Primera petición fiscal de prisión para cuatro procesados por estafa en subastas

Una fiscal de la Audiencia de Barcelona ha solicitado, por vez primera, penas de cuatro años y dos meses de prisión menor para un empresario, un ahogado mercantilista y dos subasteros habituales de la Magistratura de Trabajo de Barcelona. La calificación provisional de la Fiscalía se refiere al sumario 59183, concluido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, cuya tramitación, que supera los 1.000 folios, se ha prolongado más de dos años.

BarcelonaEl delito imputado a los procesados es el de estafa, consistente en haber efectuado el tradicional procedimiento de ...

Una fiscal de la Audiencia de Barcelona ha solicitado, por vez primera, penas de cuatro años y dos meses de prisión menor para un empresario, un ahogado mercantilista y dos subasteros habituales de la Magistratura de Trabajo de Barcelona. La calificación provisional de la Fiscalía se refiere al sumario 59183, concluido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, cuya tramitación, que supera los 1.000 folios, se ha prolongado más de dos años.

BarcelonaEl delito imputado a los procesados es el de estafa, consistente en haber efectuado el tradicional procedimiento de recompra, en favor del propio empresario y en detrimento de la Seguridad Social, a través de un procedimiento de embargo de la Magistratura de Trabajo de Ejecuciones Gubernativas.Los cuatro procesados son el empresario Federico Trapé, el abogado mercantilista José Pablo Sánchez Íñigo y los subasteros Rafael Grau Ros y Rafael Grau Filiberto, padre e hijo. Los cuatro son presuntamente autores de un delito de estafa, por el que se solicitan cuatro penas idénticas de cuatro años y dos meses de prisión menor.

El sumario 59 / 83, instruido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, fue desglosado en julio de 1983 de otro sumario general, el 82 / 83, iniciado por denuncia de la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía actuaba a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial para averiguar posibles maquinaciones para alterar el precio de las cosas que se producen en subastas de las magistraturas de Trabajo.

Se trataba, entonces, de averiguar las actividades presuntamente delictivas de un grupo formado por alrededor de 40 individuos, conocidos como subasteros, que actúan coordinadamente en gran parte de las subastas de bienes convocadas por las magistraturas. En el grupo figura el ultraderechista Alberto Royuela, que encabeza la principal formación. Esos grupos impiden en la práctica el acceso de otros postores a las subastas, situación que continúa prácticamente inamovible, a pesar de recientes modificaciones procesales en esta materia.

Tanto Royuela como el abogado Sánchez Íñigo presentaron varias querellas contra este diario por la publiciación de estos hechos, sin que ninguna de ellas prosperara. El expediente inicial fue instruido también para averiguar posibles irregularidades en procedimientos de la Magistratura Especial de la Seguridad Social de Barcelona, cuyo secretario entonces, Francisco Bover, junto a otros dos funcionarios de la misma magistratura, prestó declaración a requerimiento del juez instructor.

La 'recompra'

Los primeros resultados de esta instrucción general son ahora la conclusión del sumario desglosado para los cuatro procesados que intervinieron en uno de los procedimientos de recompra producidos con bastante frecuencia en casos de empresas en suspensión de pagos. Según la Fiscalía, en octubre de 1982, el empresario Federico Trapé, que había presentado suspensión de pagos un año antes, llegó a un acuerdo con el subastero Rafael Grau Ros, en virtud del cual, mediante el pago de 6,5 millones de pesetas, éste solventaría al primero sus deudas con la Seguridad Social, que ascendían a 20,7 millones de pesetas por descubierto en las cotizaciones. Trapé, según la versión fiscal abonó la cantidad convenida mediante el pago de cuatro talones que fueron ingresados en una cuenta corriente a nombre de Rafael Grau Ros y de su hijo, Rafael Grau Filiberto. El resto fue abonado mediante la entrega de maquinaria de la empresa.Según la acusación, el plan fue urdido entre ambos, aunque las declaraciones del empresario en el sumario han insistido varias veces en que, hallándose en una situación económica muy difícil, se presentó en su empresa "un individuo", conocedor del trámite de embargo instado por la Seguridad Social, que se ofreció para llevar a cabo la operación. Consistió en "no poner en conocimiento de la Magistratura la existencia de la suspensión de pagos, para que ésta no paralizara el embargo por descubiertos a la Seguridad Social". El documento añade que la. magistratura embargó a Trapé la totalidad de la maquinaria de su empresa, que por los peritos de la suspensión de pagos había sido valorada en 26 millones de pesetas. La magistratura tasó los bienes muy por debajo, en 1,5 millones de pesetas, bienes que el propio Grau se adjudicó en subasta por sólo 769.000 pesetas y que posteriormente cedió al abogado Sánchez Íñigo. Este último abogado cedió posteriormente los mismos bienes a una nueva empresa constituida por Trapé.