Los problemas financieros de una concesionaria

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa) tiene problemas inmediatos que se suman a los que han llevado a la decisión del Gobierno de plantear la nacionalización como fórmula para salvar la crisis por la que atraviesa. La propia Aucalsa puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno en las empresas concesionarias de autopistas de peaje "su imposibilidad de hacer frente a los pagos cuyo vencimiento se produce en los próximos meses", ya que tiene agotado el techo de aval del Estado, lo que hace prácticamente imposible que consiga recursos para refinanciar su deuda.Las previsiones de ne...

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa) tiene problemas inmediatos que se suman a los que han llevado a la decisión del Gobierno de plantear la nacionalización como fórmula para salvar la crisis por la que atraviesa. La propia Aucalsa puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno en las empresas concesionarias de autopistas de peaje "su imposibilidad de hacer frente a los pagos cuyo vencimiento se produce en los próximos meses", ya que tiene agotado el techo de aval del Estado, lo que hace prácticamente imposible que consiga recursos para refinanciar su deuda.Las previsiones de necesidades financieras hasta el final del ejercicio ascienden a 3.500 millones de pesetas, suponiendo que se mantengan las deudas que la sociedad tiene actualmente a corto plazo y que ascienden a 5.000 millones de pesetas, de los que 2.700 se deben a Huarte y Compañía -principal accionista, con el 44%, y principal empresa encargada de la construcción-, y 1.200 millones de pesetas de socios financieros, principalmente del Banco Hispano Americano, segundo accionista de la sociedad con el 23%.

La solución que se estudia para hacer frente a este problema concreto, independiente de la nacionalización, pasa por la aportación de 1.500 millones de pesetas a Aucalsa por parte de los actuales socios, bien a través de una ampliación, bien mediante préstamos otorgados por los propios accionistas. Al tiempo, el crédito oficial concedería un préstamo de 2.000 millones de pesetas, que debería situarse en una cuenta intervenida.

El paso de la titularidad de la sociedad al Patrimonio llevaría aparejado que el Estado se haría cargo del crédito concedido por los socios, procediendo a su pago mediante cuotas anuales proporcionales a las pérdidas.