España ratifica la abolición de la pena de muerte
España ratificó ayer el protocolo número seis de la Convención europea de derechos del hombre, por el que se afirma el principio de la abolición de la pena de muerte.
El acto se celebró en presencia del secretario general del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, antes de que éste viajara a Londres para una visita. Por parte del Gobierno español, firmó el protocolo el actual embajador ante el Consejo de Europa, Fernando Baeza. Este protocolo es el primer instrumento que, en derecho internacional, convierte la abolición de la pena de muerte en una obligación jurídica para las partes co...
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España ratificó ayer el protocolo número seis de la Convención europea de derechos del hombre, por el que se afirma el principio de la abolición de la pena de muerte.
El acto se celebró en presencia del secretario general del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, antes de que éste viajara a Londres para una visita. Por parte del Gobierno español, firmó el protocolo el actual embajador ante el Consejo de Europa, Fernando Baeza. Este protocolo es el primer instrumento que, en derecho internacional, convierte la abolición de la pena de muerte en una obligación jurídica para las partes contratantes.
El documento en cuestión se puso a la firma de los estados miembros del Consejo de Europa el 28 de abril de 1983 y desde entonces lo han suscrito Austria, Grecia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Dinamarca, Francia, la República Federal de Alemania, Holanda, Suiza, Noruega, Portugal y España.
Con el protocolo se limita a los tiempos de paz la aplicación de mantener la abolición de la pena capital, al poder un estado eludir esa obligación si su legislación prevé la pena máxima para actos cometidos en tiempo de guerra o peligro inminente de conflicto armado.
El embajador Baeza se congratuló por la determinación de España en ratificar este protocolo y recordó cómo se había inscrito la abolición de la pena de muerte en la actual Constitución española.
Ésta fue refrendada el 6 de diciembre de 1978 por el voto afirmativo de 15.706.078 españoles (87,8% del total de votantes), mientras los votos negativos fueron 1.400.505 (7,8%). Casi 15 meses y más de cuatrocientas horas de debates parlamentarios consumió su elaboración.
El artículo 14 de la vigente Constitución española manifiesta que "la persona tiene derecho a la vida y a la integridad física sin que, en ningún caso, pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".