Casi la mitad de la plantilla de pantalones 'Lois' se encuentra en huelga desde hace ocho semanas

La huelga de una parte de la plantilla de la factoría de Sáez Merino, enclavada en Cheste, ha entrado en su octava semana en medio de un clima de tensión en el que no han faltado momentos de enfrentamiento entre dos sectores de los trabajadores y forcejeos de los huelguistas con la Guardia Civil.

Una parte minoritaria (130 empleados según la dirección, 160 según el comité de empresa) mantiene desde el 30 de marzo una huelga ininterrumpida con objeto de "oponerse a la política de despidos discriminatorios seguida por la patronal". Frente a esta porción de la plantilla que secunda las dir...

La huelga de una parte de la plantilla de la factoría de Sáez Merino, enclavada en Cheste, ha entrado en su octava semana en medio de un clima de tensión en el que no han faltado momentos de enfrentamiento entre dos sectores de los trabajadores y forcejeos de los huelguistas con la Guardia Civil.

Una parte minoritaria (130 empleados según la dirección, 160 según el comité de empresa) mantiene desde el 30 de marzo una huelga ininterrumpida con objeto de "oponerse a la política de despidos discriminatorios seguida por la patronal". Frente a esta porción de la plantilla que secunda las directrices de la mayoría del comité de empresa en el que son predominantes CC OO y CAT (Colectivo Autogestionario de Trabajadores escindido de USO), unos doscientos trabajadores de producción y administración de la misma factoría entran todos los días a trabajar bajo la mirada de sus compañeros en huelga y custodiados por varios vehículos de la Guardia Civil apostados en las inmediaciones de las instalaciones fabriles. Los orígenes del conflicto se remontan al 28 de febrero, momento en que la empresa procedió a despedir a doce trabajadores al mismo tiempo que imponía hasta 45 sanciones en pocos días. Todos estas medidas se justificaron con razones estrictamente disciplinarias "relativas a la disminución del rendimiento laboral" por parte de los afectados. El comité de empresa convocó en aquella ocasión una huelga legal que fue secundada por la mayoría de la plantilla, argumentando que los despidos y sanciones se habían cebado en las personas destacadas por sus actividades sindicales, muchas de las cuales habían figurado en las listas electorales de las centrales de izquierda en los recientes comicios sindicales.

Tras dos semanas de huelga, los representantes de la empresa y de los trabajadores se avinieron a firmar una solución negociada que comportaba, previa indemnización, el mantenimiento de los despidos dictados, la reducción de las sanciones y el reconocimiento parcial de los cambios en los métodos de trabajo introducidos por la empresa. Una semana después de reanudarse el trabajo la normalidad volvió a quedar interrumpida al producirse cuatro nuevos despidos que afectaron a dos miembros de CC OO y a dos del CAT.

Esta medida fue fundamentada, una vez más, en razones de descenso del rendimiento por parte de los sancionados. Los miembros del comité de empresa las valoraron, por el contrario, como "una tentativa de implantar a cualquier precio las nuevas normas de control de calidad".

A partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron convocándose una huelga que acabaría convirtiéndose en indefinida y que se arrastra siete semanas.

Esta segunda convocatoria fue secundada por un número menor de trabajadores, mientras la mayor parte de la plantilla se mantuvo en el normal desarrollo de sus actividades laborales.

Las concentraciones realizadas por los huelguistas en las inmediaciones de la factoría de Cheste vinieron acompañadas de frecuentes enfrentamientos entre éstos y sus compañeros que desoyeron la convocatoria. La intervención de la Guardia Civil, que se apostó a la entrada de la factoría con gran despliegue de efectivos, acabó de exasperar los ánimos de unos y otros y los episodios de agresiones por ambas partes llegaron a convertirse en práctica usual, hasta el punto de haber querellas judiciales. Mientras el comité de empresa considera lesionado su derecho a controlar desde dentro de la factoría la ausencia de presiones para ocupar los puestos de trabajo de los huelguistas, la dirección de personal de Sáez Merino justifica el recurso a la fuerza pública como medio de asegurar, el derecho a trabajar de quienes no se han sumado a la huelga".

Todos los intentos de negociación que la dirección de Sáez Merino y el comité de empresa aseguran haber emprendido hasta el momento, se han saldado con un rotundo fracaso y a los 51 días de huelga las posturas permanecen completamente enfrentadas.

Los huelguistas han recurrido a la movilización ciudadana, fruto de la cual ha sido una concentración realizada en Cheste, así como una interpelación parlamentaria del grupo comunista sobre las libertades sindicales en la firma Sáez Merino y la solicitud de dimisión del gobernador civil respaldada por la dirección de CC OO.

Para José Miguel Martínez, jefe de personal del grupo Sáez Merino, "los verdaderos motivos del conflicto son extralaborales, y el mayor obstáculo para el entendimiento proviene ya de la dificultad de restablecer la convivencia en la plantilla tras la huelga".

Por su parte, Ramón Bermell, presidente del comité de empresa, atribuye la responsabilidad de la situación a "la línea que viene desarrollando la dirección y que tiende a la eliminación de los sindicatos de clase".