se llegó prácticamente a rifar entre los pequeños ahorradores británicos.

Precisamente, muchas de las críticas que han surgido al proceso de privatización parten de aque llos que piensan que el Gobierno de Londres, al ofrecer los títulos a un precio inferior al mercado, aparentemente para hacer atractiva la venta, está prácticamente regalando al sector privado las empresas. Otros consideran que detrás del plan existe toda una conspiración política de los conservadores para reducir el peso de los sindicatos en las empresas públicas, ampliar la base del sistema capitalista o modificar la concepción keynesiana de la economía por los nuevos aires de la economía de oferta.

Sean ciertas o no estas críticas, lo llamativo del proceso son los efectos beneficiosos que la privatización puede tener en la economía, tales como la reducción del déficit público o el relanzamiento de la actividad económica. Éstos son, al menos, algunos de los aspectos que más llaman la atención a los Gobiernos extranjeros que acuden a Londres a estudiar el proceso con la sana intención de imitarlo, según estiman sus defen sores.

Algunas variantes

Uno de los primeros Gobiernos extranjeros en acudir a la capital británica fue el mexicano, aunque sus ideas sobre la reprivatización de las empresas públicas tengan metas muy diferentes. El Gobierno azteca tiene intención de poner en marcha un plan alternativo de privatización de empresas públicas. Se trataría de vender a los acreedores participaciones en las empresa,s, públicas, a cambio del riesgo crediticio contraído con las mismas.

En otras palabras, se trataría de involucrar a los bancos en el capital de las empresas a las que han prestado dinero. Con ello se conseguida reducir el endeudamiento de las mismas -y, por ende, el del país- y se lograría involucrar a las entidades de crédito en el proceso productivo y en los planes de viabilidad de las sociedades.

Lo malo de aplicar experiencias como éstas en los países en desarrollo fuertemente endeudados -Brasil tiene planes similares para 77 empresas públicas- es que la experiencia cuenta con fuertes críticas de los partidos de izquierda o de la oposición de turno. Tal es el caso de México, donde se acusa al Gobierno de poner en marcha una política contraria a los programas de nacionalización de sectores básicos, que tan populares fueron en el pasado.

El caso español

El caso español se asemeja más al británico que al mexicano o brasileño, pese a la disparidad ideológica que parece existir entre el Gobierno Thatcher y el instalado en Madrid. Los socialistas españoles, al menos los que dirigen hoy el Instituto Nacional de Industria (INI), manifiestan que la política de privatización de empresas públicas no existe. En todo caso, añaden, lo que se está haciendo es racionalizar la gestión de algunas empresas- y desprenderse de aquellas cuya presencia en el sector público no se justifica ni por el elevado volumen de pérdidas que acumulan, ni porque- tampoco están englobados en sectores básicos o estratégicos donde sería lógica su presencia.

La verdad es que el INI sólo ha puesto en marcha dos experiencias de privatización hasta la fecha. Se trata de las empresas Textil Tarazona yde la industria de rodamientos catalana Soler Almiral. En ambos, el proceso ha costado dinero al sector público y ha recibido duras críticas de los sindicatos y los trabajadores, que han visto en la privatizacion un sistema innovador para proceder a sq cierre.

Quizá hayan sido las críticas sindicales las que han puesto término, o interrumpido, este. proceso en España. En el INI, por ejemplo, la jerga de privatización no está bien vista hoy, y alguno de sus principales directivos manifestaba recientemente a un periodista que hoy, en España, esta política es -impracticable. "Qué más quisiera yo que vender una parte de Iberia en la bolsa. Si tú me encuentras inversores suficientes para la compra del 40% del capital de esta compañía, te nombro presidente de la misma", comentaba.

Iberia quizá sea hoy invendible, pero algo parecido se está intentando con Seat y ENASA, por citar dos ejemplos. Seat será, el año próximo, alemana, si el grupo Vplkswagen se muestra satisfecho con las medidas de saneamiento de la empresa que ha adoptado el sector público, y que puede que cuesten al erario público más de 300.000 millones de pesetas, aparte de los 200.000 millones ya enterrados. El caso de ENASA es muy similar, aunque la factura a pagar sea más barata.

La única compañía pública vendible hoy en España sería, en todo caso, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) o su filial ENHER. Pero muchos expertos sospechan que poca voluntad política puede existir para vender un grupo que genera más de 70.000 millones de pesetas- de cash flow al año debido a las muy particulares,-condiciones en las que funciona esta sociedad, con contratos de suministros de su materia prima, la electricidad, muy favorables para el sector público. Por otro lado, la enajenación al sector privado de una empresa eléctrica pública iría en contradicción con la filosofía del partido político en el poder, que en su programa de Gobierno incluye la palabra nacionalización, hablando de este sector, en lugar de privatización.

Pese a este contrasentido, muchos expertos no dudan en señalar que la filosofía de privatización existe en algunos organismos públicos y que, pese a las etiquetas, su puesta en práctica sería un hecho más generalizado si no existiera lainala conciencia de las etiquetas. "Lo malo de la privatización de empresas públicas", decía un socialista que dirige una empresa pública, "es que la ha puesto de moda la señora Thatcher".