La polícia ha abierto una investigación ante la sospecha de que el magistrado Jerónimo Arozamena haya sido espiado
La policía ha iniciado una investigación oficial ante la sospecha de que el magistrado Jerónimo Arozamena Sierra, vicepresidente del Tribunal Constitucional y ponente del caso Rumasa, haya sido vigilado en los últimos meses por miembros del servicio de contraespionaje, según supo EL PAÍS. La investigación, que aún no ha sido cerrada, según fuentes oficiales, parte del descubrimiento de un piso operativo del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en un inmueble contiguo a la vivienda del citado magistrado.
El piso ocupado por el CESID, situado en el número 21 de la madrileñ...
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La policía ha iniciado una investigación oficial ante la sospecha de que el magistrado Jerónimo Arozamena Sierra, vicepresidente del Tribunal Constitucional y ponente del caso Rumasa, haya sido vigilado en los últimos meses por miembros del servicio de contraespionaje, según supo EL PAÍS. La investigación, que aún no ha sido cerrada, según fuentes oficiales, parte del descubrimiento de un piso operativo del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en un inmueble contiguo a la vivienda del citado magistrado.
El piso ocupado por el CESID, situado en el número 21 de la madrileña calle de Cervantes, en las proximidades de las Cortes, fue alquilado a nombre de Ángel García. Este piso fue abandonado después de que la escolta policial de Jerónimo Arozamena descubriera movimientos sospechosos en las proximidades de la vivienda del magistrado.Jerónimo Arozamena, de 69 años y vicepresidente del Tribunal Constitucional desde 1980, vive en un edificio de cinco alturas, situado en el número 6 de la calle del Duque de Medinaceli, frente a una de las fachadas laterales del hotel Palace. El inmueble hace esquina con la calle de Cervantes y se adentra en ella. Justamente en el edificio colindante, concretamente el número 21 de la citada calle, es donde ha sido descubierto el piso en el que operaban los miembros del CESID.
Según informaciones que posee este periódico, la policía no llegó a descubrir el piso del CESID hasta primeros de noviembre, aunque para entonces ya se tenían sospechas de que en algún lugar del inmueble se realizaban actividades que supuestamente han podido estar relacionadas con la vivienda del magistrado.
Sin embargo, el CESID sí detectó que la policía había iniciado investigaciones sobre los inquilinos del edificio, y es probablemente por ello por lo que decidió cancelar las misiones que realizaba en el piso, que ha sido nuevamente alquilado a una empresa dedicada a trabajos de impresión. El alquiler de estos pisos, dedicados a oficinas, lo tramita una agencia imobiliaria situada en la plaza del Conde del Valle Suchil, número 15, de Madrid, de la que es titular Antonio Lázaro Garma.
Eusebio García, conserje del inmueble de la calle de Cervantes, manifestó a este periódico que a su vuelta de vacaciones, el individuo que siempre se identificó como Angel García le hizo entrega de la llave del piso, alegando que tenía que dejar "el negocio" porque había tenido un accidente y llevaba un brazo escayolado.
En opinión del conserje, que ocupa un pequeño cuarto dedicado a portería en la planta baja del inmueble, durante todo el mes de octubre y parte de noviembre, con intervalos de 15 días aproximadamente, se han venido presentando en el edificio funcionarios de policía que preguntaban por las diférentes oficinas allí instaladas. "En un principio creí que estaban investigando algo relacionado con una agencia matrimonial que hay aquí", dijo, "pero la sorpresa me la llevé el pasado viernes, cuando se presentó en la portería una persona que se identificó como comisario del Cuerpo Superior de Policía y a quien acompañaba el hombre del brazo escayolado".
Eusebio García indicó que además del comisario y del hombre del brazo escayolado acudieron a la portería otras cuatro personas, que, según su testimonio, le pareció que eran funcionarios del Cuerpo Superior de Policía. El conserje identificó al hombre del brazo escayolado como Ángel García, el inquilino del piso. "Me dijo que le habían hecho venir de Sevilla, donde estaba con su madre, para todo este asunto. Yo no entendí nada y se fueron".
