Las tarifas de asistencia sanitaria suben entre un 15% y un 25%

Tres organismos de la Administración iniciaron ayer el estudio conjunto de la respuesta a la petición de subida de tarifas de asistencia sanitaria, presentada por las aseguradoras en octubre pasado y que puede ser resuelta en las próximas semanas. Buena parte de las compañías, sin embargo, no han esperado: unas al comienzo de año y otras durante el pasado mes han subido el precio de sus servicios entre el 15% y el 25%. Sus ingresos (cerca de 40.000 millones de pesetas, procedentes de siete u ocho millones de personas) aumentaron en 1981, por término medio, el 38%.

Las compañías de asist...

Tres organismos de la Administración iniciaron ayer el estudio conjunto de la respuesta a la petición de subida de tarifas de asistencia sanitaria, presentada por las aseguradoras en octubre pasado y que puede ser resuelta en las próximas semanas. Buena parte de las compañías, sin embargo, no han esperado: unas al comienzo de año y otras durante el pasado mes han subido el precio de sus servicios entre el 15% y el 25%. Sus ingresos (cerca de 40.000 millones de pesetas, procedentes de siete u ocho millones de personas) aumentaron en 1981, por término medio, el 38%.

Las compañías de asistencia sanitaria se acogieron a la ambigua redacción del decreto sobre precios de 1978 por entender que no necesitan autorización administrativa central, por aparecer sólo incluidas en la disposición las sociedades médicas. Antes y después, sus tarifas subieron por encima del indicador oficial de inflación. Algunas juntas provinciales de precios les han autorizado los aumentos (a empresas de ámbito provincial exclusivo), pero otras se remitieron a la Junta Superior, dependiente del Ministerio de Economía.Por ello, las aseguradoras sanitarias decidieron en octubre último presentar un expediente conjunto a través de la patronal del sector, UNESPA. Su vocal, Manuel Guerrero de Castro, presidente de Unión Catalana, ha explicado que lo hicieron más por conseguir un pronunciamiento sobre las competencias que por el aumento final. La Dirección General de Planificación Sanitaria, del Ministerio de Sanidad y Consumo, aceptó rápidamente el incremento, aunque pasó el expediente a la Dirección General de Seguros, del Ministerio de Hacienda, que lo envió informado a la Junta Superíor de Precios.

Según Guerrero, la Junta debe declararse incompetente. No lo ha hecho, según noticias oficiosas. Al aceptar en parte los planteamientos del sector, ha entendido que Sanidad debe pronunciarse sobre la parte de la príma o precio que corresponde al riesgo contraído, mientras que atribuye a la Dirección General de Seguros competencia en la parte comercial (costes de gestión interna y externa). Para concretar la respuesta, convocó ayer la primera reunión formal a tres bandas.

Medios de la Administración y del sector esperan que el informe de la Junta al Gobierno, preceptivo y no vinculante, se aproxime a admitir un incremento del 15% en los precios de los servicios mínimos, también llamados oblígatorios o básicos: asistencia domiciliaria, especialistas, internamientos quirúrgicos, etcétera. Las compañías pedían en este nivel un 18,6%.

En cuanto a los servicios voluntarios y complementarios, que llevan suplemento en las pólizas (UVIS, oncología, accidentes de tráfico, asistencia a partos, etcétera), la solicitud oscilaba entre el 10% y el 15%, en función de la última revisión. El sector entiende que en ningún caso el nivel voluntario está sujeto a autorización.

La falta de respuesta oficial no ha impedido los aumentos de tarifas entre buena parte de los tres centenares y medio de empresas del ramo (de ellas, casi todas con carácter exclusivo), tanto provinciales como interprovinciales. Excepto las once primeras (véase cuadro adjunto), ingresan al año menos de diez millones de pesetas, siendo casi todas locales y en muchos casos propiedad de médicos que trabajan para la Seguridad Social. No obstante, algunas tratan de seguir el ejemplo de ADESLAS, entidad que agrupa a una veintena de empresas pequeñas, que pueden acceder así a colectivos interprovinciales, como los funcionarios.

La mayor compañía del ramo, Sanitas, propiedad también de médicos, al menos en un 70% empleados en la Seguridad Social, procedió a elevar las primas el pasado mes de abril, cuando tenía 623.003 asegurados inscritos en 243.692 pólizas (la principal corresponde a la Mutualidad de Funcionarios Civiles). Su director, Eliseo Pestaña Núñez, hijo de Ángel Pestaña, señaló ayer que la medida era imprescindible para compensar el crecimiento de los costes, pues desde principio de año hay aumento de salarios, el impuesto de tráfico de empresas ha subido del 3% al 4% y el precio de los sanatorios subió el año pasado del 25% ál 38%.

Para Elíseo Pestaña, es necesaria la libertad de precios y pólizas propugnada por el propecto de Ley del Seguro, debido a que actualmente los mínimos obligatorios incluyen servicios y costes que no tienen por que pagar otros asegurados. De otra parte, el elevado número de disposiciones vigentes fijan determinados precios irreales que han tenido que ser revisados por acuerdos entre las entidades y el Consejero General de Colegios Médicos.

Ramo en expansión

El ramo de asistencia sanitaria tuvo en 1981 uno de sus mejores años en ingresos, a juzgar por los datos enviados por las empresas a su patronal. Su crecimiento (38%, de acuerdo con una muestra entre las quince primeras empresas, que representan el 46% del sector) sólo fue superado por las modalidades de multirriesgo. Durante el ejercicio superó en importancia al ramo de vida y se situó en el segundo puesto dentro del sector, después del voluntario de automóviles.

En opinión de Manuel Guerrero, cuanto más cara es la medicina privada y peor está la Seguridad Social mejoran las posibilidades de la asistencia sanitaria privada. Tres son sus explicaciones del aumento: incrementro de precios (en torno al 16%), mayor colectivo de funcionarios civiles que prefieren los servicios privados a los públicos (cerca de un millón de personas, es decir, más del 90% del total asegurado), e incremento importante de las alzas, después de varios años de tendencia a la baja.

Sindicatos y oposición, con motivo de las recientes negociaciones sobre el futuro de la Seguridad Social, acusaron a la Administración y empresarios de intentar degradar el sistema asistencial para sustituirlo por el sector privado. También pusieron de relieve que los privados se aprovechan de las fuertes inversiones de la sanidad pública, porque luego pagan precios inferiores a los de mercado por camas y servicios de la Seguridad Social. Eliseo Pestaña responde que el recurso al sistema público es mínimo y mas caro.