La asamblea extraordinaria del PNV

AL IGUAL que sucedió tras el asesinato de José María Ryan, la muerte de Angel Pascual Múgica, el segundo ingeniero de Lemóniz abatido por ETA Militar, ha suscitado un poderoso movimiento de rechazo, dentro de Euskadi, contra los que pretenden imponer la ley de la sangre, la intimidación, y el silencio en el País Vasco. La Asamblea Nacional del PNV, reunida en el día de ayer en sesión extraordinaria, ha respaldado las declaraciones de condena del Gobierno de Vitoria contra quienes, sin más título que la arrogancia doctrinaria y más argumento que los explosivos y las metralletas, pretenden rompe...

AL IGUAL que sucedió tras el asesinato de José María Ryan, la muerte de Angel Pascual Múgica, el segundo ingeniero de Lemóniz abatido por ETA Militar, ha suscitado un poderoso movimiento de rechazo, dentro de Euskadi, contra los que pretenden imponer la ley de la sangre, la intimidación, y el silencio en el País Vasco. La Asamblea Nacional del PNV, reunida en el día de ayer en sesión extraordinaria, ha respaldado las declaraciones de condena del Gobierno de Vitoria contra quienes, sin más título que la arrogancia doctrinaria y más argumento que los explosivos y las metralletas, pretenden romper las urnas, secuestrar mediante el terror la representación del pueblo vasco y dictar sus enloquecidos designios no sólo a Euskadi sino también al resto de los españoles.Asesinatos como el de Angel Pascual ponen al descubierto que toda persona que no se alinee al lado de los terroristas puede pagar con su vida la discrepancia. Quien no está con ETA está contra ETA y corre peligro de muerte. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad han sido perseguidos con especial saña por estos asesinos pero ninguna otra categoría del cuerpo social -tampoco los periodistas, como mostraron dramáticamente los atentados contra Portell y Uranga- se halla a salvo de sus amenazas. El crimen del pasado miércoles, con su carácter de reto explícito al Gobierno de Vitoria y al PNV, cubre ya hasta el último rincón de la superficie de la convivencia democrática en el País Vasco.

La marea de las ideas y de los sentimientos respecto a la violencia comenzó a cambiar de signo en Euskadi desde que las soluciones políticas abrieron un horizonte de esperanza al pueblo vasco y mostraron la capacidad de las vías pacíficas y democráticas, cristalizadas en el régimen constitucional y los estatutos de autonomía, para hacer compatible la satisfacción de antiguas reivindicaciones, enconadas por la oleada represiva desencadenada durante los dos últimos lustros del franquismo sobre Guipúzcoa y Vizcaya, y el mantenimiento de la unidad española. La aprobación por las Cortes Generales del Estatuto de Guernica, refrendado en las urnas el 25 de octubre de 1979, fue la expresión jurídica de un auténtico pacto histórico y figura, junto a la Constitución, como uno de los grandes logros de la transición. La única crítica que cabría formular a los artífices de esa política autonómica es que tardaran demasiado tiempo en ponerla en práctica, ya que no es insensato aventurar que la pesadilla de ETA tal vez hoy no existiera si los ritmos de creación de las instituciones de autogobierno en el País Vasco hubieran sido más rápidos. En cualquier caso, sólo la mala fe o la torpeza pueden negar que ese marco político, que concede legitimidad y poder a las autoridades elegidas por los propios vascos, es una condición necesaria para terminar con los crímenes terroristas y para privar de apoyo a quienes los perpetran. El partido del Gobierno y el PSOE, a quienes correspondió un destacado papel en la devolución de la autonomía a Euskadi, no deberían olvidar este hecho decisivo a la hora de negociar con las minorías el proyecto de la LOAPA. Porque en el supuesto de que la nueva norma pretendiera modificar unilateralmente las competencias del Estatuto de Guernica, para cuya reforma serían legalmente necesarias la intervención del Parlamento vasco y una consulta popular de ratificación, habría que recordar a los dos partidos mayoritarios en las Cortes Generales que ese texto autonómico no es una simple ley parlamentaria e incluso sobrepasa el rango de las leyes orgánicas por la exigencia de referendum para su aprobación o modificación.

