Los problemas de la seguridad ciudadana

CUANDO EL restablecimiento de la democracia era un objetivo, algunas voces señalaron que posiblemente sería más difícil la consecución de una justicia eficaz y de una policía solvente que el cambio de las estructuras políticas propiamente dichas.A los 10 meses de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y de las disposiciones que regulan la concesión de la libertad provisional, el incremento de los niveles de delincuencia ha hecho olvidar equivocadamente las razones que la justificaron. Por la estructura y modos de la justicia española, por una apreciable falta de medios, pero también p...

CUANDO EL restablecimiento de la democracia era un objetivo, algunas voces señalaron que posiblemente sería más difícil la consecución de una justicia eficaz y de una policía solvente que el cambio de las estructuras políticas propiamente dichas.A los 10 meses de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y de las disposiciones que regulan la concesión de la libertad provisional, el incremento de los niveles de delincuencia ha hecho olvidar equivocadamente las razones que la justificaron. Por la estructura y modos de la justicia española, por una apreciable falta de medios, pero también por una kafkiana concepción de lo que debía ser el trabajo de la burocracia judicial, muchos ciudadanos sufrían prolongadísimos plazos de prisión preventiva antes de que los jueces llegaran a establecer su inocencia o culpabilidad. Por la estructura y modos de la justicia española, la reforma -realizada en la dirección correcta-, en vez de servir para la aplicación de una política inteligente y justa de agilización de los procedimientos, y en vez de utilizarse para administrar las libertades provisionales razonables, ha sido capitalizada por la delincuencia habitual para poder reincidir sin miedo gracias a la ineficacia de nuestro aparato de Estado.

La situación ha llegado tan lejos (el último año en España ha aumentado el conjunto de la delincuencia en un 32%, mientras algunas especialidades -como los atracos- se incrementaban en un 100%) que se piensa en una reforma de la reforma de la ley. La propuesta de que el juicio de los presuntos delincuentes comunes no pueda demorarse más allá de los seis meses, recortando el actual plazo de 18, puede contribuir a devolver la seriedad a nuestra justicia. Pero sólo contribuir. Sería una ingenuidad pensar que con el remozamiento de unas cuantas leyes este país va a conseguir una Administración de la justicia correcta, ágil y democrática. En este terreno, las promesas pendientes del programa socialista son de urgente cumplimiento. La timidez del PSOE está resultando suicida. Un país que vive con la sensación de que la justicia no funciona diricilmente puede abordar con serenidad el resto de sus problemas, y cuanto más serios sean éstos, peor.

La gran tarea de los Gobiernos democráticos es constituir una administración eficaz. España ha optado libremente por una sociedad permisiva, y precisamente por esto se plantean problemas de estas características. Hay algunas voces fatuas en la sociedad española a las que se les llena la boca a la hora de hablar de los regímenes de libertades, pero que serían capaces de crear inmensos campos de concentración para no tener problemas de orden público. Conviene, por tanto, distinguir entre tanto bosque de íntoxicadores. Nuestro sistema político defiende los valores de las sociedades libres, y para impedir los rigores de la delincuencia no parece conviente regresar al derecho penal anterior a Cesare de Beccaria. Simplemente bastaría con racionalizar y modernizar el aparato de seguridad del Estado y modernizar la administracion de justicia. Éste es el verdadero reto de este Gobierno.

Al analizar el problema que hay al fondo de la inseguridad ciudadana es necesario denunciar la superficialidad de la mayor parte de las operaciones especiales y de los peinados de delincuentes que realizan los cuerpos policiales. Como en el caso de las dudosas interpretaciones judiciales, los enfrentamientos personales en las primeras filas de la cúspide policial, la descoordinación entre las diferentes policías y la Guardia Civil, la guerra fría entre cuerpos y entre grupos sindicales, que han tenido también puntual reflejo en los medios de comunicación, causarían la risa propia de un sainete si no enmarcaran el drama de los miles y miles de españoles que, mientras tanto, indefensos, sufren en sus carnes y bienes la violencia de los hechos. En un segundo nivel, ya más profundo, aun sabiendo que una buena parte de nuestro índice de criminalidad se lo debemos a la crisis económica y que, mientras no empiece a disminuir el desempleo, una de las principales causas objetivas de la delincuencia seguirá en pie, este país debe encararse al problema de la juventud, multiplicar la acción social desde los ayuntamientos y las administraciones autonómicas.

En todo este esquema es fundamental el funcionamiento de la Administración judicial. Incurriríamos en reserva mental si silenciáramos que los españoles no encuentran eficaz la actuación de sus jueces. El entramado burocrático, los procedimientos y formas que estructuran este poder básico de nuestra Constitución, carece, a juicio de los contribuyentes, de una imagen positiva.

El autogobierno de la magistratura es un sano principio. Actualmente existe un caso que, como en otras muchas ocasiones recientes, la prensa amarilla y la reaccionaria han tratado con el desparpajo que concede la mezcla de la ignorancia con la mala fe. Las presuntas irregularidades en la concesión de la libertad provisional al supuesto capo mafioso Bardelino (ver EL PAIS de 15 de febrero último) necesitan de una urgente información pública. La comunicación abierta de los resultados de la investigación de la sección de disciplina del Consejo General del Poder Judicial sobre la actuación de dos magistrados en este tema sería un buen sistema para conseguir una mayor confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

La delincuencia común es un problema generado en las sociedades libres, que se agudiza en circunstancias de recesión económica y a cuya solución deben coadyuvar todos los poderes del Estado en una acción eficaz. La organización privada del orden público es un mal sistema para garantizar la armonía social, y la historia enseña que se vuelve contra sus promotores.