Los trabajadores de Rania se adjudican la empresa en subasta por 208 millones
Los trabajadores de Central Lechera de Cataluña, que elabora y comercializa la leche Rania, se adjudicaron ayer los bienes de la empresa por 208 millones de pesetas en la subasta celebrada en la Magistratura de Trabajo número 1 de Barcelona. Los bienes fueron adquiridos por los dos tercios de la tasación, que se había fijado en 313 millones de pesetas, al no presentarse otra postura que la de los trabajadores. Con ello las perspectivas de viabilidad de la empresa han mejorado sensiblemente ya que se ha producido un aligeramiento de las deudas en más de 2.000 millones de pesetas.
La suba...
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Los trabajadores de Central Lechera de Cataluña, que elabora y comercializa la leche Rania, se adjudicaron ayer los bienes de la empresa por 208 millones de pesetas en la subasta celebrada en la Magistratura de Trabajo número 1 de Barcelona. Los bienes fueron adquiridos por los dos tercios de la tasación, que se había fijado en 313 millones de pesetas, al no presentarse otra postura que la de los trabajadores. Con ello las perspectivas de viabilidad de la empresa han mejorado sensiblemente ya que se ha producido un aligeramiento de las deudas en más de 2.000 millones de pesetas.
La subasta fue promovida a instancias de un colectivo de 405 trabajadores, que el pasado mes de julio presentaron una reclamación por un total de 298 millones de pesetas a Central Lechera de Cataluña por la deuda de los salarios del mes de junio de 1983, además de la paga extraordinaria y las vacaciones, y por una parte de los salarios correspindientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del mismo año.La empresa reconoció la deuda en el acto de conciliación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) pero al no efectuar el pago en el plazo previsto por la ley, los trabajadores instaron la vía de apremio. La realización de la subasta ha supuesto la inefectividad, a estos efectos, de la querella interpuesta por un grupo de acreedores que pretendía impedir la venta pública de los bienes, si bien queda pendiente la resolución del juez sobre el fondo de la querella.
La adquisición de los bienes de la empresa por parte de los trabajadores supone un cambio sustancial en las perspectivas de viabilidad de la misma. En efecto, antes de la subasta el pasivo de la empresa ascendía a más de 4.000 millones de pesetas, lo que significaba que la empresa estaba nuevamente en quiebra, con un desbalance de más de 2.000 millones de pesetas.
Adjudicación
Tras la adjudicación de la empresa por parte de los trabajadores, amparados en la preferencia de sus créditos, la única deuda pendiente es la constituida por los créditos hipotecarios y con organismos oficiales, contraídas éstas en la última etapa, que en total ascienden a unos 700 millo nes de pesetas.Pero los créditos de los acreedores privados y de los organismos públicos de la etapa anterior, que ascienden a más de 2.000 millones de pesetas, perderán su efectividad, al haberse agotado prácticamente el patrimonio embargable. Con la aportación del patrimonio conseguido en la subasta una parte de los trabajadores pertenecientes a la plantilla se incorporará a la Sociedad Anónima Laboral Lechera de Cataluña que un grupo de cinco trabajadores constituyó en julio pasado.
Situación financiera
La SAL, que desde agosto actuaba como arrendataria de las instalaciones de Central Lechera, pasará a ser ahora propietaria de la misma pero con la ventaja de que su situación financiera habrá mejorado sensiblemente, al haberse descargado de más de 2.000 millones de deudas. Algunas de éstas pertenecen a glnaderos cuyas perspectivas de cobro habían disminuido sensiblemente, dado el sistema legal de prelación de créditos.La nueva SAL contará a corto plazo con una importante inyección financiera constituida por unos 220 millones de pesetas, fruto de las indemnizaciones por despido que cobrarán del Fondo de Garantía los 287 trabajadores que integran la plantilla de la empresa.
Además, los trabajadores cuentan con otros 200 millones de pesetas, a través del Fondo Nacional de Protección al Trabajo que ofrece ayudas de 700.000 pesetas por cada trabajador.