Algunos inculpados conocen ya la querella sobre la anterior gestión de Banca Catalana

La Audiencia Territorial de Barcelona trasladará en las próximas horas al domicilio de cada uno de los 25 ex consejeros de Banca Catalana el escrito de la querella por los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida interpuesta por el ministerio fiscal y recientemente aceptada a trámite por la propia Audiencia. Algunos de los inculpados conocen ya, sin embargo, el texto íntegro de la acusación. Antes del envío del escrito, los instructores de la causa deberán resolver algunos de los problemas burocráticos pendientes, entre los que se encuentra, al parecer, la contratación del personal...

La Audiencia Territorial de Barcelona trasladará en las próximas horas al domicilio de cada uno de los 25 ex consejeros de Banca Catalana el escrito de la querella por los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida interpuesta por el ministerio fiscal y recientemente aceptada a trámite por la propia Audiencia. Algunos de los inculpados conocen ya, sin embargo, el texto íntegro de la acusación. Antes del envío del escrito, los instructores de la causa deberán resolver algunos de los problemas burocráticos pendientes, entre los que se encuentra, al parecer, la contratación del personal judicial subalterno encargado de entregar a los inculpados los sobres conteniendo la acusación.

La precariedad de medios y la falta de personal son, por ahora, los principales escollos que se han visto obligados a soslayar los instructores de la causa. Los magistrados Ignacio de Lecea, Enrique Anglada y Cesáreo Rodríguez Aguilera y los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena se reunieron ayer en el despacho de la presidencia durante tres cuartos de hora para examinar y resolver algunos de estos problemas. La reunión, que se inició a las 11.15 horas finalizó a las doce. En el ínterin, la actividad judicial de la Sección Sexta de lo Penal, de la que es magistrado Enrique Anglada, y de la Sección Segunda de lo Civil, donde desempeña las tareas de Lecea, quedó interrumpida.Al finalizar la sesión de trabajo, Rodríguez Aguilera informó del carácter "no oficial" de la reunión y añadió que se había decidido habilitar la residencia oficial del presidente de la Audiencia Territorial como juzgado para instruir la querella. La medida ha sido calificada como de "urgencia", no tiene precedentes en la historia judicial de Cataluña y es posible gracias a que el actual presidente de la Audiencia reside en su domicilio particular desde que tomó posesión de su cargo.

Una entrada discreta

El nuevo juzgado de instrucción es una lujosa y amplia vivienda de más de 200 metros cuadrados, situada en el último piso del viejo Palacio de Justicia. El piso, que sufrió algunas mejoras y reformas durante el mandato del anterior presidente, Antonio, Gómez Reino, tiene su entrada principal por la calle de Buenaventura Muñoz, a espaldas de la puerta que habitualmente utilizan los profesionales del Derecho y el público en general. Todas estas características permitirán que los inculpados y los testigos que deban acceder al juzgado puedan hacerlo de manera discreta. Rodríguez Aguilera añadió que, en principio, sólo se utilizarían tres de las habitaciones de la vivienda.Algunas fuentes aseguran que entre las posibilidades de ubicación del juzgado se barajó la de utilizar la biblioteca de la Presidencia de la Audiencia, donde habitualmente se celebran las conferencias de Prensa. Esta posibilidad tuvo que ser rechazada, al haberse destinado la dependencia para albergar el nuevo equipo de profesionales que se dedicará a la traducción de textos jurídicos al catalán y que está subvencionado por la Generalitat.

Resuelto ya el problema del local, los instructores de la causa se encuentran ante el difícil problema de la contratación del personal subalterno. Algunos de los contactos realizados por el secretario, que es el mismo de la Sección Primera de lo Civil, con los auxiliares, han fracasado. El problema de las vacaciones de verano y las exiguas bonificaciones económicas que percibirían éstos son algunas de las razones esgrimidas para rechazar la propuesta.

En los pasillos del Palacio de Justicia algunos funcionarios comentaban ayer con indignación la propuesta de trabajo y explicaban que el oficial y el agente judicial encargados de la instrucción del sumario contra los dos magistrados acusados de cohecho se han visto obligados a desempeñar, además, sus tareas habituales, recibiendo por el trabajo extra una asignación que oscila entre las 10.000 y las 6.000 pesetas mensuales, cantidades que perciben con un retraso de medio año.

El presidente de la Audiencia Territorial no escondió ayer estos problemas y aseguró que le preocupaba la falta de personal auxiliar -agentes y porteros- y que pensaba hacer una reclamación formal al respecto. Añadió que no había ninguna partida para atender los gastos económicos que pudieran derivarse de la instrucción de esta causa y esbozó una sonrisa cuando se le preguntó quién pagaría las horas extras de los funcionarios.

Mientras se solventaban algunos de estos problemas, la Audiencia Territorial de Barcelona cumplimentó un requisito más de la instrucción de la querella de Banca Catalana, al hacer entrega al ministerio fiscal del auto de admisión de la acusación. El documento fue entregado a las 12.30 horas al fiscal jefe, Alejandro Sanvicente, quien, a su vez, lo trasladó a los dos fiscales.

La polémica jurídica

Como telón de fondo de todo este movimiento judicial se vislumbra la polémica jurídica anunciada ayer por este diario en tomo a la práctica de pruebas documentales y la declaración de los inculpados. Según la ley de Enjuiciamiento Criminal, la declaración de los inculpados antecede a la aportación de pruebas documentales. Sin embargo, un sector de los letrados relacionados con el caso estaría interesado en aportar las pruebas documentales previamente, quizá con la esperanza de poder obviar la declaración de algún inculpado.En medios jurídicos se asegura que el juez instructor de una causa -en este caso, el pleno de la Audiencia Territorial- es quien debe tomar la decisión.