Anulado el reparto de la subvención sindical por parte de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha vuelto a anular el reparto de 800 millones de pesetas a los sindicatos, realizado en 1982, por considerarlo contrario al principio de igualdad constitucional, informa Efe.Es la segunda vez que la Audiencia Nacional se pronuncia en el mismo sentido sobre este asunto, que ha costado casi dos años de pleitos entre los sindicatos CNT, CC OO y UGT, pasando por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Esos 800 millones estaban destinados para actividades de acción formativa sindical de los sindicatos UGT, CC OO, USO, el vasco ELA-STV y la intersindical galleg...
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La Audiencia Nacional ha vuelto a anular el reparto de 800 millones de pesetas a los sindicatos, realizado en 1982, por considerarlo contrario al principio de igualdad constitucional, informa Efe.Es la segunda vez que la Audiencia Nacional se pronuncia en el mismo sentido sobre este asunto, que ha costado casi dos años de pleitos entre los sindicatos CNT, CC OO y UGT, pasando por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Esos 800 millones estaban destinados para actividades de acción formativa sindical de los sindicatos UGT, CC OO, USO, el vasco ELA-STV y la intersindical gallega INTG. Ese reparto se realizó de acuerdo a una resolución de marzo de ese año del entonces subsecretario de Empleo y Relaciones Laborales, Miguel Cuenca Valdivia, en proporción a la representatividad obtenida en elecciones (10% para sindicatos de ámbito nacional, y 15% para los de ámbito regional).
La CNT se consideró discriminada e interpuso en 1982 un recurso ante la Audiencia Nacional, que ya entonces anuló las resoluciones administrativas que se dictaron para realizar la distribución. El asunto llegó al Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, recurrido por CC OO y UGT.
La Audiencia Nacional estima en su nueva sentencia la apelación de la CNT y declara nulas las resoluciones administrativas que se ejecutaron para el reparto de la subvención, condenando además a la Administración a pagar las costas procesales.