La Fiscalía del Estado confirma la acusación contra Jordi Pujol por apropiación indebida en Banca Catalana

El fiscal general de¡ Estado, Luis Antonio Burón Barba, confirmó ayer la acusación contra Jordi Pujol y otros 24 antiguos directivos de Banca Catalana, por los presuntos delitos de falsedades documentales y contables y apropiaciones indebidas, por un importe mínimo de 20.000 millones de pesetas, de acuerdo con la querella presentada por la mañana ante la Audiencia Territorial de Barcelona. Por lo que se refiere a Pujol, el delito que se le imputa es el de apropiación indebida en el período comprendido entre 1974 y 1977. Por otra parte, Barón aseguró que, aunque tuvo informado al Gobierno de la...

El fiscal general de¡ Estado, Luis Antonio Burón Barba, confirmó ayer la acusación contra Jordi Pujol y otros 24 antiguos directivos de Banca Catalana, por los presuntos delitos de falsedades documentales y contables y apropiaciones indebidas, por un importe mínimo de 20.000 millones de pesetas, de acuerdo con la querella presentada por la mañana ante la Audiencia Territorial de Barcelona. Por lo que se refiere a Pujol, el delito que se le imputa es el de apropiación indebida en el período comprendido entre 1974 y 1977. Por otra parte, Barón aseguró que, aunque tuvo informado al Gobierno de las investigaciones realizadas, el Ministerio Fiscal actuó con plena autonomía funcional y se ajustó al principio de legalidad y al interés público y social.

Burón aseguró que en ningún momento realizó una consulta formal al Gobierno, al que, sin embargo, tuvo informado sobre la investigación en curso. Dijo que la dependencia administrativa y el carácter orgánico de la comunicación con el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, no obstan para que las decisiones sobre el fondo de los asuntos se adopten con la autonomía que consagran la Constitución y las leyes. Además, dijo, "yo intento actuar siempre en el ámbito de mis propias competencias, sometido sólo a los principios de legalidad y al interés público y social".Reconoció que el informe del Banco de España, así como otros documentos que han pesado en la preparación de la querella, los recibió del Gobierno, "en cumplimiento de la obligación de todas las autoridades, cuando tienen conocimiento de la posible existencia de un delito, de comunicarlo a los tribunales o al fiscal". En cuanto a la decisión de presentar la querella, Burón dijo que informó verbalmente al Gobierno sólo después de la reunión celebrada en Madrid el pasado 18 de mayo (de la que EL PAIS informó al día siguiente), y por escrito el pasado martes 22 de mayo. Negó que en estos con tactos el Gobierno le diera luz verde. "Yo informé al Gobierno, como es mi obligación, y no se me hizo ninguna indicación", dijo.

La implicación de Pujol

Sobre el grado concreto de participación en los hechos del presidente de la Generalitat -Burón se refirió a él, al ofrecer la lista de implicados, con el tratamiento de "muy honorable señor Pujol"-, el fiscal general del Estado explicó que no se había "desbrozado" todavía, pero que la querella ha tenido en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual "los miembros de los consejos de administración, los administradores de las sociedades, son en principio responsables de todo lo que ocurre en el ámbito de la administración, responsabilidad compartida con los altos ejecutivos".

Según la información facilitada por Burón, la investigación fiscal abarca desde 1968 a 1982, pero la posible participación de Pujol en los hechos se circunscribe al delito de apropiación indebida -que prescribe a los 10 años- en el período que va desde 1974 hasta el momento en que cesó en sus responsabilidades en Banca Catalana, en 1977. En cuanto a los delitos de falsedades documentales y contables de los que se acusa a otros querellados, Pujol queda en principio excluido, ya que dichos delitos prescriben a los cinco años.

Respecto a las supuestas objeciones a la querella por parte del fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Burón dijo que Alejandro Sanvicente no planteó objeciones formales, sino que "era consciente de la importancia del tema y quería contar conmigo y con mis instrucciones, que yo le he dado, porque así me corresponde". El fiscal general del Estado recordó que fue el propio Sanvicente quien propuso a Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena para que se encargaran del asunto, y anunció que se mantendrá a estos dos fiscales, en la tramitación de la querella, "en consulta conmigo en caso de perplejidad", precisó.

