La Administración estudia un decreto para facilitar a los inquilinos de Darsa la compra o el alquiler de sus viviendas

El Consejo de Estado se pronunciará en los próximos días sobre un proyecto de decreto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) por el que se establecen cauces de negociación entre la empresa inmobiliaria Darsa y los inquilinos sobre los que pesa una demanda de desahucio. Según el decreto, que de ser aceptado sería presentado al Consejo de Ministros, aquellos jubilados y viudas (265 en Madrid capital y 800 en toda España) que quieran comprar sus viviendas pagarían en torno al 30% de su precio.

El proyecto de texto legal establece también que los jubilados con pensiones inf...

El Consejo de Estado se pronunciará en los próximos días sobre un proyecto de decreto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) por el que se establecen cauces de negociación entre la empresa inmobiliaria Darsa y los inquilinos sobre los que pesa una demanda de desahucio. Según el decreto, que de ser aceptado sería presentado al Consejo de Ministros, aquellos jubilados y viudas (265 en Madrid capital y 800 en toda España) que quieran comprar sus viviendas pagarían en torno al 30% de su precio.

El proyecto de texto legal establece también que los jubilados con pensiones inferiores a las 43.000 pesetas que no quisieran adquirir el piso abonarían una renta muy baja, inferior al 20% del alquiler de un piso de protección oficial. Mientras tanto, prosiguen los juicios por desahucio promovidos por la inmobiliaria y el encierro de unos 600 afectados en una iglesia del paseo de Santa María de la Cabeza.El MOPU envió al Consejo de Estado un decreto para su dictamen preceptivo a mediados de diciembre de 1983, ante la decisión de Darsa de desahuciar por la vía jurídica a todos los inquilinos que, habiendo ocupado sus viviendas en los años 50 y 60 en virtud del puesto laboral que desempeñaban, se encuentran en la actualidad jubilados. En la misma situación están las viudas de trabajadores de empresas como Telefónica, Tabacalera, entidades bancarias y químicas.

Según informó Maximino Domínguez, asesor del ministro de Obras Públicas, el decreto propuesto establece que aquellas empresas, como Darsa, que quieran vender sus viviendas de protección oficial a viudas y jubilados podrán hacerlo siempre que los inquilinos estén de acuerdo y el precio no supere unos topes máximos fijados en función de la antigüedad de los pisos.

En el caso de Darsa, la mayor parte de los pisos afectados tienen entre 16 y 30 años, por lo que el precio de la vivienda sería el 30% del normalmente establecido para un piso de proteccióno ficial con características similares. Así, uno de los pisos de Darsa, de 58 metros cuadrados, en la plaza de Castilla, costaría unas 900.000 pesetas frente a los 3.500.000 pesetas que puede alcanzar hoy una vivienda en Alcorcón o Móstoles. Con objeto de evitar casos de especulación, el decreto fija un plazo de cinco años durante el cual las viviendas no podrán ser revendidas. Para aquellos jubilados y viudas que no quieran comprar el piso y tengan unos ingresos inferiores a 1,2 veces el salario mínimo interprofesional -por debajo de las 43.000 pesetas mensuales, aproximadamente-, se fija una renta máxima no superior al 20%. de la estipulada por la ley para pisos similares. La aceptación de este punto es condición para que el MOPU autorice a las empresas la venta de viviendas de protección oficial.

Darsa, por otra parte, quedaría autorizada para vender el resto de sus viviendas de protección oficial a aquellos inquilinos que desearan comprarlas y no estuvieran afectados por el decreto. Según las negociaciones que se mantenían a finales de diciembre, Darsa tenía la intención de vender estas viviendas al mismo precio que había ofertado tres meses antes, en torno a 1.400.000 pesetas.

Sin embargo, las negociaciones quedaron interrumpidas el pasado día 10, a raíz de la celebración de los primeros juicios contra cuatro inquilinos. Hasta ese momento, Darsa había manifestado su conformidad con el decreto y había ofrecido conceder a los jubilados y las viudas con pensiones bajas un derecho de habitación vitalicio y gratuito. Este derecho es estrictamente personal, por lo que, a la muerte de los beneficiarios, la vivienda no podría pasar a sus familiares directos, como ocurre con los pisos alquilados.

Los inquilinos, por su parte, según manifestó uno de sus portavoces, mantienen su desacuerdo con el contenido del decreto. Los afectados creen que los precios fijados por la Administración son muy altos.