Despidos en la Caja Rural de Santander

Un subdirector general de la Caja Rural de Santander fue despedido en la mañana de ayer junto a otro empleado de la entidad. Valentín San Hemeterio fue uno de los subdirectores que se negó a firmar el balance de la Caja Rural del pasado año. A estas sanciones se une el expediente abierto a un miembro del comité de empresa, que fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana. Estos despidos se enmarcan, según fuentes de los trabajadores de la Caja Rural, en una política de "amedrentamiento y terrorismo empresarial", tendente a responsabilizar, ante la opinión pública, a los propios traba...

Un subdirector general de la Caja Rural de Santander fue despedido en la mañana de ayer junto a otro empleado de la entidad. Valentín San Hemeterio fue uno de los subdirectores que se negó a firmar el balance de la Caja Rural del pasado año. A estas sanciones se une el expediente abierto a un miembro del comité de empresa, que fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana. Estos despidos se enmarcan, según fuentes de los trabajadores de la Caja Rural, en una política de "amedrentamiento y terrorismo empresarial", tendente a responsabilizar, ante la opinión pública, a los propios trabajadores de la crisis que atraviesa la entidad.

De otro lado, en la mañana de ayer, inspectores del Banco de España requirieron a la totalidad de los integrantes del consejo rector de la Caja Rural la firma del expediente que se les ha abierto por su presunta participación en ciertas irregularidades cometidas en el último año. Entre éstas se encuentra la posible falsificación de cheques con cargo a la cuenta bancaria de la cooperativa Ajo-Bareyo, el fallido de 85 millones en créditos concedidos a una empresa dedicada a la fabricación de gorros de baño y el presunto falseamiento del balance de la entidad.

Esta nueva intervención del Banco de España parece indicar que ya existe conocimiento oficial de las personas que integran la junta rectora de la caja, relación que fue solicitada a la presidencia de aquélla el pasado 15 de enero (véase EL PAÍS, de 23 enero 1892). En relación con esta información, el parlamentario Ciriaco Díaz Porras señaló que le parecía "inconcebible" que el Banco de España desconociese estos datos. En su opinión, en decreto-ley regulador de las cajas rurales, establece taxativamente la obligación del Banco de España de ratificar los nombramientos de consejeros. La ignorancia de los cambios producidos en la dirección de la Caja Rural de Santander, que podría no haber informado de ello, fue considerado poco probable.