Impedir cobrar más de un sueldo público, idea básica del proyecto

El proyecto de ley declarado inconstitucional establecía la incompatibilidad del mandato de diputados y senadores con el desempeño "por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto cargo o actividad públicos, retribuidos mediante sueldo, arancel o cualquiera otra forma, salvo los autorizados en la Constitución y en esta ley orgánica". El texto impugnado detallaba algunos casos concretos de incompatibilidad y exigía a los actuales parlamentarios optar, en el plazo de dos meses, por el escaño o por el puesto o actividad incompatible.El texto aprobado definitiva mente por el Parlamento el 2...

El proyecto de ley declarado inconstitucional establecía la incompatibilidad del mandato de diputados y senadores con el desempeño "por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto cargo o actividad públicos, retribuidos mediante sueldo, arancel o cualquiera otra forma, salvo los autorizados en la Constitución y en esta ley orgánica". El texto impugnado detallaba algunos casos concretos de incompatibilidad y exigía a los actuales parlamentarios optar, en el plazo de dos meses, por el escaño o por el puesto o actividad incompatible.El texto aprobado definitiva mente por el Parlamento el 20 de diciembre de 1983 -por 198 votos a favor, 100 en contra y 17 abstenciones- disponía que los diputados y senadores no podrían percibir mas de una remuneración con cargo a los presupuestos, entre otros, de las administraciones públicas, sus órganos autónomos, entes públicos y empresas con participación pública mayoritaria, ni optar por percepciones correspondientes a puestos incompatibles sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que en cada caso corresponda por los compatibles.

La condición de diputado o senador se declaraba incompatible tanto con el ejercicio de la función pública como con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio. La incompatibilidad de los parlamentarios con la condición de funcionarios, magistrados, militar o policía determinarían el pase a la situación administrativa o laboral que correspondiera.