Unas 100 empresas de Barcelona siguen pagando protección a presuntos policías
Al menos seis personas que se identifican como policías nacionales continúan desarrollando servicios ilegales de vigilancia especial en la mayor parte de los polígonos industriales de Cornellá y Sant Boi de Llobregat, en el cinturón industrial de Barcelona, según han afirmado algunos de los empresarios afectados, que son un centenar. Esta policía irregular, cuya actividad fue descubierta en 1983, cobra unas cuotas mensuales entre 10.000 y 40.000 pesetas.Enrique Díaz, director gerente de una empresa metalúrgica del polígono industrial Almeda de Cornellá, declaró que ha rechazado aceptar ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Al menos seis personas que se identifican como policías nacionales continúan desarrollando servicios ilegales de vigilancia especial en la mayor parte de los polígonos industriales de Cornellá y Sant Boi de Llobregat, en el cinturón industrial de Barcelona, según han afirmado algunos de los empresarios afectados, que son un centenar. Esta policía irregular, cuya actividad fue descubierta en 1983, cobra unas cuotas mensuales entre 10.000 y 40.000 pesetas.Enrique Díaz, director gerente de una empresa metalúrgica del polígono industrial Almeda de Cornellá, declaró que ha rechazado aceptar estos servicios de vigilancia paralela, y explicó que "los mismos policías de entonces actúan hoy en la comarca". Díaz dijo que al rechazar el servicio fue amenazado con "atenerse a las consecuencias si no pagaba la cuota".
Estas denuncias se producen 18 meses después de que el Ministerio del Interior encargara al comisario Enrique Martín Tola investigar en toda España estas actividades paralelas,' descubiertas en 1983 en Barcelona y que después se repitieron en otras áreas. El Gobierno Civil de Barcelona inició también por este motivo un expediente administrativo contra 38 funcionarios policiales, cuyo resultado nunca ha sido dado a conocer, pese a las promesas realizadas en este sentido por el gobernador civil, Ferran Cardenal.