Los hermanos de José María Ruiz-Mateos demandan al Gobierno
Los cinco hermanos de José María Ruiz-Mateos -Zoilo, Rafael, Isidoro, María Dolores y Alfonso- presentaron ayer por la mañana, ante el Juzgado decano de Madrid, una demanda interdictal contra el Gobierno por el despojo de sus acciones en Rumasa. Cada uno de los hermanos del fundador de Rumasa poseía el 10% de las acciones del holding. Por otra parte, el juez Lerga, que decretó la busca y captura de José María Ruiz-Mateos, por no haberse personado el pasado día 10 de mayo, ha admitido "provisionalmente" la personación realizada aquel día por el procurador Francisco de Guinea en nombre y ...
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Los cinco hermanos de José María Ruiz-Mateos -Zoilo, Rafael, Isidoro, María Dolores y Alfonso- presentaron ayer por la mañana, ante el Juzgado decano de Madrid, una demanda interdictal contra el Gobierno por el despojo de sus acciones en Rumasa. Cada uno de los hermanos del fundador de Rumasa poseía el 10% de las acciones del holding. Por otra parte, el juez Lerga, que decretó la busca y captura de José María Ruiz-Mateos, por no haberse personado el pasado día 10 de mayo, ha admitido "provisionalmente" la personación realizada aquel día por el procurador Francisco de Guinea en nombre y representación del citado Ruiz-Mateos.La demanda de los hermanos del ex presidente de Rumasa será enviada probablemente hoy por el juez decano al Juzgado del número 18 de Madrid que admitió, el pasado lunes, el interdicto anterior presentado por José María Ruiz-Mateos para recuperar la posesión de sus bienes expropiados por el Estado el pasacio 23 de febrero. Esta tercera demanda contiene los mismos argumentos que las anteriores, aunque ampliados, sobre la inconstitucionalidad del decreto-ley expropiador pero no incluye el primer otrosí relativo a la petición al juez de secuestro de las acciones de Rumasa.
El interdicto lleva como documento adjunto la demanda que el Banco de Jerez, Banco del Norte, propiedad del Estado español, presentaron en los tribunales de Londres contra la familia Ruiz-Mateos. En esta demanda, los representantes del Gobierno reconocen que los hermanos Ruiz-Mateos son los únicos propietarios de Rumasa con anterioridad al 23 de febrero.
Perplejidad en los defensores
Por otra parte, la agencia Efe informó ayer que "el juez instructor del sumario Rumasa, Luis Lerga Gonzálbez, ha admitido con carácter provisional la personación del procurador Francisco de Guinea y Gauna, en representación de José María Ruiz-Mateos, según auto dictado recientemente".
Medios de la defensa confirmaron anoche que el procurador Francisco de Guinea no había recibido notificación alguna sobre el auto citado por Efe. Abogados de la defensa de Ruiz-Mateos manifestaron también "gran perplejidad al conocer el contenido del auto que, según la agencia Efe, ha dictado el juez Lerga ya que "nosotros no tenemos aún constancia de tal escrito". "Los escritos de cualquier sumario judicial", añaden medios de la defensa, "son secretos, al menos hasta que los conozcan las partes".
De este escrito judicial resulta, según Efe, que el pasado día 5 fue presentado en el juzgado un escrito de carácter privado, suscrito bajo el nombre de Ruiz-Mateos, con firma sin autentificar, en el que se designaba a los abogados Gonzalo Rodríguez Mourullo y Horacio Oliva García, al procurador Francisco de Guinea y Gauna y a Antonio Francisco García Díaz, a efectos de defensa y representación procesal de Ruiz-Mateos. El juez aplazó la toma de decisión sobre la solicitud, hasta la ratificación del escrito por el ex presidente de Rumasa.
Una segunda solicitud, análoga a la anterior, fue presentada por el procurador de Ruiz-Mateos, adjuntando un documento notarial, fechado en Londres, que llevaba unido otro con la rúbrica de apostilla redactado en idiomas extranjeros y sin traducción al español. El juez acordó devolver este documento para legitimación de la firma, como trámite previo a la resolución. Dicha providencia fue recurrida en reforma y subsidiariamente en apelación, formulándose incidente de nulidad de actuaciones desde el aplazamiento del primer escrito.
El juez Lerga ha considerado aconsejable dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener la traducción del documento-apostilla, y para que se informe si corresponde al de su naturaleza en el Reino Unido.