Denuncias contra una constructora por presunta coacción a los propietarios
Tres miembros de la comunidad de propietarios del edificio de la calle de Santa Hortensia, 41, en las proximidades de la confluencia de la de América y la autovía de circunvalación M 30, han presentado denuncias contra la empresa contratada para construir sus pisos, Contractor, a la que acusan de un delito de coacción. La empresa, según la denuncia presentada ante el juzgado y las declaraciones de un portavoz de los afectados, se niega a entregar las llaves de las viviendas si los propietarios de las mismas no abonan una cantidad total algo superior a los 30 millones de pesetas. La empresa re...
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Tres miembros de la comunidad de propietarios del edificio de la calle de Santa Hortensia, 41, en las proximidades de la confluencia de la de América y la autovía de circunvalación M 30, han presentado denuncias contra la empresa contratada para construir sus pisos, Contractor, a la que acusan de un delito de coacción. La empresa, según la denuncia presentada ante el juzgado y las declaraciones de un portavoz de los afectados, se niega a entregar las llaves de las viviendas si los propietarios de las mismas no abonan una cantidad total algo superior a los 30 millones de pesetas. La empresa reclama la citada cantidad en base a unos supuestos cambios en la calidad de los materiales de construcción, de los que ni la comunidad de propietarios ni su equipo técnico tienen constancia.
"Lo inadmisible de este asunto", afirmó uno de los afectados, José María Tejero, "es que el terreno lo compramos entre 112 personas, constituidos en comunidad de propietarios, y ya tenemos las escrituras de propiedad de las viviendas, por lo que, legalmente, nadie puede impedirnos la ocupación de las mismas. Contractor ha contratado un servicio de vigilantes jurados para impedirnos el acceso. Yo conseguí entrar en mi piso y cambiar la cerradura, y al día siguiente me encontré que habían tirado la puerta abajo, habían cambiado la cerradura de nuevo y puesto candados en el marco".
La mayoría de los propietarios, unos 90 sobre 112, han preferido eludir complicaciones legales y pagar la cantidad reclamadas por la empresa. Otros, en cambio, han recurrido a las denuncias por coacción ante el juzgado y la comisaría de Chamartín, distrito en que se encuentran las viviendas. Con anterioridad, se habían presentado contra la constructora dos demandas por supuesta apropiación indebida.