Las libertades y la reforma del Estado

EL PROGRAMA centrista pasa factura a los electores de los logros conseguidos durante la transición por UCD, autodefinida como "el partido de las libertades", y afirma, con injusticia en el exclusivismo, que ¿ha sido el partido capaz de realizar la transformación más importante de la historia de España, desde un régimen autoritario hacia, la democracia". En cualquier caso, nadie puede negar a UCD sus méritos durante el proceso constituyente ni regatearle el elogio por su explícito compromiso programático con "el mantenimiento de la integridad de la Constitución" y "la consolidación de las insti...

EL PROGRAMA centrista pasa factura a los electores de los logros conseguidos durante la transición por UCD, autodefinida como "el partido de las libertades", y afirma, con injusticia en el exclusivismo, que ¿ha sido el partido capaz de realizar la transformación más importante de la historia de España, desde un régimen autoritario hacia, la democracia". En cualquier caso, nadie puede negar a UCD sus méritos durante el proceso constituyente ni regatearle el elogio por su explícito compromiso programático con "el mantenimiento de la integridad de la Constitución" y "la consolidación de las instituciones democráticas".Las dificultades surgen al repasar la reciente historia del partido del Gobierno, cuya grave crisis le ha convertido en una confederación de facciones orientadas hacia el poder, más parecidas a las camarillas clientelistas de los partidos de la Restauración que a las familias de la Democracia Cristiana italiana. De un lado, Adolfo Suárez ha justificado la creación del CDS con el argumento de que la actual UCD ha traicionado el espíritu de la UCD primigenia. De otro, las maniobras, todavía inexplicadas, emprendidas a finales de agosto y comienzos de septiembre por destacados barones centristas para forzar el pacto de UCD con Manuel Fraga restan credibilidad a los apoyos brindados a Landelino Lavilla por buena parte de sus correligionarios. No resulta fácil distribuir los méritos, fracasos, continuidades y rupturas entre esas dos ramas desgajadas del centrismo original que son la UCD de Landelino Lavilla y el CDS de Adolfo Suárez. Su inequívoca defensa de la Constitución y de los derechos y libertades ciudadanos distingue claramente a UCD de Alianza Popular, pero no la separa del CDS. Hasta el tradicional homenaje al humanismo cristiano cede su lugar, en el programa electoral de Lavilla, a la fórmula recién importada del personalismo. Y, a semejanza de Adolfo Suárez, el documento insiste en la primacía del poder civil en la dirección de la política y la administración militar, manera de recordar que los gobernantes de la Monarquía parlamentaria son elegidos libremente por los ciudadanos en las urnas, mientras que los funcionarios públicos -civiles o militares- son servidores y no dueños de un Estado regido por los representantes de la soberanía popular.

El programa de UCD promete regular el derecho de petición, perfeccionar las libertades de reunión y asociación, reglamentar la iniciativa popular, restablecer el jurado y legislar el procedimiento de habeas corpus y la asistencia letrada al detenido. La circunstancia de que UCD haya permanecido en el Gobierno durante más de cinco años mueve a preguntarse por las razones que impidieron a los centristas promover esos derechos y garantías mientras ocupaban el poder. Un reproche parecido puede dirigirse contra "el propósito fundamental" de UCD, expuesto en su programa electoral, de procurar "el acercamiento efectivo del ciudadano a las decisiones políticas", para que cada español se sienta "participante activo en todos los procesos democráticos de tomas de decisión".

Siguiendo la inquietante moda de todos los programas electorales, UCD sugiere una protección penal contra "los abusos" que pudieran cometerse en el ejercicio del derecho de información. El documento promete también que será aplicada la ley de privatización de la cadena del Movimiento y que la pluralidad informativa quedará garantizada mediante la ayuda estatal a la Prensa. El programa nada dice, sin embargo, sobre el monopolio gubernamental que hasta ahora ha controlado esa Prensa. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional, la autorización de canales privados de televisión, defendida en el programa centrista, deberá ser regulada por el Parlamento. El documento de UCD promete "la culminación del Estatuto de Radiodifusión y Televisión", pero el historial del centrismo en este terreno no es ningún aliciente de esperanza.

La intención de reformar la Administración de justicia, el Código Penal, el Código de Justicia Militar y las leyes de enjuiciamiento civil y criminal ofrecen otra vez el reparo de ser presentadas como promesas de futuro y no como balance de una tarea de gobierno. El propósito centrista de modificar la ley electoral parece la respuesta de quienes, tras contemplar con asombro e incredulidad cómo se vuelve en contra suya el artilugio inventado para asegurar su predominio como partido hegemónico, desearían convertirse ahora en los caballeros andantes de los partidos subalternos.

El tratamiento en el programa de las cuestiones educativas no está exento de contradicciones. Los centristas señalan, con toda razón, que "nuestro país no puede permitirse el lujo de prescindir de la aportación del sector privado de la enseñanza". Pero el problema no radica en ese punto, sino en la financiación de la política educativa y en la manera de distribuir los fondos presupuestarios entre las áreas estatal y religiosa. En efecto, el programa, al resaltar que la completa sustitución de los colegios privados por las escuelas públicas "resultaría inviable en términos económicos", además de inconstitucional, no sólo afirma una gran verdad, sino que también abre una brecha en las pretensiones de quienes sostienen que los colegios privados deberían ser financiados con cargo a los presupuestos, en pie de igualdad con el sector público. Cuando el documento señala que "España no puede tolerar que siga habiendo núcleos rurales con deficiencias de escolarización" y que es preciso "prestar una especial atención a los centros escolares rurales y suburbanos", no hace sino cargar de razón a quienes defienden que el gasto público debe conceder prioridad al sector estatal y gratuito de la educación. En cuanto a la universidad, el compromiso centrista es el de promulgar una ley de autonomía universitaria, definida por los mismos principios que fueron boicoteados por los diputados de UCD en la anterior legislatura. La fuga de diputados hacia Alianza Popular le habrá permitido quizá mantener el empeño.

El documento, finalmente, traza un panorama casi apocalíptico de la Administración pública, que los sucesivos Gobiernos de UCD no lograron enderezar. En nuestro país "existen servicios del Estado que incumplen, por falta de medios o carencia de adecuada organización, los propósitos para los que fueron creados"; "España no se merece una Seguridad Social que pueda amenazar de quiebra al Estado, que en la visión de los ciudadanos puede parecer presidida por la picaresca y el mal empleo de los recursos"; "España no puede permitirse una Administración farragosa, cara y poco imaginativa". El diagnóstico es clarividente, pero UCD no puede eludir sus responsabilidades al respecto. Es la gestión pasada de UCD, y no las promesas y proyectos del programa -gran parte de ellos elogiables-, lo que contribuirá a decidir el voto de los electores. Y este es el mayor fallo que se puede atribuir a un documento lleno de buenas intenciones pero plagado de debilidades históricas. En honor a la verdad hay que añadir que el Estado que UCD heredó del franquismo carecía de estructura y de armazón interna. Suponer que nadie en la transición iba a poder arreglarlo todo de una vez hubiera sido una utopía. UCD ha podido gobernar la transformación política de este país. El deterioro que ello le ha deparado -y su probable derrota electoral- es quizás un precio inevitable a pagar por ello.