Más de 7.500 chalés ilegales ha contabilizado el Ejecutivo autónomo en la región madrileña

Más de 7.500 viviendas unifamiliares, repartidas entre 107 urbanizaciones ilegales, existen en la comunidad de Madrid, según un estudio realizado por la Consejería de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid. Según fuentes del mismo departamento, "en el auge de este fenómeno, que ha ocasionado importantes destrozos ecológicos y perjuicios económicos, participan promotores poco escrupulosos, perfectamente organizados y que a veces actúan en conexión con alcaldes y concejales".

Las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de que al menos tres alcaldes madrileños sean denunciados ju...

Más de 7.500 viviendas unifamiliares, repartidas entre 107 urbanizaciones ilegales, existen en la comunidad de Madrid, según un estudio realizado por la Consejería de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid. Según fuentes del mismo departamento, "en el auge de este fenómeno, que ha ocasionado importantes destrozos ecológicos y perjuicios económicos, participan promotores poco escrupulosos, perfectamente organizados y que a veces actúan en conexión con alcaldes y concejales".

Las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de que al menos tres alcaldes madrileños sean denunciados judicialmente por su tolerancia respecto a actuaciones urbanísticas ilegales. El catálogo donde figuran todas las urbanizaciones ilegales de Madrid será presentado a la Asamblea autonómica el próximo 7 de septiembre.El próximo 7 de septiembre, el consejero, de Ordenación Territorial, Eduardo Mangada, presentará a la Asamblea de Madrid el catálogo, confeccionado a lo largo de meses por los servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo de Madrid, en el que se recogen todas las urbanizaciones ilegales de la provincia. La información está individualizada en fichas, en cada una de las cuales consta el nombre o la razón social del promotor, la extensión de terreno ocupada, su grado de urbanización y número de viviendas construidas, entre otros.

Jesús Morón, viceconsejero de Ordenación Territorial, declaró que, a través de la información recogida, se puede advertir que en absoluto el fenómeno de las urbanizaciones ilegales ha surgido de forma espontánea, en base a multitud de pequeños propietarios de terrenos rústicos que han querido sacarles un beneficio económico. "Al contrario", afirmó Morón. "Los datos referidos a las empresas promotoras demuestran que existe una inten cionalidad clara, que se ha crea do un negocio movido por profesionales, organizados y preparados, que han buscado parcelas, las han comprado a bajo precio y luego han procedido rápidamente a su venta, a menudo limitándose a abrir caminos de tierra como acceso y poco más".

Entre las urbanizaciones que figuran en el catálogo, se advierte que muchas de ellas, situadas en municipios diferentes y lejanos, están promovidos por las mismas empresas. Por ejemplo, la promotora Los Mojones, domiciliada en la calle de Ibiza, 50, lla parcelado y vendido tierras en Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés y Pezuela de las Torres. La dirección de María ole Molina, 26, 4º, figura como domicilio social de al menos cuatro urbanizaciones diferentes, localizadas en Mejorada del Campo, Valdeflores del Jarama, Talamanca y Valdepiélagos. Una sola persona figura al frente de las promotoras domiciliadas en la ya citada calle de María de Molina, y en otras situadas en Apodaca, 22 y Clara del Rey, 39.

Las urbanizaciones calificadas de ilegales se reparten por toda la provincia, pero su densidad es mayor en el Norte -Fresno del Torote, El Molar, Fuente el Saz- y en el Sureste. -Chinchón, Colmenar de Oreja, Estremera, Fuentidueña del Tajo-. En un documento elaborado en abril de 1983 por la ya extinguida Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco), presidida en aquel momento por Mangada, se cita: "Hay al menos 10 promotores que con distintos nombres promueven dos o más -siete en un caso- parcelaciones en distintos puntos de la provincia". Y más adelante, en el capítulo de posibles medidas a adoptar, ya se señala la de "exigir responsabilidades a ayuntamientos condescendientes con las parcelaciones".

Este extremo es uno de los que están siendo valorados con mayor detenimiento por los actuales responsables de la consejería. Existen tres casos, sobre los que se guarda. absoluta reserva, de alcaldes que han desoído los reiterados oficios de la consejería relativos a que en sus municipios se estaban cometiendo irregularidades, e instándoles a queadoptaran las medidas legales oportunas. "La situación ha llegado a un punto en que se puede hablar de la existencia de una cierta complicidad. En estos momentos está prácticamente tomada la decisión de denunciar judicialmente a estos tres alcaldes, cuyos nombres se harán públicos en el momento oportuno", según fuentes de la consejería.

Se estrecha el cerco

Sin embargo, las autoridades de la Comunidad estiman que el fenómeno comienza a ser controlado. Para ello han influido varios factores. Los últimos y más importantes consisten en una instrucción de la Dirección General de los Registros y Notariados, publicada en el BOE el 23 de julio último, en la que se ordena a todos los registradores y notarios advirtiéndoles que no deben registrar -y, por tanto, legitimar en cierta forma- aquéllas parcelaciones o ventas -que no estén legalizadas por las autoridades urbanísticas de cada comunidad. A su vez, las compañías de agua, teléfono, luz y gas tienen instrucciones para no prestar el servicio a las viviendas que no tengan licencia de ocupación.