Burón justificó. el momento de la presentación de la querella y el ritmo seguido por la investigación, teniendo en cuenta que los informes económicos se recibieron en marzo de este año y que para complementar la querella con argumentos jurídicos fueron precisos más de 500 otros documentos y certificados del registro mercantil, cuya obtención autorizó. Añadió que finalmente, en la reunión del pasado día 18, Burón aprobó el borrador de querella elaborado por los dos fiscales citados, "con algunos retoques". El fiscal general del Estado señaló más tarde que cualquier decisión que hubiera tomado, tanto parar la querella como autorizarla, habría tenido repercusiones públicas. "Como la noticia de la muerte de un familiar, cualquier momento es malo para darla", dijo.

Pruebas y recursos

Entre las diligencias propuestas en la querella figura la declaración de los querellados y una serie de oficios a Banca Catalana, así como al Banco Industrial de Cataluña y a otras personas relacionadas con los hechos. Burón explicó que además de estas pruebas deberán practicarse "las que se deriven" de la causa y las que sean consecuencia de los descargos realizados por los querellados.

Preguntado por la posibilidad de que la querella sea desestimada, Burón anunció: "Si los argumentos del tribunal no nos convencen, tendremos que recurrir". En principio, se presentaría el recurso de súplica ante la propia Audiencia Territorial, y si el Tribunal Supremo asumiera la competencia, la fiscalía recurriría ante el alto tribunal.

El fiscal general del Estado celebró la conferencia de prensa en su despacho oficial y durante la misma actuó con aire relajado, aun que no ocultó que le había disgustado la anticipación de la noticia Ante la abundancia de preguntas de los informadores, pidió a un secretario que le acercara los cigarrillos, "porque yo creía", comentó, "que esto no duraría tanto". A una pregunta sobre si se habían valorado las implicaciones políticas de la querella dirigida, entre otros, contra el presidente en funciones, de la Generalitat, Burón contestó, sonriente: "Era tan visible que tampoco había que ir a Salamanca para darse cuenta". Con gesto más serio replicó así a la pregunta sobre si La Zarzuela se había interesado ante la fiscalía por la querella: "Un no rotundo".

Presentación de la querella

El fiscal-jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, presentó a mediodía de ayer la querella ante el Pleno de la Audiencia Territorial, en cuyo nombre la recibió su presidente, Cesáreo Rodríguez-Aguilera. El pleno de la Audiencia será convocado inmediatamente, seguramente para el lunes o martes próximos. La primera decisión que debe tomar es si se estima competente o no. En la reciente querella contra Jordi Pujol interpuesta por el hoy diputado socialista Josep María Bricall, el pleno se consideró incompetente, tras una reñida votación. En esta ocasión podría suceder lo contrario, dado que la diferencia en aquella ocasión fue solamente de tres votos, sobre más de 40 asistentes.

Inmediatamente después de la presentación de la querella, la fiscalía emitió un comunicado en el que daba cuenta de la presentación de la querella e indicaba que los fiscales, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Alvarez serán los que -a designación de Burón Barba- intervendrán en las diligencias a que pueda dar lugar la querella.

Por otra. parte, la Comisión Permanente de la Asociación de Fiscales, sección de Cataluña, que preside José María Romero de Tejada, emitió un comunicado defendiendo el carácter técnico e imparcial de la actuación fiscal en este asunto: "En todas sus actuaciones", reza el texto, "el ministerio fiscal se rige inspirado por los principios de legalidad, imparcialidad e independencia funcional, con plena autonomía en cuanto a su quehacer profesional ( ... ), principios éstos que han guiado su actuación en el presente caso".

En medios jurídicos de Barcelona causaron asombro, en contraste con la digna actitud mantenida por Jordi Pujol, las declaraciones realizadas en la noche del martes por Miquel Roca en el Congreso de los Diputados., Preguntado el fiscal general del Estado, restó importancia a las afirmaciones de Roca y explicó el tono de las mismas como consecuente con "la lucha política".