UCD recurrirá contra la elección de Lerma como presidente de la Generalidad valenciana

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Fernando Abril aseguró que había consultado pr6iamente con el ministro de Administración Territorial, Luis Cosculluela, la oposición de UCD a la decisión de la Asamblea provisional, y que aquél "tiene dudas razonables" sobre la legalidad de la elección. Pese a sus divergencias con Calvo Sotelo, Abril se mostró también confiado en el apoyo que alcanzará del Gobierno de la nación en pleno para impugnar la voluntad de la Asamblea valenciana. "Creo que el Gobierno se asesorará antes de llevar a firmar al Rey un papel ilegal", dijo el presidente regional de UCD.

En este marco de la vía legal, UCD de Valencia presionará para que el Gobierno, antes de la sanción real, eleve una consulta al Consejo de Estado sobre la legalidad del procedimiento seguido para elegir a Lerma. El dictamen del Consejo no será vinculante ni obligará a modificar el acuerdo de la Asamblea, pero se podrá esgrimir, en el caso de ser favorable a las tesis centristas, para descalificar la actuación del PSOE y exigir una nueva elección. Por otra parte, tampoco se descarta que el Gobierno plantee un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Las vías políticas para impedir la entrada efectiva de un socialista en la presidencia de la Generalidad y del Gobierno regional serán, por el contrario, más bien de tipo indirecto, haciendo uso de los medios informativos y de la opinión ciudadana para desautorizar a los socialistas, pues el anuncio de éstos en la sesión de investidura de una nueva etapa autonómica sin consenso con la derecha hace inviable cualquier negociación sobre la elección de Lerma. Por ello, la posibilidad de abrir conversaciones con el PSOE sólo cabría en función del ofrecimiento de gobierno de concentración, efectuado por Lerma a todas las fuerzas parlamentarias.

UCD mantiene que el PSOE ha roto un pacto político que se concretó en el decreto de remodelación del Consejo preautonómico valenciano, del 12 de agosto de 1981, es decir, hace precisamente un año, por el que a cambio de la vuelta de los socialistas al Gobierno regional, los centristas dotaban de más carteras a la izquierda, aceptaban la presidencia de un socialista en la Asamblea valenciana y mantenían a un hombre de UCD en la presidencia del Gobierno regional, por ser el grupo con mayor número de consejeros. Este pacto, según explicó ayer ampliamente Fernando Abril a los periodistas en el transcurso de un almuerzo, suponía que el presidente del Consejo se elegiría de entre y por sus miembros, y no, como ha sucedido, en virtud de la interpretación que el PSOE hace del Estatuto, por los diputados de la Asamblea provisional.

Frente a las justificaciones de UCD, en la sede de los socialistas, que también ofrecieron ayer una conferencia de Prensa para responder a los centristas, se detectaba un ambiente de tranquilidad, por estimar que en el plazo máximo de un mes quedará demostrada la inutilidad de los procedimientos legales y políticos que esgrime UCD para impedir la presidencia efectiva de su secretario general Joan Lerma. El PSOE reconoce entre tanto como presidente en funciones del Consejo valenciano a Enrique Monsonís, y sus consejeros asistirán a cualquier pleno que durante este período Monsonís convoque sobre temas de trámite. Al parecer, el Consejo podría celebrar una sesión la semana próxima, ya que ayer Monsonís consultó a los consejeros para elaborar el orden del día de una sesión todavía sin fecha.

No habrá dos presidentes, asegura el PSOE

El PSOE niega que se pueda producir la eventualidad de dos presidentes del Gobierno regional, en el supuesto de que publicada la elección de Lerma en el BOE, el centrista Monsonís no acceda a abandonar eI cargo. Las razones para desmentir este presumible bicefalismo fueron expuestas por su portavoz de Prensa, Javier Sanz, en los siguientes términos: "Estoy convencido que no se dará ese supuesto. El señor Monsonís, le guste o no le guste, abandonará la presidencia del Consell cuando el nombramiento aparezca en el Boletín Oficial del Estado.

Los socialistas no tienen inconveniente en esperar los resultados de las gestiones de los centristas para impugnar una elección, que el PSOE considera plenamente ajustada a la vigente legalidad del Estatuto de Autonomía, pero exponen serias dudas a que el Gobierno apoye las pretensiones de Fernando Abril, concurriendo ante el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional para desautorizar o considerar nula una decisión democrática de la Asamblea valenciana. Por otro lado desmienten rotundamente la existencia de pactos para la actual etapa provisional.

El PSOE mantiene su oferta de formar un Gobierno de institucionalización con todos los partidos valencianos con representación parlamentaria. De acuerdo a la disposición transitoria tercera, este, Gobierno estaría formado por seis carteras de UCD; cinco del PSOE además de la presidencia del Gobierno y una del PCE.

El diputado por Castellón Antonio Sotillo manifestó a este respecto que, si bien la composición numérica estaba ya determinada, no sucedía lo mismo con la distribución de competencias. No descartó que en el supuesto de que UCD, tal como ha anunciado, permanezca en la institución sin querer participar en las tareas de gobierno, sean nombrados sus consejeros sin competencias, y redistribuidas éstas entre los otros seis componentes del Gobierno regional.