El Gobierno piensa autorizar las televisiones privadas con celeridad, según fuentes de UCD

"En lo que queda de año no considero imposible, aunque sí difícil, que pueda entrar en funcionamiento en España alguna televisión privada", declaró ayer el secretario general técnico de Régimen Jurídico de Radiodifusión y Televisión, que calificó como muy positiva la sentencia con la que el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de amparo de la empresa Antena 3. El portavoz de UCD, por su parte, también habló de "celeridad" en ese proceso. Joaquín Tena, responsable directo de las competencias del Gobierno en materia de radiotelevisión, asignadas al Ministerio de la Presidencia, precisó qu...

"En lo que queda de año no considero imposible, aunque sí difícil, que pueda entrar en funcionamiento en España alguna televisión privada", declaró ayer el secretario general técnico de Régimen Jurídico de Radiodifusión y Televisión, que calificó como muy positiva la sentencia con la que el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de amparo de la empresa Antena 3. El portavoz de UCD, por su parte, también habló de "celeridad" en ese proceso. Joaquín Tena, responsable directo de las competencias del Gobierno en materia de radiotelevisión, asignadas al Ministerio de la Presidencia, precisó que el alto tribunal "ha hecho lo que esperábamos, es decir clarificar las cuestiones de fondo que teníamos pendientes".

El Gobierno, que fue informado en la reunión del Consejo de Ministros de ayer por el titular del ministerio de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, de la sentencia del Tribunal Constitucional y los pasos políticos que se deriven de la misma, actuará con la mayor celeridad posible, según este portavoz técnico, "para ejecutar la sentencia", una vez fijada la vía a seguir, que puede ser la de la ley orgánica -si quedase afectado alguno de los aspectos protegidos por el artículo 20 de la Constitución relativos a la libertad de expresión-, por una ley ordinaria e, incluso, por un decreto-ley.Al comentar la intención del representante legal de la empresa Antena 3 de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Gobierno no procede, antes de tres meses, a desarrollar la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 31 de marzo (véase EL PAIS de ayer, día 2 de abril), el secretario técnico de régimen jurídico de Radiotelevisión afirmó que "no va a ser necesario ese recurso porque el Gobierno va a tener una iniciativa rápida en este tema".

La reacción de los partidos políticos ante la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido de satisfacción, aunque con conclusiones distintas sobre sus consecuencias e interpretación. Así, UCD, "al igual que el Gobierno", según un portavoz de la Ejecutiva centrista, "piensa que es necesario desarrollar jurídicamente con la mayor celeridad la sentencia del Tribunal Constitucional", y propone como solución la posibilidad de plantear dos leyes, una orgánica que recogería los principios generales de las televisiones privadas y en la que UCD piensa que sería fácil ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas, y otra ley ordinaria, en la que quedaría contemplada la reglamentación técnica.

Los medios de UCD que se dedican al estudio específico de las soluciones técnicas se inclinan por mantener los canales estatales actualmente vigentes y añadir un canal autonómico, que ya se ha bautizado antes de nacer como "tercer canal". Respecto a la posibilidad de canales privados sólo existiría capacidad técnica para una cadena nacional en VHF, mientras que podrían ser varias las estaciones con alcance regional y local.

La sentencia del Tribunal Constitucional coincide para el PSOE, según ha señalado Pedro Bofill, miembro de la Ejecutiva, en términos generales con los planteamientos que ha mantenido este partido. "En primer lugar, la sentencia confirma la tesis de que es posible el monopolio estatal de servicios esenciales como lo son la radio y la televisión. En segundo lugar reconoce que en la Constitución no hay nada que se oponga a la televisión privada pero para que ésta exista es necesaria una ley orgánica, porque afecta a los derechos fundamentales de las personas".

El dirigente del PSOE explica, en tercer lugar, que es perfectamente compatible la libertad de expresión con la existencia del monopolio estatal ya que esta libertad se asegura por el pluralismo y la participación, condiciones que pueden darse, como está demostrado en otros países occidentales, en un medio de titularidad estatal. El mero hecho de que existan varios titulares no asegura la libertad y la participación. En cuarto lugar, el PSOE asegura que la existencia o no de la televisión privada es un acto de voluntad política, tanto del Gobierno como de cualquier grupo parlamentario. Corresponde, por tanto, al Parlamento la concesión de televisiones privadas.

Según explicaciones de Pedro Bofill, el PSOE no es partidario, en la actual coyuntura, de canales privados de televisión. "El partido no se opone dogmáticamente a la existencia de las televisiones privadas, pero por prudencia política cree que en estos momentos debe existir un monopolio, tal y como sucede en la mayor parte de los países de Europa". El miembro de la Ejecutiva del PSOE estima, no obstante, que la actual televisión pública debe dejar de ser un instrumento de manipulación política y de las conciencias de los ciudadanos "como da la impresión de serlo con Robles Piquer". "Cuando exista esa televisión pública respetuosa con los principios del Estatuto y que dé participación a todos los políticos y grupos sociales, entonces el PSOE podrá plantearse la posibilidad de que se monten televisiones privadas". "Si no cumplen ni siquiera los principios y criterios de la televisión pública, ¡cómo se atreven a hablar de la televisión privada!".

"Estoy de acuerdo al 100% con los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional", manifestó, por su parte, Antonio Kindelán, asesor del grupo parlamentario comunista en materias de radiotelevisión y vocal del Consejo de Administración de RTVE. "Creo que la sentencia es exquisita y confirma, sin acentos ni matices, las tesis que hemos mantenido siempre comunistas y socialistas, e incluso otros grupos. La sentencia, en síntesis, desestima el recurso de amparo de Antena 3 porque la existencia de televisiones privadas no está impuesta ni impedida por la Constitución. Depende de la voluntad del legislador. Nosotros añadimos que la voluntad de legislador ya se ha expresado en el Estatuto de Radiotelevisión donde se configura como un servicio público y monopolio estatal cuya gestión se encomienda al Ente Público RTVE, no siendo posibles, por tanto, las televisiones privadas. La existencia de televisiones privadas pasaría, entonces, por una reforma de aquella Ley."

Por último, un portavoz de Alianza Popular, Gabriel Elorriga, piensa que la sentencia es correcta y que interpreta el sentir de su partido. "Alianza Popular es partidaria de la televisión privada sin más calificativos, como es partidaria de la iniciativa privada, pero es consciente de la necesidad de reglamentar las concesiones. Nos gustaría que esta regulación fuera rápida", concluyó el portavoz de AP.