El informe de ACESA al fiscal coincide con las conversaciones para su posible venta a la empresa nacional

El último día del pasado mes de mayo Carlos Bustelo, presidente de la empresa Autopistas Concesionaria Española (ACESA) remitía al fiscal general del Estado un informe en el que se reflejaba el posible desvío hacia destinos no conocidos de 337 millones de pesetas, que se habían facturado, durante 1979 y 1982, como comisiones de operaciones financieras y servicios técnicos que parece no se realizaron.El informe era el final de una investigación iniciada en abril cuando se intentó renegociar un crédito exterior y cuyos puntos oscuros eran al menos sospechados desde hace de un año cuando Carlos B...

El último día del pasado mes de mayo Carlos Bustelo, presidente de la empresa Autopistas Concesionaria Española (ACESA) remitía al fiscal general del Estado un informe en el que se reflejaba el posible desvío hacia destinos no conocidos de 337 millones de pesetas, que se habían facturado, durante 1979 y 1982, como comisiones de operaciones financieras y servicios técnicos que parece no se realizaron.El informe era el final de una investigación iniciada en abril cuando se intentó renegociar un crédito exterior y cuyos puntos oscuros eran al menos sospechados desde hace de un año cuando Carlos Bustelo comentó con funcionarios de la Administración la desmesurada cuantía de algunas comisiones de créditos.

La remisión del informe al fiscal general del Estado, que lo ha trasladado a la Audiencia de Barcelona, coincidía en el tiempo con las reuniones mantenidas por miembros de la delegación del Gobierno en autopistas con representantes del Fondo de Garantía de Depósitos, con el presidente de ACESA y con altos cargos del Ministerio de Economía para plantearles la posibilidad de integrar la participación de ACESA en la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) y disminuir de esta forma las pérdidas que acumulan anualmente las autopistas nacionalizadas que no son viables económicamente.

El informe al fiscal limitaba las posibles responsabilidades a José María García Vallés, presidente y director general de la sociedad en esos años, y al director financiero Ángel Fernández de la Puebla. Aunque en distintas ocasiones algunos consejeros de ACESA han planteado la necesidad de que renuncie el consejero delegado de la entidad, en la sesión en la que se leyó el informe al fiscal no se tomó ninguna decisión. En medios del sector y de la Administración se considera difícil de explicar que el posible desvío de una cantidad de dinero importante haya podido hacerse de tal manera que se ocultase al consejero delegado y al resto de consejeros.

En el mes de marzo se iniciaron aquellas reuniones mantenidas con el secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el director general del Tesoro, Raimundo Ortega y el director general del Patrimonio, Javier Moral. Culminaron hace un par de semanas con una reunión entre el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, y el de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo. En todas ellas Obras Públicas informó de su planteamiento de adquisición de las acciones de ACESA, mientras que los responsables de Economía y Hacienda ni se adhirieron a la propuesta ni la negaron.

Los problemas que se plantean en cualquier caso se refieren a la forma en que se pagaría el valor de las acciones que el Fondo de Garantía de Depósitos tiene de ACESA (contabilizadas en 23.000 millones de pesetas, que fue el precio al que se pagaron cuando la crisis de Bankunion) y la forma en que el Patrimonio del Estado obtendría el dinero para realizar esa operación.

Desde Obras Públicas se contemplan como fórmulas posibles un anticipo del Banco de España -a Enausa o al Patrimonio- consolidable, como lo son los anticipos al Tesoro con cargo al pago del seguro de cambio o reintegrable a largo plazo. Otra posibilidad es que el fondo de garantía conceda un crédito en condiciones similares a las que concede a los bancos en crisis. Por último se plantea un préstamo del ICO, con cargo al fondo de financiación de autopistas.

Este planteamiento parte de la idea de que el fondo de garantía no podrá vender su participación si no es en condiciones muy por debajo de las de mercado, lo que le haría incurrir en pérdidas dos veces a favor del sector privado de la economía. Además se volvería a ayudar, sin demasiado fundamento, al reparto de beneficios a los nuevos propietarios mediante el seguro de cambio.