Los propietarios minoritarios de Banco Atlántico recibiran 1.700 pesetas por acción

El comité de representantes de los accionistas minoritarios de Banco Atlántico y la Administración han llegado a un acuerdo en el establecimiento del justiprecio del valor de las acciones expropiadas, junto con el resto de bancos y empresas del grupo Rumasa, el 23 de febrero de 1983. Acuerdo que se espera sea ratificado a finales de este mes por la asamblea de accionistas que se convocará para tal fin. La Administración pagará hasta 1.700 pesetas por acción, después de valorar al 150% el valor de las acciones y aumentar este precio en un 20% como reconocimiento de los intereses devengados y no...

El comité de representantes de los accionistas minoritarios de Banco Atlántico y la Administración han llegado a un acuerdo en el establecimiento del justiprecio del valor de las acciones expropiadas, junto con el resto de bancos y empresas del grupo Rumasa, el 23 de febrero de 1983. Acuerdo que se espera sea ratificado a finales de este mes por la asamblea de accionistas que se convocará para tal fin. La Administración pagará hasta 1.700 pesetas por acción, después de valorar al 150% el valor de las acciones y aumentar este precio en un 20% como reconocimiento de los intereses devengados y no satisfechos en los dos años que han transcurrido entre el momento en que fueron expropiadas y el de la liquidación a los antiguos propietarios.

Hoy martes se reune el comité de representantes de los accionistas minoritarios de Banco Atlántico, encabezado por el anterior presidente de la entidad Casimiro Molins, para decidir la convocatoria de una asamblea general de afectados por la expropiación a celebrar entre el 22 y el 25 de este mes de enero. El comité de representantes llegó a un principio de acuerdo con la Administración sobre la base de establecer el justiprecio en el 150% del nominal de las acciones.Los accionistas minoritarios, 19.000 personas que ostentaban aproximadamente el 30% de los 6.825 millones de pesetas de capital de la entidad, propusieron en los primeros días del mes de mayo pasado un justiprecio del 200%, en función de que el valor de cotización de las acciones del Atlántico durante los dos primeros meses de 1983, antes de la expropiación de las empresas de Rumasa, fue del 217%, aunque descendió en los días inmediatos a la expropiación.

Desde el mes de mayo hasta ahora se han mantenido diversas reuniones entre las partes para tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas y la última oferta, en la que existe un acuerdo de principio, establece el pago real de las acciones expropiadas en un 170% de su valor nominal, 1.700 pesetas por acción, lo que representará un desembolso del Estado de casi 2.050 millones de pesetas, mientras que el Patrimonio del Estado recibió por su venta al consorcio de bancos árabes y el Exterior de España 1.540 millones por su venta. La operación se cierra, pues, con una pérdida para el Estado de 500 millones de pesetas.

El Banco Atlántico fue expropiado el 23 de febrero de 1983 junto con el resto de bancos y empresas del grupo Rumasa al ser este holding el accionista mayoritario de la entidad. El Atlántico, a pesar de que la mayor parte de su capital estaba en manos de Rumasa nunca fue controlado por José María Ruiz Mateos de forma directa, lo mismo que hizo con el resto de las entidades financieras que fue adquiriendo.

Después de 13 meses de administración por parte del Fondo de Garantía de Depósitos en entidades bancarias el Banco Atlántico fue reprivatizado en concurso subasta al que compitieron dos ofertas: una presentada por el Banco de Bilbao, y otra por un consorcio árabe-español en el que el Arab Banking Corporation aportaba el 70%, el Banco Árabe Español -Aresbank- el 5% y el Banco Exterior de España -de mayoría de capital público- el 25%. restante. Esta fue la oferta a la que se le concedió finalmente el Banco Atlántico.

La renacionalización

Las condiciones de venta del Atlántico al consorcio de bancos públicos establecían la valoración de las acciones en el 75% del nominal de las mismas (750 pesetas) a pagar al Patrimonio del Estado como propietario en aquel momento del 100%. del capital y una ampliación de capital por 7.800 millones de pesetas a desembolsar por los adquirentes de forma inmediata. En la oferta que resultó vencedora se estipulaba que las ayudas recibidas del Banco de España, 7.000 millones de pesetas, se devolverían la mitad a los seis meses de la adjudicación y el resto a los doce meses.La venta del Banco Atlántico a un consorcio de bancos extranjeros y al Exterior de España produjo momentos de tensión entre la banca privada, en especial con el Banco de Bilbao que presentó una oferta que fue derrotada.

Las opiniones que se vertieron entonces hablaban de que no se contemplaba, en la oferta ganadora, el precio político deimplantación de una entidad extranjera en España con plena libertad de expansión y crecimiento y con un volumen ya importante de depósitos y de inversión. No obstante estas declaraciones no hubo apenas presiones políticas para tratar de hacer variar los planteamientos de quienes decidieron sobre la adjudicación.

La venta del Atlántico estuvo precedida de algún viaje a Londres del entonces secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos, y hoy subgobernador del Banco de España, Juan Antonio Ruiz de Alda, del consejero delegado del Banco Exterior, Rafael Martínez Cortiña -hoy también vicepresidente del Atlántico- y de Luis Vañó, director general de Aresbank, que fue quien diseñó la mayor parte de la operación.

La adjudicación al consorcio se interpretó en su momento como un intento de contentar a medias a quienes presionaban para que el mayor banco del grupo Rumasa no volviera a manos privadas y de mantener las promesas de reprivatización que se hicieron en el momento de la expropiación.

No obstante esto no contentó demasiado ni a unos ni a otros, aunque sirvió para que los grandes bancos no pusieran especiales impedimentos a la propuesta del ministro de Economía y Hacienda para la reprivatización del resto de los bancos del grupo.

De esta forma los presidentes de los grandes bancos privados nacionales asumieron el compromiso de suscribir 440.000 millones de pesetas en deuda pública a largo plazo para eliminar los créditos que los bancos de Rumasa tenian concedidos a las empresas del grupo a cambio de quedarse con los 17 pequeños bancos e impedir que fueran vendidos a algunas entidades extranjeras que mostraron sus deseos de comprar algunas de estas entidades.