Anuncian nuevas irregularidades en la Caja Rural de Santander

La decisión de la Caja Rural de Santander de mantener el despido de uno de sus trabajadores, a pesar de haber reconocido su improcedencia ante la Magistratura de Trabajo, recrudece la polémica en torno a las irregularidades descubiertas en esta entidad de crédito rural, ya que esa postura de la dirección desembocará en la publicación de un segundo boletín de la comisión de seguimiento, formada por los partidos, las centrales sindicales y los sindicatos agrarios de la región, excepto UCD, AP y AlGAS. En ese segundo boletín-expediente se ofrecerán «nuevos documentos reveladores de la inco...

La decisión de la Caja Rural de Santander de mantener el despido de uno de sus trabajadores, a pesar de haber reconocido su improcedencia ante la Magistratura de Trabajo, recrudece la polémica en torno a las irregularidades descubiertas en esta entidad de crédito rural, ya que esa postura de la dirección desembocará en la publicación de un segundo boletín de la comisión de seguimiento, formada por los partidos, las centrales sindicales y los sindicatos agrarios de la región, excepto UCD, AP y AlGAS. En ese segundo boletín-expediente se ofrecerán «nuevos documentos reveladores de la incompetencia temeraria de los actuales directivos de la caja rural y también de las aparatosas conexiones del diputado de UCD de Cantabria Justo de las Cuevas con esas irregularidades», según declaraciones a la Gaceta del Norte de uno de los miembros de la comisión de seguimiento.Algunos socios cooperativistas de la Caja Rural de Santander, entre ellos el presidente de la Federación Provincial de Cooperativas, José Luis Gutiérrez Meneses, eran partidarios de la readmisión de los trabajadores despedidos cuando estalló «el escándalo caja rural», un apoderado y una secretaria de dirección, además de recomendar serenidad respecto a otras acciones que la dirección había iniciado contra algunos miembros del comité de empresa y medios de comunicación. El mantenimiento de uno de los despidos, no sin antes reconocer ante el magistrado de Trabajo su improcedencia, era calificado de «sorprendente y exponente de la peculiar forma en que la dirección de la caja rural conduce los asuntos de ésta» por uno de los socios, asegurando que igual criterio mantenían otros muchos, «porque», dijo, «con este tipo de acciones no cesaremos de aparecer en los periódicos, complicando aún más la extraña situación por la que atravesamos».

El trabajador despedido era apoderado de la caja rural hasta su dimisión, por no querer corresponsabilizarse de ciertas operaciones que consideró irregulares, y de las que, en su momento, hizo partícipe al entonces presidente del consejo, Pedro Rivero, que dimitió poco después. Por la misma fecha, uno de los subdirectores de la entidad se negaba a firmar el balance del ejercicio 1980.