Los trabajadores de MASA responsabilizan a Vilà Reyes de la mala gestión de la empresa
El comité de empresa Manufacturas Arga, SA (MASA) ha responsabilizado a Juan Vilá Reyes, gerente de la misma, de la mala gestión de la empresa, cuyas deudas ascienden a 1.000 millones de pesetas. Los miembros del comité precisaron que los 200 trabajadores de MASA no han percibido los salarios correspondientes a la mitad de noviembre y diciembre, y que las deudas que la empresa tiene con sus operarios ascienden a unos 70 millones de pesetas.La empresa MASA, según los representantes de los trabajadores, adeuda a la Seguridad Social unos 350 millones de pesetas, 100 millones a la Diputación Foral...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El comité de empresa Manufacturas Arga, SA (MASA) ha responsabilizado a Juan Vilá Reyes, gerente de la misma, de la mala gestión de la empresa, cuyas deudas ascienden a 1.000 millones de pesetas. Los miembros del comité precisaron que los 200 trabajadores de MASA no han percibido los salarios correspondientes a la mitad de noviembre y diciembre, y que las deudas que la empresa tiene con sus operarios ascienden a unos 70 millones de pesetas.La empresa MASA, según los representantes de los trabajadores, adeuda a la Seguridad Social unos 350 millones de pesetas, 100 millones a la Diputación Foral de Navarra en concepto de retenciones sobre la renta, 25 millones al Ayuntamiento, 60 millones a proveedores y otros 220 millones al propio Vilà Reyes.
Los trabajadores de MASA no quieren que la empresa se fusione con Iwer Navarra, SA, sociedad anónima laboral que es sucesora de la antigua Matesa, y a la que Vilà Reyes aportará un telar de nueva tecnología. "De ocurrir eso", puntualizaron, "MASA seguirá siendo el escaparate y el capazo de las deudas".
Juan Vilà Reyes declaró a Efe que se encontraba sorprendido por las afirmaciones del comité y que estaba convencido que en todo ello hay una maniobra política contra el lanzamento de Iwer. Explicó que si los datos aportados por el comité son falsos se habría producido un presunto delito de difamación y que en el caso de que resulten verdaderos habría incumplido el secreto profesional, regulado en los artículos 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores.