El Gobierno de México pone en venta un paquete de 80 empresas estatales

El Gobierno mexicano ha puesto en venta 80 empresas estatales dentro de un programa de saneamiento de las finanzas públicas que comprende la privatización o el cierre de 236 sociedades industriales y de servicios. El secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, ha rechazado que con ello el Estado renuncie a ejercer el papel que le asigna la Constitución como rector del desarrollo.

Hoteles, restaurantes, fábricas de loza y plantas productoras de refrescos se incluyen en el primer paquete de empresas ofrecidas al mejor postor. Las gestiones de compraventa serán...

El Gobierno mexicano ha puesto en venta 80 empresas estatales dentro de un programa de saneamiento de las finanzas públicas que comprende la privatización o el cierre de 236 sociedades industriales y de servicios. El secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, ha rechazado que con ello el Estado renuncie a ejercer el papel que le asigna la Constitución como rector del desarrollo.

Hoteles, restaurantes, fábricas de loza y plantas productoras de refrescos se incluyen en el primer paquete de empresas ofrecidas al mejor postor. Las gestiones de compraventa serán canalizadas individualmente por la banca nacionalizada, sin excluir en principio al capital extranjero, siempre que su participación se ajuste a la ley.Los empresarios privados han acogido el anuncio con satisfacción, porque en cierta medida viene a invertir las tendencias estatalizadoras que alentó la nacionalización de la banca. La izquierda parlamentaria ha criticado al Gobierno por lo que interpreta como un proceso de liquidación del sector público.

"La rectoría del desarrollo no se ve afectada", ha replicado Salinas de Gortari, "porque el Estado deje de producir aguas minerales o vajillas de porcelana. Vender ese tipo de empresas públicas, más que debilitar la capacidad de rectoría permite fortalecer la acción en las áreas estratégicas y prioritarias".

El artículo 28 de la Constitución otorga al Estado la explotación exclusiva de los siguientes sectores estratégicos: petróleo, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles, correos, telégrafos, comunicación por satélite y acuñación de moneda.

Los planes de desarrollo en vigor definen, por otra parte, áreas prioritarias de la economía en las que participa el Estado junto al capital privado. Ninguna de las empresas en trance de liquidación corresponden a esos dos apartados.

La privatización obedece, según Salinas de Gortari, a la necesidad de administrar mejor los escasos recursos financieros que tiene el Estado en una época de crisis como la actual. Añadió que todos los Gobiernos están obligados a concentrar la inversión en sectores prioritarios. La venta de empresas permitirá, dijo, vigorizar el sector público quitándole obesidad.

En México hay censadas actualmente más de 800 sociedades de titularidad estatal. Casi una tercera parte pasará a menos privadas en el curso de este año, pero esto no alterará sustancialmente el peso del sector público en la economía nacional, a la que aporta el 25% del producto interno.

La subasta de empresas forma parte del paquete de medidas adoptadas para reducir el déficit presupuestario, que el año pasado representó aún el 6,9% del producto interior bruto (PIB). En medio de una economía que empieza a ofrecer signos de reactivación, el Gobierno pretende rebajar ese porcentaje en 1,8% puntos, para situarlo a un nivel más manejable del 5,1%.

Con este propósito se han congelado las contrataciones de la Administración pública, el Gobierno federal ha recortado sus gastos corrientes no salariales y se han cancelado proyectos no prioritarios de inversión por un monto de 100.000 millones de pesos (82.000 millones de pesetas). El ahorro total se estima en unos 250.000 millones de pesos (205.000 millones de pesetas).

Salinas de Gortari ha asegurado que en cualquier caso el sector público desempeñará un papel importante como motor de una econornía que el año pasado creció 3,5% después de dos ejercicios negativos. A este signo alentador se suman otros: superavit comercial de 12.000 millones de dólares, descenso de la inflación en 20 puntos, creación de empleos fijos y aumento de la inversión privada en un 9%, tras la brusca contracción de 1983.

En medio de este panorama el flanco más débil es el déficit presupuestario, que podría agravarse si se registra una nueva caída en el precio del petróleo, de ahí que el Gobierno trate de anticipar,se a esta eventualidad con medidas como la venta de empresas públicas.