En cualquier caso, han sido las soluciones políticas las que han disipado las ambigüedades del nacionalismo vasco moderado y democrático respecto al papel histórico desempeñado por la violencia en Euskadi a lo largo de los últimos quince años. Porque esas ambigüedades no eran consecuencia de una doble moral o de una hipocresía táctica, sino el reflejo de las encrucijadas y las complejidades de la sociedad vasca y de su historia más reciente. Si hace algunos años dirigentes o afiliados del PNV podían decir que sus discrepancias con el nacionalismo violento versaban sobre los medios pero no sobre los fines, las recientes resoluciones de los órganos del nacionalismo moderado no dejan espacio a equívocos y privan de representatividad a los casos aislados donde esa ambigüedad todavía pueda manifestarse esporádicamente. El comunicado de la Asamblea Extraordinaria no ha hecho sino ratificar una línea sostenida con firmeza por el PNV en los últimos años al recordar a sus militantes que serán expulsados de la organización si pagan los mafiosos impuestos revolucionarios. No en vano la infernal diálectica del terrorismo, por un lado, y la construcción del marco autonómico, por otro, han enseñado, una vez más, que los fines no existen como una entidad abstracta, sino que se van construyendo o descomponiendo en función de los medios aplicados a su consecución. La democracia es un medio que permite alcanzar metas, aunque no sean todas las imaginadas o deseadas por grupos con demandas contrapuestas, pero la violencia está irremisiblemente condenada a perder su condición de instrumento al servicio de otros objetivos y a transformarse en un fin en sí misma.

Las recientes declaraciones de algunos dirigentes de Herri Batasuna en pro de una negociación para acabar con la violencia pueden ser una mera argucia táctica destinada a relanzar la desprestigiada imagen de ETA Militar. El insensato planteamiento de los términos y de las formas de esa negociación abonarían tal hipótesis. El propio Xavier Arzallus señaló ayer que todos los intentos anteriores fracasaron y que ETA "es una organización con la que no se pude dialogar". No cabe descartar, sin embargo, que las actitudes de esos líderes de Herri Batasuna reflejen parcialmente el cansancio de las bases del populismo nacionalista y el desaliento producido por la falta de correspondencia entre los enloquecidos pronósticos del abertzalismo radical y el curso seguido por nuestra vida pública tras la implantación del sistema constitucional y de las instituciones de autogobierno. En tal caso, las soluciones políticas no harían sino confirmar su capacidad de recuperar para la democracia a sectores sociales conducidos al callejón sin salida de la violencia.

Por muchas que sean las brutalidades cometidas por esas bandas asesinas, los ciudadanos que condenan sin desmayó la barbarie de ETA y se arriesgan a ser víctimas de sus represalias deberán seguir defendiendo la necesidad de no abdicar de los principios de una sociedad civilizada y de no degradar el sistema democrático, basado en los derechos humanos y las libertades, al nivel de quienes pretenden destruirla. El caso Arregui, hace poco más de un año, echó por tierra los enormes progresos realizados por las fuerzas democráticas para persuadir a los vacilantes de la completa miseria política y moral de los terroristas. La muerte de Angel Pascual Múgica no debe ser manipulada como pretexto o atenuante pasional para quebrantar las leyes y las normas procesales de un Estado de derecho, y menos aún, para tratar de justificar métodos de guerra sucia o ajustes de cuentas en el combate contra los terroristas. En este sentido, cabe resaltar la petición de serenidad de la Asamblea del PNV a sus afiliados para que no se dejen arrastrar por "la impaciencia y deseo de acción"

Queda, finalmente, el complejo y delicado tema del futuro de Lemóniz. En la actual situación emocional es compresible la primera reacción de la empresa, técnicos y trabajadores y el distanciamieno generará las posturas racionales de solución. En cualquier caso, las declaraciones del presidente Garaicoetxea y de Xavier Arzallus dan pie para suponer que las instituciones vascas de autogobierno estarán a la altura de las responsabilidades que acaban de asumir con la creación de la sociedad gestora dependiente del Gobierno de Vitoria y que el chantaje de ETA en torno a Lemóniz no producirá como resultado final la capitulación ante los terroristas, que en su plan de actuación están dispuestos a dejar sin energía al propio Esukadi.