El Grupo Popular rechaza el sistema de retribuciones previsto para los funcionarios

El proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que debía ser un texto modernizador y progresivo, es "mucho más reaccionario y cavernícola en la regulación de las retribuciones del personal de la Administración que la normativa vigente", según declaró ayer, en la comisión del Congreso que dictamina el proyecto, el portavoz del Grupo Popular, Arturo García Tizón. Estos adjetivos, que fueron replicados y tachados de demagógicos por el partido del Gobierno, constituyeron el punto más relevante de una sesión que transcurrió sin especiales tensiones.En dos horas y media, de 8 a...

El proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que debía ser un texto modernizador y progresivo, es "mucho más reaccionario y cavernícola en la regulación de las retribuciones del personal de la Administración que la normativa vigente", según declaró ayer, en la comisión del Congreso que dictamina el proyecto, el portavoz del Grupo Popular, Arturo García Tizón. Estos adjetivos, que fueron replicados y tachados de demagógicos por el partido del Gobierno, constituyeron el punto más relevante de una sesión que transcurrió sin especiales tensiones.En dos horas y media, de 8 a 10.30 de la mañana, los miembros de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del Congreso dictaminaron ayer, con escasísimas variaciones sobre el texto remitido por la ponencia, los capítulos cuarto (artículos sobre selección y provisión de puestos de trabajo) y quinto (artículos 22 y 23 sobre retribuciones) del proyecto de ley. La importancia de los temas dictaminados en tan corto período de tiempo refleja el escaso debate que tuvo lugar y reafirma la impresión de que el Grupo Popular reserva el grueso de sus argumentos dialécticos para el Pleno del Congreso.

Respecto al capítulo cuarto, el Grupo Popular insistió en distintas correcciones técnicas, y expresó en varias ocasiones su temor a que la selección o promoción del personal quede excesivamente al arbitrio de los gobernantes. Las minorías catalana y vasca, en sus intervenciones, insistieron en defender atribuciones para las comunidades autónomas, y en solicitar -en palabras del portavoz vasco- criterios de promoción más amplios que el mero concurso de méritos para impedir el posible acceso de paranoicos o desequilibrados a puestos de mando.

La mayoría socialista derrotó todas las enmiendas, a excepción de algunas mínimas concesiones, como la introducción de un plazo de 15 días para la presentación de solicitudes a convocatorias de plazas (aceptada a Minoría Catalana) o la sustitución de "vacantes existentes" por "vacantes convocadas" en las promociones internas (aceptada al Grupo Popular).

El capítulo cuarto, en síntesis, regula que la Administración seleccionará su personal funcionario o laboral mediante convocatoria pública y a través de concurso u oposición. Los puestos adscritos a funcionarios se proveerán por concurso (sistema normal) o por libre designación con convocatoria pública.

Las mayores críticas se produjeron en el capítulo quinto, que divide las retribuciones en básicas y complementarias. Todos los grupos de la oposición -a excepción del centrista- manifestaron reparos a la introducción de un complemento de productividad.