Las jornadas sobre administración de las autonomías concluyen hoy en Valencia

El presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Joan Prats, rnanifestó en Valencia que la sociedad moderna reclama una desburocratización, en la línea de la supresión de funcionarios emprendida por la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y por el Gobierno canadiense. Esta afirmación se produjo en el marco de las II Jornadas sobre Función Pública de las Comunidades Autónomas, que concluyen hoy, sábado, organizadas por el INAP y la Generalitat valenciana.Prats criticó el dramatismo con que se había enfocado el tema de las contrataciones de personal por parte de l...

El presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Joan Prats, rnanifestó en Valencia que la sociedad moderna reclama una desburocratización, en la línea de la supresión de funcionarios emprendida por la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y por el Gobierno canadiense. Esta afirmación se produjo en el marco de las II Jornadas sobre Función Pública de las Comunidades Autónomas, que concluyen hoy, sábado, organizadas por el INAP y la Generalitat valenciana.Prats criticó el dramatismo con que se había enfocado el tema de las contrataciones de personal por parte de las autonomías y el maniqueísmo por el que se achaca al irredento centralismo todos los males que padece la Administración española. Prats se pronunció por la creación de un marco de colaboración global entre el Estado y los Gobiernos regionales.

Otro representante de la Administración central, Vicente García, subdirector general de Transferencias de Medios del Ministerio de Administración Territorial, habló también sobre las burocracias en las autonomías. Sin dejar de reconocer la posibilidad de que estructuren una burocracia propia, afirmó que "las burocracias no se improvisan; son reformables y deben estar sometidas a un constante proceso de revisión y adaptación a las necesidades y fines del Estado y de la sociedad. El coste social, y desde luego político, aparte del económico, que acarrea la implantación de una burocracia pública, hace necesario actuar en este tema con suma cautela, innovando con toda la profundidad necesaria, máxime cuando el sistema político cambia sustancialmente".

Vicente García señaló las carencias de la LOAPA para clarificar la situación de los funcionarios traspasados, hecho que obliga a la promulgación de normas de rango legal que anticipen alguno de sus criterios. Por citar un ejemplo, la LOAPA no señala la transferencia automática de los funcionarios adscritos a los servicios centrales. "Ello es lógico y refleja la delicadeza y voluntad que el legislador tiene de respetar en todo lo posible la actual situación funcionarial". En el traspaso de funcionarios, García estima que se deben evitar perjuicios al colectivo burocrático estatal, con vías intermedias de indemnización a quien su traspaso implique cambio de residencia, e, incluso, de jubilación anticipada cuando un funcionario de cierta antigüedad no desee en modo alguno ser traspasado.

Los debates de las jornadas están centrando los criterios para la próxima elaboración del proyecto de ley básica estatal reguladora de la función pública, que debe marcar las pautas que corresponden al Estado en este tema, según el artículo 149 de la Constitución. Por su parte, las autonomías de formación más reciente no han establecido todavía una normativa propia.

Rafael Blasco, subsecretario de Presidencia de la Generalidad valenciana, ha asegurado que el Gobierno de esta comunidad aprobará, "en un par de meses como mínimo", unas normas provisionales de la función pública.