Revocados, por delitos de forma, los procesamientos de dos directivos de Rumasa
La Audiencia Nacional ha revocado los procesamientos de los altos cargos de Rumasa Luis Romero Agarrado y Manuel Sánchez Marín, "ante la casi absoluta carencia de elementos de juicio que el juez ha dejado de suministrar a este Tribunal".La sección primera de lo penal de la citada Audiencia ha declarado la nulidad de actuaciones en el caso de Juan Ignacio de Burgos López, por defectos formales, y ha confirmado los procesamientos de Jorge Sanjuán Piñol y Manuel Cambas Roldán.
Romero Agarrado, director general de la división bancaria de Rumasa y hombre ligado durante muchos años al fundado...
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La Audiencia Nacional ha revocado los procesamientos de los altos cargos de Rumasa Luis Romero Agarrado y Manuel Sánchez Marín, "ante la casi absoluta carencia de elementos de juicio que el juez ha dejado de suministrar a este Tribunal".La sección primera de lo penal de la citada Audiencia ha declarado la nulidad de actuaciones en el caso de Juan Ignacio de Burgos López, por defectos formales, y ha confirmado los procesamientos de Jorge Sanjuán Piñol y Manuel Cambas Roldán.
Romero Agarrado, director general de la división bancaria de Rumasa y hombre ligado durante muchos años al fundador del holding, fue procesado el 20 de junio como autor de falsedad en documentos mercantiles, quedando en libertad provisional tras el pago de una fianza de un millón de pesetas. Estaba acusado por el juez instructor de haber realizado mutaciones documentales inveraces que implicaban un reflejo incierto en el patrimonio de Rumasa, que ascendía a 1.000 millones de pesetas.
Sánchez Marín, director general de administración y responsable del departamento de contabilidad de Rumasa, fue procesado por idéntico delito al mismo tiempo que Romero y puesto en libertad previo pago de una fianza similar. La acusación del instructor contra Sánchez Marín se basaba en haber realizado lo necesario para conseguir la disminución del pasivo de Rumasa e incrementado "falazmente" el beneficio de la empresa. El Estado resultó por ello perjudicado, según el juez, en 17.549 millones y la Seguridad Social en 1.010 millones de pesetas más.
El tribunal quiere pruebas
La Audiencia Nacional considera que el juez instructor, al procesar a estas personas, puede haber dispuesto de los documentos existentes en el sumario, elementos suficientes para estimar la existencia de indicios racionales de responsabilidad penal, pero "aunque asi fuere, para que el Tribunal pueda mantener dicha medida cautelar de procesamiento es indispensable que se le suministren los más relevantes y esenciales instrumentos de investigación y pruebas practicadas en el sumario".El Tribunal exige al juez que le remita los testimonios existentes en el sumario de los que se desprende la presunta conducta criminal, para poder juzgar sobre la cuestión.
Resolución similar ha sido adoptada respecto de Juan Ignacio de Burgos López, director general de la división de vinos de mesa y cava de Rumasa, aunque en este caso ha declarado nulidad de actuaciones desde el momento de la formación del testimonio de particulares.
Los procesamientos de Manuel Cambas Roldán, director general de la división de construcción de Rumasa y consejero delegado de Hispano Alemana de Construcciones, y Jorge Sanjuán Piñol, director general de Hispano Alemana de Construcciones, han sido confirmados en su integridad.