La CEE no acepta la libre circulación de mano de obra portuguesa y española
La Comunidad Económica Europea (CEE) no aceptará en su seno el principio de la libre circulación de la mano de obra portuguesa y española inmediatamente después de la integración de Portugal y España en el Mercado Común, según aseguró ayer en Lisboa el comisario de la CEE para los Asuntos Sociales y el Empleo, Ivor Richard.Ivor Richard recordó que existen actualmente cerca de 11 millones de parados en los países de la CEE y que los diez países integrantes, en las circunstancias presentes y dada la magnitud del problema, no pueden admitir que sean levantados los obstáculos que actualmente rigen...
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La Comunidad Económica Europea (CEE) no aceptará en su seno el principio de la libre circulación de la mano de obra portuguesa y española inmediatamente después de la integración de Portugal y España en el Mercado Común, según aseguró ayer en Lisboa el comisario de la CEE para los Asuntos Sociales y el Empleo, Ivor Richard.Ivor Richard recordó que existen actualmente cerca de 11 millones de parados en los países de la CEE y que los diez países integrantes, en las circunstancias presentes y dada la magnitud del problema, no pueden admitir que sean levantados los obstáculos que actualmente rigen con respecto a la llegada de nuevos emigrantes provenientes de los futuros miembros de la Comunidad.
El comisario de la CEE para Asuntos Sociales y Empleo considera que el período de transición que, previsiblemente, será impuesto en esta materia a España y Portugal después de su adhesión a la Comunidad no va en contra del espíritu del Tratado de Roma.
Ivor Richard recordó que los seis países fundadores del euromercado tardaron diez años en llegar a la plena vigencia de la libertad de circulación de la mano de obra.
Medidas contra el paro
La Comisión de Asuntos Sociales de la Comunidad Económica Europea está estudiando un conjunto de medidas tendente a reducir el paro que serán propuestas a los países miembros de la Comunidad.
Las medidas incluyen el refuerzo de la lucha antinflacionista, la utilización de los fondos públicos y del Fondo Social Comunitario (que deberá ser reorganizado) para la creación de nuevos empleos, la anticipación de la edad de jubilación y la obligatoriedad de dos años de formación adicional para los jóvenes, después de la escolaridad obligatoria, con objeto de evitar su entrada en el mercado de trabajo antes de los 18 años.