El Consejo de Guerra contra los implicados en el presunto intento golpista del 27-O puede celebrarse antes del verano
El consejo de guerra contra los implicados en las maniobras involucionistas preparadas para el 27 de octubre de 1982 puede celebrarse antes del verano, según estimaciones realizadas por los abogados defensores de los cuatro jefes militares procesados en la correspondiente causa. El ministro de Defensa, Narcís Serra, manifestó ayer a Radio Nacional de España que, dentro de unas semanas, concluirán las diligencias que practica el juez instructor de la causa, coronel José Muñoz.
Una vez concluidas las diligencias, el proceso pasará a la fase de plenario y, un mes y medio después aproximada...
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El consejo de guerra contra los implicados en las maniobras involucionistas preparadas para el 27 de octubre de 1982 puede celebrarse antes del verano, según estimaciones realizadas por los abogados defensores de los cuatro jefes militares procesados en la correspondiente causa. El ministro de Defensa, Narcís Serra, manifestó ayer a Radio Nacional de España que, dentro de unas semanas, concluirán las diligencias que practica el juez instructor de la causa, coronel José Muñoz.
Una vez concluidas las diligencias, el proceso pasará a la fase de plenario y, un mes y medio después aproximadamente, podrá celebrarse el correspondiente Consejo de Guerra. En cuanto el proceso pase a la fase de plenario, podrá desvelarse el sumario, mantenido en secreto hasta el momento. Serra señaló que, "con relativa frecuencia", despacha con el fiscal de la causa y recibe informes semanales sobre el ritmo de los trabajos.El Consejo de Guerra se celebrará en un establecimiento militar de Madrid, y estará formado por un general y varios coroneles. El general actuará como presidente de la Sala. Aunque todavía no ha sido designado el presidente, posiblemente recaiga el cargo sobre el general auditor de la I Región Militar (Madrid), Luis Tejada. No obstante, el capitán general de Madrid, teniente general Rafael Allendesalazar, máxima autoridad judicial militar en la Región, puede designar a otro general.
Sin pruebas concretas
Tras el paso anunciado por el ministro, los abogados defensores recibirán una copia del sumario y podrán proponer la práctica de las pruebas que crean oportunas. Por su parte, el fiscal elevará su escrito de acusación y, a continuación, podrá celebrarse el juicio.Se recuerda que los jefes militares procesados son los coroneles Manuel Muñoz y José Crespo, y los tenientes coroneles Jesús Crespo y Juan Fernández Hidalgo. Éste último se encuentra recluido en el castillo de Santa Catalina (Cádiz) y el resto en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), a donde habitualmente acude el líder ultraderechista Blas Piñar para visitar al coronel Muñoz. Los hermanos Crespo tienen como abogado defensor a Santiago Segura, defensor también de Milans del Bosch en el juicio del 23-F. El coronel Muñoz tiene como defensor a José Zugasti, abogado del capitán Juan Batista en el 23-F, y el defensor de Fernández Hidalgo es José María del Nido.
Tanto Segura como Del Nido manifestaron ayer a este periódico que, en su opinión, no existen pruebas concretas de que sus defendidos hayan participado en ninguna intentona golpista. De hecho, ambos comentaron que el juez instructor sólo ha interrogado a los procesados en cuatro o cinco ocasiones, y que las preguntas se encaminaron hacia reuniones mantenidas por los jefes militares. Manuel Muñoz y los hermanos Crespo admitieron haberse visto en alguna ocasión en una cafetería situada en la calle Fuencarral de Madrid, mientras Fernández Hidalgo dijo que se había visto en un restaurante de Valencia con el teniente coronel Crespo, perteneciente a su misma promoción.
En cuanto a las listas de militares encontradas en poder de algunos implicados, éstos han asegurado siempre que se trataba de una relación de compañeros de armas, para saber a quién le correspondía ascender en cada momento, así como para recordar en qué unidades estaban destinados. En los últimos meses, por otro lado, se han realizado una serie de pruebas caligráficas, para averiguar si figuraba la firma de Fernández Hidalgo en algunos "documentos comprometidos", pero, según fuentes de los defensores, se ha comprobado que no era así.