El Gobierno británico no descarta la posibilidad de declarar el estado de emergencia ante la huelga de estibadores

El Gobierno británico no descarta la posibilidad de declarar el estado de emergencia para hacer frente a las consecuencias de la huelga de estibadores, si ésta se prolonga todavía durante varios días. Sin embargo, el Gobierno no tomará ninguna decisión hasta conocer el resultado de las conversaciones entre el sindicato de estibadores y la patronal, que aceptaron ayer la mediación del organismo especializado en conflictos laborales (ACAS).

Los problemas para el Gobierno conservador de Margaret Thatcher, sometido desde hace 15 días a una fortísima presión, aumentaron ayer al conocerse...

El Gobierno británico no descarta la posibilidad de declarar el estado de emergencia para hacer frente a las consecuencias de la huelga de estibadores, si ésta se prolonga todavía durante varios días. Sin embargo, el Gobierno no tomará ninguna decisión hasta conocer el resultado de las conversaciones entre el sindicato de estibadores y la patronal, que aceptaron ayer la mediación del organismo especializado en conflictos laborales (ACAS).

Los problemas para el Gobierno conservador de Margaret Thatcher, sometido desde hace 15 días a una fortísima presión, aumentaron ayer al conocerse la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación de declarar ilegal la prohibición de que se sindiquen los miembros del centro espía de comunicaciones de Cheltenham House.El ministro de Transportes, Nicholas Ridley, que compareció ayer ante la Cámara de los Comunes, aseguró que el Gobierno recurrirá, si es necesario, a la ley de 1920, enmendada en 1964, que le permite declarar el estado de emergencia si el aprovisionamiento básico de la nación está en peligro.

La ley fue aplicada por última vez en 1972, precisamente en otra huelga de estibadores, y en marzo de 1974, en relación con la huelga combinada del carbón y del sector eléctrico.

El Gobierno, que se reunió ayer en una sesión de urgencia, intentará, sin embargo, esperar todavía varios días. La declaración del estado de emergencia constituye un último recurso que no beneficiaría políticamente a la primera ministra Margaret Thatcher, que atraviesa una delicada situación política dentro de su propio partido.

Fuerte presión

Un portavoz gubernamental acogió con alivio la noticia de que el sindicato de transportes (en el que están encuadrados los estibadores) y la patronal acudirán hoy a la sede del ACAS para iniciar negociaciones. Los trabajadores reclaman garantías de que nadie utilizará estibadores no sindicados para descargar carbón.El sindicato de transportes boicotea desde hace varias semanas dichos cargamentos en solidaridad con los mineros, que entraron ayer en su decimonovena semana de huelga ininterrumpida.

La patronal se verá sometida, de esta forma, a una fuerte presión por parte de prácticamente todos los otros sectores económicos del país. Mientras, asociaciones de empresarios han empezado a recibir angustiados telegramas de sus socios, en los que se señala que no pueden soportar otra semana de huelga en los puertos.

La situación es todavía más dramática porque ayer decidió unirse al paro el importante puerto de Dover, del que salen cuatro de cada 10 toneladas de exportación británica. La huelga de estibadores, que fue declarada hace sólo seis días, ha empezado también a afectar al aprovisionamiento de determinados productos que se importan del extranjero.

Por ejemplo, el precio de determinadas verduras ha subido casi 20 pesetas el kilo, y el principal importador de plátanos ha anunciado que en 10 días no habrá ni uno solo en los supermercados del país.

Montañas de tomates apiladas en Guernsey han tenido que ser transportadas al continente en aviones Hércules, y al otro lado del canal esperan miles de toneladas de productos alimenticios perecederos, medicinas y objetos manufacturados.

En medio del pequeño respiro que supuso el inicio de negociaciones para solucionar la huelga de estibadores, el Gobierno recibió otro golpe duro: el Tribunal de Apelación ha declarado "ilegal y sin efecto" la prohibición de que se sindiquen los trabajadores del principal centro espía del Reino Unido, Cheltenham House. La sentencia, que será recurrida inmediatamente por el Gobierno, ha sido acogida con auténtico alborozo por los sindicatos, que calificaron ayer dicha sentencia de "hito en la historia de las relaciones laborales".

Recurrir la sentencia

El nerviosismo del Gobierno conservador, por el contrario, aumentó automáticamente varios grados. La decisión tomada de prohibir la sindicación en Cheltenham fue defendida personalmente por la primera ministra Margaret Thatcher, que alegó razones de seguridad nacional.La oposición, que reclama ahora la dimisión de los ministros de Trabajo y de Asuntos Exteriores, denunció en su día la nueva orden como contraria a la democracia, y señaló que había sido impuesta por Estados Unidos. Cheltenham House trabaja en estrecha conexión con los servicios norteamericanos de espionaje de la CIA.

Según el juez Glidewell, "en interés de la justicia natural", el Gobierno debió haber consultado previamente a los sindicatos, algo a lo que la primera ministra, Margaret Thatcher se negó con tozudez.