Los funcionarios reconocen que hubo error en el intento de cobrar casi dos millones por plusvalía

Los funcionarios de la Oficina Gestora del Arbitrio de Plusvalía del Ayuntamiento de Madrid han reconocido, en un escrito difundido el viernes, su error al calcular la liquidación del arbitrio de plusvalía de Rodríguez; Vicente, al que, por un fallo humano, pasaron al cobro la cantidad de 1.900.820 pesetas, en lugar de las 6.083 que realmente te correspondían. Los 64 funcionarios que firman el escrito puntualizaron, sin embargo, que el citado vecino dejó, en cierta forma, que el error no fuera subsanado, al no presentar reclamación por escrito durante cuatro años, tal y como le permite la norm...

Los funcionarios de la Oficina Gestora del Arbitrio de Plusvalía del Ayuntamiento de Madrid han reconocido, en un escrito difundido el viernes, su error al calcular la liquidación del arbitrio de plusvalía de Rodríguez; Vicente, al que, por un fallo humano, pasaron al cobro la cantidad de 1.900.820 pesetas, en lugar de las 6.083 que realmente te correspondían. Los 64 funcionarios que firman el escrito puntualizaron, sin embargo, que el citado vecino dejó, en cierta forma, que el error no fuera subsanado, al no presentar reclamación por escrito durante cuatro años, tal y como le permite la normativa vigente.

Asimismo, los funcionarios firmantes expresan su malestar por las actuación de Alfredo Tejero, delegado municipal de Hacienda, quien ha ordenado la apertura de un expediente investigador sin ¡presentar convenientemente a la opinión pública, según los funcionarios firmantes, las circunstancias atenuantes que pudienan evitar en parte el daño de imagen como trabajadores de la Administración pública.El escrito en cuestión señala que la liquidación del arbitrio de plusvalía "es muy compleja y variable, por la diversidad de factores que intervienen y la dificultad para reunir todos ellos: superficie del terreno, parte del mismo que transmite -si no la totalidad-, fecha de adquisición, valoraciones del terreno en esa fecha y en la que se produce la trarismisión que cierra el período impositivo, beneficios fiscales, etcétera".

En el caso concreto de Jesús Rodríguez, el colectivo de funcionararios de la oficina de plusvalía, tras reconocer que hubo un fallo indudable, señala que el interesado no utilizó tampoco los medios que la normativa le permite para efectuar las reclamaciones, ya sea un recurso de reposición ante el alcalde o una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo.

Un funcionario que actuó como portavoz de sus compañeros señaló que cada año se vienen practicando unas 75.000 declaraciones, que los medios materiales con que trabajan no son los más idóneos y el personal de la oficina es cada vez menor. "En estas circunstancias puede ser más disculpable", adujo dicho funcionario, "que una reclamación que se presentó sólo de forma verbal pudiera ser olvidada o traspapelada".

Reaccionó ante el embargo

Jesús Rodríguez, señala el escrito, reaccionó por fin adecuadamente cuando, al recibir la notificación de embargo, en diciembre de 1983, presenta una reclamación por escrito, la cual le fue sellada, incluyendo una anotación hecha a mano por el funcionario que le atendió indicando que estaba comprobado que se trataba de un error y que se subsanara. Esta copia sellada que se quedó el interesado debía haberla entregado al recaudador, siempre según se afirma en el escrito, cosa que no se hizo y no pudo originar, por tanto, la paralización del apercibimiento de apremio.Los funcionarios continúan su exposición manifestando su malestar por la "explotación sensacionalista y tergiversada" dada por algunos informadores, lo que, en su opinión, va en descrédito de la actuación de unos funcionarios "que a diario ponen todo su empeño, dedicación y profesionalidad al servicio de la corporación, que no es otro que el de los ciudadanos de Madrid".

Señalan los mismos funcionarios que el propio ayuntamiento les ha felicitado en varias ocasiones por su labor, fruto de la cual desde 1974 a 1983 se han expedido un millón de liquidaciones y recaudado, por este concepto, más de 20.000 millones de pesetas. El colectivo de la oficina se ha sentido más dolido por la decisión de abrir un expediente investigador "por un error humano, comprensible y disculpable".

Jesús Rodríguez compró en 1979 un piso situado en el número 2 de la calle de Fernández Shaw. La Administración le reclamó durante años el impuesto de plusvalía de la vivienda por valor de 1.900.820.