El local ocupado por el CESID lleva el número 5 de la segunda planta del inmueble, según informó el conserje; había sido arrendado con anterioridad a unos hermanos que tienen un negocio de joyería, y está situado a un nivel próxirilo al que habita, en la casa coliadante, el magistrado Arozamena. Fue alquilado por 16.000 pesetas, y a él acudían diariamente, en horario comprendido entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, dos personas jóvenes, una de las cuales es el citado Ángel García, y otra de mediana edad.
La vivienda del magistrado está situada en el tercera planta, -la primera es el entresuelo- y, aunque tiene entrada por la calle del Duque de Medinaceli, cuenta con habitaciones que dan a la calle de Cervantes, justamente junto al edificio donde ha sido descubierto el piso del CESID. Está custodiada por dos miembros de la Policía Nacional, que permanecen durante todo el día en un pequeño cuarto habilitado como portería, y de vez en cumdo patrullan por las in,mediacienes automóviles policiales.
La calle de Cervantes, dada su proximidad al Congreso de los Diputados, es muy frecuentada por parlamentarios de distinto signo político. El diputado vasco Juan María Bandrés tiene sir domicilio en Madrid en esta misma calle.
El Gobierno está enterado
Al menos tres altos cargos del Ministerio del Interior conocen este caso, aunque fueron muy poco precisos en la aportación de detalles y se limitaron a confirmar el descubrimiento del piso por parte de la policía. Uno de estos altos cargos declaró que efectivamente, se había iniciado una investigación, ante la sospecha de que el magistrado Jerónimo Arozamena pudiera haber sido sometido a vigilancia, y añadió que aún no había sido cerrada.
Ante una pregunta de este periódico, el portavoz del Ministerio del Interior manifestó que según el director general de la Policía, Rafael del Río, "se confirma la localización del piso y se está efectuando una investigación, policial acerca del mismo".
Tanto en el Ministerio del Interior como en el de Defensa se aseguró a este periódico que se trataba de un asunto "muy delicado". Durante el lunes se recibieron en esta redacción presiones diversas para evitar que el tema saltara a la luz. Pese a la invocada "delicadeza", un alto funcionario de Defensa confirmó que el piso había sido utilizado por el CESID, pero descartó cualquier supuesta actividad de espionaje en tomo a la persona del ponente del caso Rumasa dentro del Tribunal Constitucional. También dijo que la misión de los ocupantes estaba relacionada con tareas de seguimiento de automóviles.
El lunes no fue posible entrar en contacto directo ni con el CESID ni con el magistrado, a pesar de que en uno y otro caso se dejó constancia del deseo de contrastar la información que se poseía. Ayer por la mañana se recibieron llamadas en esta redacción de miembros del CESID dispuestos a dar su versión de los hechos, que se recoge en una información adjunta en esta misma página. El magistrado Arozamena recibió anoche a un redactor de este periódico, pero prefirió no hacer ningún tipo de declaración.
Espiado en otra ocasión
Jerónimo Arozamena, vicepresidente del Tribunal Constitucional desde 1980 a propuesta del Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), es uno de los magistrados que han votado favorablemente al decreto-ley de expropiación de Rumasa, en el que ha actuado como ponente.
Con fecha 15 de mayo de 1980, este periódico publicó una información en la que se daba cuenta de que una serie de miembros de la carrera judicial había sido investigada por los servicios policiales. Junto al hoy vicepresidente del Tribunal Constitucional figuraban como investigados por la policía. los magistrados Antonio Carretero Pérez y Clemente Auger Liñán, los fiscales Jesús Vicente Chamorro y José Antonio Martín Pallín y el actual director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato.
Aquella información, que fue ampliada en días posteriores por los medios de comunicación, extendía también las investigaciones policiales a algunos parlamentarios. En aquella ocasión, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) difundió un comunicado calificando de "aberrante" el método utilizado por la policía, y anunció que se reservaba las acciones parlamentarias y legales pertinentes ante "este claro atropello de los derechos individuales realizado por el Ministerio del Interior".
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